ERC, PNV, JxCAT, CUP, Bildu, BNG y Compromís han registrado hoy en el Congreso una nueva propuesta para la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre las “presuntas ilegalidades cometidas” por miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí que ejerció Juan Carlos I.
Estos partidos, junto a Podemos que presentó su propia petición, ya intentaron en noviembre del año pasado y hace unas semanas que se pusiese en marcha esta comisión de investigación, pero la Mesa rechazó –con los votos de PSOE, PP y Vox tras un informe de los letrados- tal posibilidad con el argumento de que se buscaba indagar en unos hechos que ocurrieron cuando Juan Carlos I ejercía como rey y le amparaba la “inviolabilidad” de sus actuaciones.
Ahora los socios de Pedro Sánchez en la investidura vuelven a la carga ante las últimas informaciones aparecidas en Vozpópuli y otros medios, con el fin de determinar “la existencia de estructuras opacas, con la participación del ex Jefe de Estado, para la adjudicación de contratos comerciales”.
Asimismo, piden indagar en el presunto blanqueo de capitales del exjefe del Estado, así como las “posibles cuentas irregulares de miembros de la Familia Real en paraísos fiscales”, los mecanismos utilizados para ello y el origen de los fondos de las mismas. En último lugar, estos grupos parlamentarios exigen investigar los beneficiarios de” las actividades ilícitas o ilegales” de Juan Carlos I y, especialmente, si entre estos beneficiarios está Felipe VI.
"Negocios ocultos"
Las investigaciones en Suiza apuntan, según el escrito presentado en el registro del Congreso, a que “estas transacciones estarían vinculadas con una actividad comisionista vinculada al contrato de 6.300 millones de euros del AVE a la Meca que fue adjudicado a varias empresas españolas”.
“Estas informaciones no solo señalan los negocios ocultos del antiguo jefe del Estado español, aprovechándose de su cargo, sino que también señalan un posible delito de blanqueo de capitales”, se subraya en el texto.
En opinión de estos partidos, “Felipe de Borbón consta como beneficiario de este dinero de dudoso origen, legalidad y legitimidad” ya que consideran que el monarca era conocedor “de la presencia de su nombre como beneficiario en estos fondos desde hace, al menos, un año”, refiriéndose a la Fundación Lucum.
“Aunque no puede haber una renuncia efectiva antes del fallecimiento del rey emérito es evidente que esta comunicación viene a ser una confesión en toda regla, algo que ensombrece aún más una institución ya puesta en duda”, afirman estos partidos.
El Legislativo tiene, en opinión de éstos, la “obligación” de investigar estos hechos para “depurar las responsabilidades políticas que se puedan derivar, así como para asumir las medidas que se consideren oportunas para fiscalizar la actuación de la Familia Real y personas vinculadas y evitar que se puedan cometer actuaciones ilegales y/o ilícitas aprovechando la situación privilegiada que ocupan”.
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