El Gobierno de Mariano Rajoy mantuvo oculto el patrimonio de los altos cargos de la Administración General del Estado y de algunos miembros del Consejo de Ministros gracias a un vacío legal que él mismo se encargó de sostener.
La última vez que se publicaron declaraciones de bienes y de intereses de los altos cargos fue en septiembre de 2014. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez aprobará este viernes un Real Decreto que dará cobertura legal a la publicación de la información el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Ejecutivo de Rajoy aprobó en 2015 la Ley reguladora del ejercicio de Alto Cargo que sustituía una norma impulsada en 2006 por José Luis Rodríguez Zapatero. La ley del PP no fijaba una fecha concreta del año en la que se debía hacer pública la información y delegaba este extremo en un reglamento posterior que nunca llegó a ver la luz.
A través de la Ley de Transparencia de 2013, el Gobierno de Rajoy amplió el rango de cargos que debían hacer públicas las declaraciones de bienes. Hasta entonces, sólo tenían que hacerlo los ministros y secretarios de Estado. En la entrega de este sábado también estarán incluidos los subsecretarios, directores generales además de los embajadores.
Tras la publicación se podrá comprobar si hay algún enriquecimiento injustificado comparando el patrimonio con el que accedió el alto cargo o el ministro al puesto y el patrimonio con el que dejó su función en la Administración pública. Bienes inmuebles, cuentas corrientes, planes de pensiones y fondos de inversión son los parámetros que quedarán recogidos.
Estarán en el ojo de todas las miradas ministros que no pasaron a ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados tras cesar en su puesto. Entre ellos, quienes ocuparon la cartera de Educación y la de Defensa; José Ignacio Wert y Pedro Morenés, respectivamente. Cuando el primero tomó posesión en 2012 declaró un patrimonio de 851.522 euros. Tras su cese, encontró acomodo como embajador de España ante la OCDE. Y, el segundo, como embajador en Estados Unidos. Ambos perdieron su destino tras la moción de censura.
También se podrá comparar cómo ha variado el patrimonio de Alberto Nadal, Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos hasta el pasado mes de junio. En 2013 declaró poseer activos por valor de 714.266,5 euros; (454.922 euros de bienes inmuebles (según valor catastral); 259.344 euros de "valor total de otros bienes" referidos a "bienes y derechos provenientes de herencia familiar". Y deudas por 105.000 euros).
Quien también acaparará muchas miradas será la declaración de bienes de la ministra de Economía, Nadia Calviño. Antes de incorporarse al gabinete de Sánchez era alto cargo de la Comisión Europea. De Calviño sabemos cuál era su remuneración bruta como alto cargo de la Comisión Europea como directora general de presupuestos. Tenía unos ingresos de 216.480 euros anuales. Ahora cobra 73.650 euros. No se librará tampoco el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, en el ojo del huracán por haber adquirido dos viviendas mediante una sociedad interpuesta.
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