El Parlamento Europeo ha aprobado una iniciativa que prevé la congelación de fondos comunitarios a países de la Unión Europea (UE) donde el Estado de derecho se vea amenazado o no se combata el fraude fiscal y la corrupción.
El paso que ha dado Estrasburgo esta semana es una manera de proteger a la Unión del avance de fuerzas populistas a extrema izquierda y derecha, que cuestionan abiertamente algunos pilares de lo que Europa entiende como principios irrenunciables.
Al proyecto, que sería finalmente un reglamento de obligado cumplimiento para los 27, le queda un largo recorrido hasta ver la luz. Pero puede ser un instrumento muy útil de cara al futuro, porque evita la regla de unanimidad del Consejo que suele frenar sanciones de este tipo.
Ponente del PSOE
La eurodiputada del PSOE Eider Gardiazábal ha sido una de las ponentes del informe, que han respaldado Populares y Liberales. En su opinión, se trata de un instrumento ágil frente a otros mecanismos lentos e ineficaces.
"Es una garantía de respeto al estado de Derecho y el estado democrático", dice Gardiazábal en una entrevista con Vozpópuli.
La diputado socialista explica que no se trata de un reglamento ad hoc para países como Hungría y Polonia, que en los últimos tiempos han generado polémica con las políticas de algunos de sus mandatarios. Su radio de acción, señala, es más amplio.
La propuesta se aplica vía presupuestos de la Unión. La Comisión y un grupo independiente de expertos harán informes de evaluación sobre aspectos que puedan afectar a valores fundamentales de Europa: separación de poderes, igualdad, solidaridad, democracia, competencia fiscal o fraude.
Si se estima que hay infracción, eleva un informe al Consejo que sólo se puede rechazar por mayoría cualificada. Si se acepta, se impondrá una sanción que será proporcional. La multa será la congelación de fondos y partidas económicas destinadas al Estado en cuestión.
Salvaguarda para financiar proyectos
Según Gardiazábal, se incluye una salvaguarda para que determinados proyectos de investigación o becas Erasmus, por ejemplo, no pierdan su financiación por culpa de una sanción. Lo que Unión Europa hace es no ingresar el dinero en las arcas del Estado infractor. Pero puede hacerlas llegar directamente a otros destinatarios.
La sanción se levantaría inmediatamente una vez se subsane la infracción que la provocó, si así lo determinan la Comisión y los expertos.
"A los Estados que quieren entrar en la Unión se les exige una serie de requisitos. Pero parece que el cumplimiento de esos valores luego se olvida o los mecanismos para imponer una sanción son poco ágiles", dice. "Lo que queremos establecer es un sistema eficaz y proporcionado de sanciones".
"Y esas sanciones van directamente contra los infractores", añade.
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