El Gobierno lleva la contraria al Tribunal Supremo y sale en defensa del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha sido imputado este miércoles por un delito de revelación de secretos. El fiscal general, que ya ha dicho que piensa continuar en el cargo, es el primero en la historia en democracia al que se le abre una causa por la filtración de datos reservados de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que la imputación "quedará en nada". Fuentes gubernamentales, además, sostienen que será imposible determinar el origen de las filtraciones de los correos relativos a la negociación entre la Fiscalía y la pareja de Ayuso conducentes a un acuerdo para dar carpetazo a dos delitos fiscal confesos.
Bolaños ha hecho la siguiente disertación, obivando que, al publicar la nota de prensa, la Fiscalía pudo incurrir en el delito por el que ahora se ha abierto causa contra su máximo responsable: "En primer lugar, mi máximo respeto a la decisión judicial. Pero también quiero mostrar mi total respaldo a la labor del fiscal general en este caso y en su actuación al frente de la Fiscalía. Creo que es importante conocer bien los hechos. Hace unos meses, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid reconoció que había cometido dos delitos por no haber pagado a Hacienda. Y pidió a la Fiscalía un acuerdo para no ingresar en prisión. En el curso de esas conversaciones, se produjo desde el entorno de la Comunidad de Madrid una información incierta, donde se vino a decir que la Fiscalía era quien intentaba el acuerdo con el delincuente confeso. En ese contexto, la Fiscalía del Estado difundió una nota donde se desmiente la información falsa y se cuenta la verdad. Esta es la realidad. La Fiscalía cumplió con su deber: perseguir el delito y proteger la democracia. ¿De verdad puede ser delito contar la verdad? El Gobierno quiere respaldar a los fiscales. Y confío en que este asunto quedará en nada".
Las declaraciones de Bolaños constituyen la reacción oficial del Gobierno tras la decisión del Tribunal Supremo, que se ha conocido en plena sesión de control al Gobierno en el Congreso. Pero poco antes, la vicepresidenta primera, María Jesus Montero, ha defendido en los pasillos de la Cámara "la profesionalidad y la honorabilidad" del fiscal general. "Aquí lo importante es que la Fiscalía se defendió solo y exclusivamente de una mentira de la señora Ayuso", ha señalado. El instructor de la causa será el magistrado Ángel Hurtado, que también investigará a Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial de Madrid. Moncloa elude por completo valorar en qué estado queda la Fiscalía tras este golpe inédito. Y se limita a defender la honorabilidad de García Ortiz.
La estrategia del Gobierno pasa por enrocarse y "hacer pedagogía". Por eso, Bolaños ha comenzado su disertación narrando los hechos a su conveniencia. Es previsible que García Ortiz termine inhabilitado para el cargo en un plazo relativamente corto. El Gobierno no tiene intención de forzar su dimisión -o aceptarla-, puesto que su caída por resolución judicial le permitirá alimentar su relato de golpe judicial de la derecha en connivencia con los medios y la oposición.
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