La empresa pública de aguas madrileña Canal de Isabel II y su filial Extensia, que ejercen la acusación particular en el caso Lezo, pide hasta 11 años de cárcel para cinco de sus exdirectivos, entre los que están el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, Edmundo Rodríguez Sobrino, delegado del Canal en Latinoamérica, Diego Fernando García Arias, ex director gerente del área de negocias de Inassa; Ramón Navarro Pereira, exgerente de la filial Triple A.
Los cuatro últimos procesados habrían cobrado cada uno de ellos una mordida de 900.000 euros. Según el juez, González fijaba supuestamente las cuantías de las comisiones siendo la suya el doble que la de los demás. según publica ‘Eldiario.es’. Para estos tres ex altos cargos del Canal, la acusación reclama también 11 años de prisión y 30 de inhabilitación por los mismos delitos.
El Canal de Isabel II otorga a Ignacio González un papel "permanente" de "supervisión y vigilancia" de todo el proceso de compra y le acusa de haberse llevado 1,8 millones de dólares, unos 1,6 millones de euros. La acusación particular solicita 11 años de cárcel y 30 de inhabilitación para el expresidente de la Comunidad de Madrid por los delitos de fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos agravado.
Comisiones ilegales y delitos de fraude y malversación
A todos ellos se le adjudican los delitos de fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos agravado en relación a la compra presuntamente fraudulenta de la sociedad brasileña Emissao. Los investigadores calculan que esta operación, que tuvo lugar en noviembre de 2013, generó un perjuicio de entre 6,4 y 9,6 millones de euros para las arcas públicas.
El instructor de la causa, Manuel García Castellón, concluye que la compra de Emissao se hizo a un "sobreprecio indebido" para que los investigados pudieran repartirse comisiones ilegales. La empresa pública de aguas pagó por el 75% de la mercantil brasileña 31 millones de dólares, cuando costaba entre 17,9 y 22,2 millones de dólares, según ha revelado la investigación. Esa cantidad incluiría los 5,4 millones de dólares que se iban a repartir en "ilícitas comisiones" parte de los investigados. García Castellón procesó en noviembre a siete acusados en esa causa.
El número dos de Esperanza Aguirre fue presidente del Canal de Isabel II entre 2003 y 2012, cuando se ideó la operación. Ese último año se convirtió en presidente de la Comunidad de Madrid, cargo que ejerció hasta 2015.
La quinta ex alto cargo es María Fernanda Richmond, directora financiera del Canal en el momento de los hechos. No participó en el reparto de comisiones pero sí facilitó la "tramitación y culminación" de la operación pese a conocer su "sobreprecio injustificado", según el juez. Para ella, la acusación solicita ocho años de cárcel y 22 de inhabilitación por delitos de fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos agravado.
En la operación también están implicados Luis Vicente Moro, exdelegado del Gobierno en Ceuta y vinculado al grupo empresarial Essentium. El último procesado es Sebastião Cristovam, propietario de la empresa brasileña, y quien, según la investigación "se avino a incrementar el precio de la venta con el solo fin de facilitar el reparto de los fondos públicos". Para ellos, la representación del Canal también pide 11 años de cárcel.
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