La Comisión Europea con sede en Bruselas ha abierto un procedimiento de infracción contra España por no haber trasladado completamente a la legislación nacional la cuarta directiva europea sobre blanqueo de capitales, según ha confirmado un portavoz del Ejecutivo comunitario.
En concreto, Bruselas envió una carta de emplazamiento a las autoridades españolas sobre esta cuestión el pasado jueves, 23 de noviembre. La directiva fue aprobada en junio de 2015 y los Estados miembros debían trasponer sus disposiciones a las normativas nacionales antes del 26 de junio de este año.
"Apremio a España a aprobar las nuevas reglas contra el blanqueo de capitales lo antes posible. Una transparencia más estricta ayudará a cortar la financiación terrorista y a mejorar la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal", ha expresado la comisaria de Justicia, Vera Jourova.
España no es la única
Bruselas ya envió en julio cartas de emplazamiento a Bulgaria, Estonia, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia y Finlandia por no haber comunicado la trasposición de las nuevas normas y a Irlanda, Letonia y Eslovaquia por haberlo hecho sólo de forma parcial.
El pasado jueves, la Comisión Europea remitió cartas también a España y Portugal, por no haber trasladado "totalmente" las disposiciones de la directiva. Se trata del primer paso de un procedimiento de infracción que puede finalizar con una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) si los países siguen incumpliendo.
El eurodiputado de ICV Ernest Urtasun ha denunciado en un comunicado que es "inaceptable" que "un país con un problema grave de economía sumergida y que ha sido azotado brutalmente por el terrorismo como España" no haya traspuesto la directiva contra el blanqueo de capitales "dos años después de que fuera aprobada".
"La lista de elementos esenciales para luchar contra el blanqueo y la financiación del terrorismo que España incumple es larga y preocupante: no se han traspuesto el refuerzo de las sanciones, la definición de grupo empresarial, el registro de profesionales de prestación de servicios financieros, la definición de tercer país equivalente, las medidas de diligencia debida, los umbrales de los sujetes obligados a cumplir las normas europeas, entre otros elementos", ha criticado.
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