El Defensor del Pueblo tramitó en 2018 17.697 expedientes, 7.918 menos que durante el año 2017. Entre todos los expedientes gestionados, la mayor caída se produce en las quejas. En 2018, estas bajaron a 16.998, lo que supone un descenso del 45,6% con respecto al ejercicio anterior cuando se registraron 24.976.
También caen las investigaciones de oficio, pero se disparan los recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. De acuerdo al Informe Anual 2018, entregado este martes por el dirigente en funciones de esta institución, Francisco Fernández Marugán, a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y al presidente del Senado, Manuel Cruz, en el último año se contabilizaron 372 investigaciones de oficio y 327 solicitudes de interposición de recurso ante el TC. En 2017, estas solicitudes se situaban en 40.
Sin embargo, según Marugán, la elevada cifra no se traduce en un récord, ya que este se produjo en 2010 cuando España afrontó una huelga de más de 2,5 millones de funcionarios en sectores como la sanidad, enseñanza y justicia por el recorte de sus salarios.
Al total de expedientes de 2018 hay que sumar los 17.923 ciudadanos que fueron atendidos personalmente. De estos, 2.481 fueron presenciales y 15.442 fueron atendidos a través de llamadas de teléfono. Además, el Defensor formuló a las Administraciones un total de 1.152 resoluciones, de las que 329 fueron recomendaciones, 504 sugerencias, 318 recordatorios de deberes legales y 10 advertencias.
El Defensor del Pueblo ha hecho hincapié en la necesidad de que "el péndulo de la política económica" gire y conduzca "por senderos distintos a los de la política de austeridad". "El crecimiento económico se eleva por encima de lo previsto y las previsiones de 2019 auguran una mejor situación económica, pero a un conjunto de ciudadanos la recuperación no les alcanza", ha advertido.
Protección en materia de vivienda
Tras una crisis larga e intensa, considera, son muchos los ciudadanos que requieren del apoyo del Estado. "La mejora de los servicios públicos pasa por disponer de más personal y de más material. En definitiva, de aumentar el gasto público", ha dicho. Entre los sectores que más quejas acaparan, Fernández Marugán ha destacado la vivienda, la sanidad, las personas mayores y la educación.
"España es uno de los países europeos con peor nivel de protección en materia de vivienda. La vivienda pública está casi en peligro de extinción. Es necesario aumentar oferta destinada al alquiler social para grupos vulnerables", ha señalado. Además, ha hecho referencia a los problemas de Atención Primaria, especializada y, sobre todo, de lista de espera en la Sanidad. "Es urgente incrementar incrementar el personal sanitario y ofrecer mejores condiciones laborales", ha apuntado.
En cuanto a las personas mayores, el Defensor del Pueblo ha advertido del "envejecimiento" sin freno de la sociedad, por lo que ha puesto de relieve la insuficiencia de plazas públicas en instalaciones residenciales, la mejorable atención dentro de las residencias y la necesidad modernización legislativa.
Como ya hiciera en otras ocasiones, el Defensor del Pueblo ha vuelto a constatar la necesidad de "un Pacto de Educación" para darle "estabilidad" al sistema. "Este exige dos requerimientos: consumir un tiempo para implantarse y conseguir un consenso para aplicarse". "En un país desarrollado como España, los barracones no tienen por qué aflorar cada vez que se inicia el curso", ha denunciado.
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