No ha sido una buena semana para Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno comienza a torcer el gesto. La ley de amnistía, que iba a ser su salvoconducto para permanecer en Moncloa, no está ni mucho menos asegurada. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga a Carles Puigdemont por terrorismo, recibió el lunes el respaldo de la Junta de Fiscales del Supremo, que también ve indicios suficientes para seguir la pista al expresidente catalán por ese delito. Pese a todo, el Gobierno avisa de manera indirecta al togado de que el criterio final que adopte la Fiscalía dependerá, en última instancia, del fiscal general, Álvaro García Ortiz, afín al Ejecutivo. Pero ese no ha sido el único golpe.
El jueves, el Parlamento Europeo denunció en una resolución las supuestas injerencias rusas durante el procés. Los eurodiputados apuntaron directamente a los contactos del expresidente de la Generalitat y actual eurodiputado de Junts con exespías rusos en 2017 y reclamaron una investigación interna de la Eurocámara. Pero también pidieron que las autoridades españolas investiguen las conexiones del separatismo catalán con el Kremlin. Cabe recordar que el juez Joaquín Aguirre, del juzgado número 1 de Barcelona, ya abrió la puerta para hacerlo.
La resolución salió adelante con 432 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones. Lo más sangrante es que el texto contó con el apoyo del PP, del PSOE, de Ciudadanos y de Vox, mientras que ERC, Unidas Podemos y Junts lo rechazaron. El PNV se abstuvo. Lo cierto es que Carles Puigdemont se haya convertido en Bruselas en un apestado sospechoso de confabular con Vladímir Putin para desestabilizar la Unión Europea es un serio problema político para Pedro Sánchez. En primer lugar, porque si el presidente sucumbe a las exigencias de Junts para salvar a Puigdemont y borra todo el terrorismo y la traición, la ley no pasará, según el Gobierno, el filtro del Tribunal Constitucional y el de Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Los mensajes de Moncloa
Pero lo peor es que los aliados europeos verán al presidente del Gobierno como cómplice de un político peligroso. Y si Sánchez no sucumbe no tiene asegurada la ley de amnistía y, por tanto, la legislatura. El presidente afronta un gran dilema. Y Moncloa ya emite mensajes. La última oferta de Gobierno, el retoque de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tiene todas las de no salir.
Fuentes del Ejecutivo admiten que el cambio en la LECrim es "complicado", porque debe moverse en un "equilibrio" difícil entre que los operadores jurídicos tengan tiempo para investigar y que esto no suponga arbitrio alguno para tener abierta una causa sine die. "Hay que mantener un equilibrio adecuado. Una cosa es que fiscales y jueces se tomen el tiempo necesario para desarrollar investigaciones complejas y otra cosa es que los procesos se alarguen y una persona no tenga derecho a una defensa efectiva porque se lleve dentro de un proceso penal quince años", zanjan estas fuentes.
Es decir, el mensaje del Gobierno a Waterloo es claro: Sánchez se está empezando a cansar de los bandazos y los recelos de Junts. Y aunque está mostrando empatía, no se va mover para cumplir las exigencias de Junts (el borrado de los delitos de terrorismo y traición de las exclusiones de la amnstía). De manera que si al final no hay acuerdo en el próximo mes y la ley no sale adelante "será una pena". Pero Sánchez, resume el núcleo duro del presidente, seguirá en Moncloa, donde ya se vislumbra incluso seguir la legislatura sin el apoyo de Junts.
Los presupuestos
Para empezar, los presupuestos, que ya están prorrogados, pueden seguir así durante todo este año. Hacienda no se ha puesto una fecha límite, mientras conversa con el resto de grupos, incluido Junts. El Ejecutivo, por tanto, ya comienza a desligar la aprobación de la amnistía de los presupuestos, como dejó claro que pasaría en un principio: "Técnicamente, no tiene ningún problema trabajar en prórroga [presupuestaria]", explican fuentes de Moncloa, que añaden: "Aparentemente, todavía, [Junts] no nos ha dicho que haya un problema de presupuestos sin amnistía. Seguimos hablando". Pero todo está en el aire. Y todo depende de que Puigdemont se convenza de que al final, tarde o temprano, podrá regresar a España sin temor a ser detenido.
El Gobierno es consciente de que, obviamente, no puede controlar a los jueces e intenta trasladárselo a Puigdemont. El Estado de derecho no puede vulnerarse. Pero en Waterloo creen que el PSOE ha intentado colarles un gol, porque consideran que sabían el hueco que se abría en la ley si se reabría la supuesta trama rusa del procés. Y, ante eso, Puigdemont no va a alumbrar, en modo alguno, una amnistía que le pueda llevar a la cárcel. Él, además, no quiere indulto; quiere la medida de gracia para pisar Cataluña después de casi siete años y emular al también expresidente catalán Josep Tarradellas.
El Gobierno se encuentra en una encrucijada. El cerebro jurídico de la amnistía, el ministro Bolaños, sigue a los mandos de la negociación con el equipo jurídico de Junts, liderado por su abogado, Gonzalo Boye, quien cree que si se vota la norma tal y como está, se verán afectados todos. Toca, pues, a Bolaños, tirar de ingeniería legislativa una vez más. Por el momento, las únicas pistas que lanza es que la ley "entró impecable y constitucional y así saldrá".
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