Buena parte de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunieron ayer en Madrid en un pleno convocado para abordar asuntos de trámite urgentes en el que sólo pudo constatarse que los vetos entre los dos sectores de consejeros -diez progresistas y diez conservadores- para designar al presidente o presidenta de la institución siguen vigentes. Las conversaciones entre vocales de uno y otro signo han sido constantes durante el mes de agosto con la intención de que uno de los dos bloques ceda antes de que el próximo 5 de septiembre se celebre la Apertura del Año Judicial, que preside el Rey. Sin embargo, se ha instalado una suerte de desesperanza y resignación entre los vocales del Consejo ante la incapacidad para avalar como presidente de la institución a uno de los siete magistrados que inicialmente fueron elegidos por el nuevo Consejo como aspirantes con opciones. La realidad demuestra que el enconamiento de posturas está imposibilitando cualquier opción.
Fuentes próximas al sector conservador denuncian, en este sentido, la intransigencia que está demostrando el Gobierno, y en particular el ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, empecinado en que el CGPJ y el Tribunal Supremo sea presidido por las magistradas del Alto Tribunal Pilar Teso o Ana Ferrer, consideradas muy próximas al Ejecutivo. Ninguna de las dos ha logrado en las votaciones previas a agosto los doce votos necesarios para ello. Por eso llama la atención en el sector conservador que un magistrado considerado de corte progresista como Pablo Lucas Murillo de la Cueva siga contando con el veto del Gobierno, siendo como es el único de ese sector ideológico que podría concitar el consenso suficiente entre los magistrados avalados por el PP para presidir la institución. “El veto a Pablo Lucas es obvio -sostienen las fuentes consultadas- y es lo que está provocando no sólo un bloqueo, sino un mar de fondo y un creciente malestar en un Consejo que ni siquiera ha empezado a andar”. De momento, las posiciones en el ala derechista del Consejo siguen también inflexibles y nada apunta a que se produzcan grietas que permitan a Ferrer o a Teso tener los votos necesarios.
El sector conservador atribuye a Teso una “fuerte dependencia” del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y su designación sería interpretada como una “presidencia del Supremo interpuesta o camuflada porque el auténtico presidente tras la cortina sería Conde-Pumpido”. Y eso, añaden las fuentes, es una condición ‘sine qua non’ impuesta por el Gobierno para que el TS y el Supremo “caminen en una misma dirección” para blindar buena parte de los 123 nombramientos que deberán reconfigurar las Salas del Alto Tribunal, los Tribunales Superiores de Justicia y las presidencias de las Audiencias Provinciales en los próximos tres años. “El interés del Gobierno no es el consenso, con una elección equilibrada de magistrados -sostienen las fuentes-. Su interés es darle un vuelco completo a la cúpula judicial en España con magistrados afines, ‘favoritos’ y de confianza en todos los ámbitos posibles”.
El caso de Ana Ferrer no es muy diferente. En los últimos tiempos se ha desmarcado de las decisiones y criterios mayoritarios en la Sala de lo Penal, y eso fuentes del Tribunal lo atribuyen a su deseo de “hacer méritos” ante el Ejecutivo socialista tras una etapa de varios años en los que no estaba en el radar de La Moncloa. Incluso, y si no llegara a ser presidenta del CGPJ, es la magistrada preferida por Bolaños para optar a la presidencia de la Sala de lo Penal cuando Manuel Marchena se vea forzado a dejarla el próximo mes de noviembre tras dos mandatos consecutivos. El pasado mes de julio, Ana Ferrer discrepó abiertamente del resto de la Sala de lo Penal al sostener que el presidente de Junts, Carles Puigdemont, sí debería ser amnistiado incluso por el delito de malversación de caudales públicos. Y lo hizo con una argumentación muy similar a la empleada también por la mayoría izquierdista del Tribunal Constitucional respecto a ese delito para avalar el indulto encubierto a algunos de los antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía condenados por los ERE fraudulentos. Ferrer sostuvo que no amnistiar a Puigdemont por el delito de malversación supera “todos los diques de la lógica”.
“¿Qué garantías hay de que un CGPJ presidido por alguien afín y receptivo a las instrucciones de La Moncloa no abra un expediente disciplinario a un juez como Llarena, que se limita a hacer su trabajo?".
Un hecho que en las últimas horas ha causado alarma entre magistrados del Supremo es la denuncia planteada por Puigdemont ante el Consejo General del Poder Judicial contra el magistrado Pablo Llarena, a quien acusa de una supuesta dilación maliciosa en la resolución de sus recursos contra la decisión judicial de no ser amnistiado. Por eso, la fuentes consultadas se preguntan “¿qué garantías hay de que un CGPJ presidido por alguien afín y receptivo a las instrucciones de La Moncloa no abra un expediente disciplinario a un juez como Llarena, que se limita a hacer su trabajo conforme a su criterio de independencia?”.
El nuevo órgano de gobierno de los jueces comenzó su camino el pasado 25 de julio, tras un acuerdo alcanzado ‘in extremis’ entre el PSOE y el PP por la presión de la Comisión Europea tras más de cinco años de un bloqueo inédito en su renovación. En aquella fecha propuso a los magistrados del Tribunal Supremo Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas, y Pilar Teso como candidatos a la presidencia, pero ninguno de ellos ha alcanzado de momento la mayoría de doce votos imprescindibles.
Pablo Lucas, único candidato progresista que sería visto con buenos ojos por el sector conservador del Consejo, acumula ya una dilatada experiencia en el Supremo. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y doctor por la Universidad de Bolonia, y magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo desde 2001. Desde 2013 forma parte de su Sala de Gobierno por elección de sus compañeros, y por designación del Consejo General del Poder Judicial, ejerce el control judicial previo sobre el Centro Nacional de Inteligencia desde 2009.
Es autor de numerosas publicaciones y un experto en cuestiones relacionadas con el derecho a la protección de datos de carácter personal, los aspectos principales del ordenamiento constitucional del Poder Judicial y el régimen jurídico de los partidos políticos y de las elecciones. Y se le atribuye en el Supremo una independencia de criterio frente a las presiones que pudiera recibir de las terminales judiciales próximas al Gobierno. “De ahí, la preferencia de La Moncloa por magistradas con un mayor perfil político -sostienen las fuentes- que a priori puedan mostrarse más dóciles”. Pablo Lucas ha sido también subdirector general de Publicaciones y Documentación del Centro de Estudios Constitucionales y vocal de la Junta Electoral Central. También dirigió el Gabinete de la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial, lo que le concede también una notable experiencia en el funcionamiento y organización del órgano de gobierno de los jueces.