"El Gobierno cuela la reforma que exige Bildu para acortar las penas de prisión a 41 etarras". Así rezaba el titular de 'El Confidencial' que ha caído como un jarro de agua fría en la bancada del PP en el Congreso este lunes. Hasta la publicación de la noticia, nadie en el Grupo Parlamentario Popular había reparado en el error cometido el pasado 18 de septiembre, el día que la Cámara Baja votó, por unanimidad, a favor de modificar la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea. Es decir, los 137 diputados del PP –y los 33 de Vox– avalaron una ley que, a la postre, librará a 41 etarras de cumplir, en suma, 400 años de cárcel, según cálculos de la AVT.
¿Qué ha pasado? "Pues un error generalizado en el que ha incurrido por unanimidad todo el Congreso de los Diputados, no le puedo dar una explicación más profunda", resolvió este lunes el portavoz nacional de los populares, Borja Sémper, imposible de maquillar un gazapo que el PP lleva tratando de enmendar desde primera hora de hora de la mañana. No obstante, reconocen a Vozpópuli fuentes populares en el Senado, encontrar una solución al patinazo "pinta negro". Los servicios jurídicos de Génova y la dirección de los populares en el Senado están "estudiando todas las posibilidades", pero el escepticismo es total.
El hecho de que ningún grupo presentara enmiendas a su tramitación tan sólo permitiría a la mayoría absoluta de senadores del PP dejar negro sobre blanco una mención expresa del rechazo Senado en el BOE una vez publicada la ley. Una alternativa que, hueca de solución, ha llevado a los populares a retirar in extremis del orden del día del pleno de este martes la votación de la modificación legal a la transposición de la directiva europea que beneficiará a los etarras que hayan cumplido ya años de prisión fuera de España. Algo que da a los populares milímetros de maniobra. No más. Ya que sólo el Gobierno puede retirar la reforma, algo que ya ha pedido el principal partido de la oposición.
Feijóo, mientras, confirman fuentes de Génova, llamó esta "misma mañana" a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, para "disculparse personalmente por lo ocurrido y compartir el rechazo a cualquier triquiñuela parlamentaria que implique abaratar las condenas a terroristas". Un remedio que no termina de suturar el malestar surgido en el seno del partido. "Ha habido mucha dejadez", zanja un diputado en conversación con este periódico. "Es bochornoso", se lamenta un segundo miembro de la bancada.
El "enfado" de Tellado
Son varias las voces consultadas que subrayan, además, el malestar expresado por Miguel Tellado, portavoz popular en el Congreso y, por tanto, responsable último de la acción desplegada por el PP en la Cámara Baja. "Tellado está muy enfadado", atajan tres fuentes populares, variando únicamente la frase con sinónimos de ese "cabreo". Una vez conocida la noticia, el portavoz se habría puesto en contacto con la dirección del grupo para explorar las posibles soluciones. Conforme corría el lunes, sin embargo, los populares asistían a cómo se disipaban sus esperanzas.
El iter criminis recorrido por Génova este lunes desemboca en la Comisión de Justicia del Congreso. Fue allí donde dos enmiendas de Sumar materializaron una reivindicación histórica de Bildu "mucho más importante que los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana", se lamentan en el PP. La formación de Yolanda Díaz introdujo dos cambios en el artículo 14.1 de la norma y la derogación de la disposición adicional única propuesta en 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy para evitar, precisamente, que los miembros de la banda terrorista ETA se beneficiasen de una directiva marco de la UE de 2010.
Pero ni PP ni Vox repararon en la "artimaña" –según se refirió Sémper este lunes– perpetrada por Sumar en beneficio de Bildu. La modificación se introdujo en el debate de la ponencia y quedó aprobada el 10 de septiembre, prácticamente, por aclamación. 34 votos a favor y tres abstenciones –de Vox, si bien bajo el pretexto de no poder aprobar nada de un Gobierno presidido por un "autócrata"– fue el resultado. José Manuel Velasco, diputado por Toledo y teniente de alcalde del municipio, fue quien tomó la palabra en el Congreso durante la tramitación de la ley. Además, como ponentes también figuraban los diputados Rafael Belmonte, sevillano, y Ana Vázquez, orensana.
"Esto hace que el proceso legislativo no sea transparente, no sea claro, no sea limpio, que todo esté sujeto a artimañas, a subterfugios, a te cuelo por aquí una enmienda en esta ley que no tiene nada que ver", se lamentó Sémper este lunes durante su rueda de prensa en Génova. Los ruidos de sables, en la trastienda, mientras, eran mayores. "Nadie se explica que nadie se haya dado cuenta de esto. Hay que asumir responsabilidades", se lamenta un diputado.