La difusión de bulos en las redes sociales puede acarrear hasta cinco años de prisión, según la Fiscalía General del Estado, que ha salido este viernes al paso de las noticias falsas para anunciar que estudia los tipos penales donde encajar tales delitos.
Un informe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía señala que la crisis sanitaria por el coronavirus ha provocado el "caldo de cultivo" para los ataques con noticias falsas, que responden a delitos de odio, revelación de secretos, contra la integridad moral, desórdenes públicos, injurias y calumnias, contra la salud pública o contra los consumidores.
Este criterio sugiere que publicar o retuitear entre usuarios en Twitter mensajes cuyo contenido relacione "falsamente hechos delictivos a un determinado colectivo social" será perseguido como un delito de odio, un criterio que pone como ejemplo las querellas presentadas por la Fiscalía de Barcelona sobre los menores extranjeros no acompañados.
"Del contenido de los tuits puede inferirse la voluntad de sus autores de menoscabar la dignidad y generar el descrédito de determinados colectivos", indica el Ministerio Público, lo cual acarrea penas de seis meses a dos años de cárcel y multa de seis a doce meses.
El Código Penal sería de igual modo aplicable, plantea la Fiscalía, si la información falsa incluyera datos personales auténticos, un caso que puede dar lugar a un delito de descubrimiento y revelación de secretos, castigado con pena de dos a cinco años de cárcel.
Los bulos contra una persona individual "en casos de muy extrema gravedad" podrían suponer un delito contra la integridad moral, de seis meses a dos años de condena en prisión.
El informe advierte de que la simulación de alarmas, atentados terroristas o catástrofes que hacen la activación de los servicios de emergencia podrían ser constitutivos de desórdenes públicos, con penas de tres meses a un año de cárcel o multas de tres a dos años y medio.
Asimismo, la Secretaría Técnica propone para el delito de injurias con publicidad la pena de multa de seis a catorce meses, o de tres a sietes meses en otros casos, en tanto que para el delito de calumnias sería de seis meses a dos años de cárcel o multa de uno a dos años.
En el documento la Fiscalía asegura que en diferentes ocasiones se difunden informaciones acerca de métodos curativos sin validación médica, como tratamientos para curar el cáncer o la impotencia masculina, que pudieran integrar delitos contra la salud pública, estafa o intrusismo, con penas de seis meses a tres años de prisión o multas de seis meses a dos años.
"La acción de estos tipos incluye verbos como 'fabricar, importar, exportar, suministrar, intermediar, comercializar', de modo que no resulta fácil obtener condenas para quienes simplemente los dan a conocer atribuyéndoles falsas propiedades", explica.
Durante la crisis del coronavirus, la Fiscalía ha detectado "estafas consistentes en captar dinero para curar la enfermedad por coronavirus o el establecimiento de enlaces con falsos diagnósticos por coronavirus para conseguir datos personales".
Unas conductas que con el Código Penal en la mano afectarían a los delitos contra el mercado y los consumidores, con penas similares.
Para la Fiscalía, según recoge en el escrito, "las noticias falsas inundan actualmente las páginas de Internet y las redes sociales, pudiendo llegar a generar confusión e incluso alterar la percepción de la realidad de los ciudadanos" en provecho de la situación de vulnerabilidad.
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