Un año y ocho meses después de que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieran al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González como presunto cabecilla de la trama corrupta 'Lezo', el Canal de Isabel II, una empresa pública de la Comunidad de Madrid, ha descubierto en sus oficinas un informe interno de enero de 2013 que evidencia la ruinosa compra de la brasileña Emissao, que se produjo meses después por 31 millones de dólares (27,3 millones de euros).
Este documento, "desconocido para la actual dirección" del Canal de Isabel II, según especifica la empresa madrileña, advertía a la dirección de la compañía, entonces presidida por Ignacio González, que era muy dudoso que el valor de esta empresa brasileña fuera de 31 millones de dólares, la cantidad que fue abonada finalmente.
"Luego del análisis estadístico de las proyecciones realizadas por Essentium, se puede inferir que el valor patrimonial de Emissao tiene muy poca probabilidad y confiabilidad en que se sitúe alrededor de 30 millones de dólares de EEUU", concluye el informe, que destaca además que "no hay garantía contractual de que el crecimiento previsto se sostenga en el tiempo".
"Alto riesgo operativo"
El análisis de las cuentas de la empresa brasileña resalta, además, que Emissao tenía en 2013 "un alto riesgo operativo por desorganización administrativa", lo cual afectaba a su valor, algo que no se tuvo en cuenta para el calculo del precio de compra.
El informe de auditoría del Canal de Isabel II, firmado por Juan Reyes Rodríguez y Juan Fernando Escobar, concluye, en este sentido, que la contabilidad de la empresa no mostraba la situación financiera real de Emissao Ingeniera al 30 de septiembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011: ni los resultados de sus operaciones, ni los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo.
Asimismo, otros de los problemas de la empresa detectados eran que la compañía no disponía de políticas administrativas y contables para medir los riesgos de forma adecuada, al mismo tiempo que presentaba diferencias en los saldos de sus activos corrientes presentados en los estados financieros firmados con respecto a los balances de prueba.
Diferencias en saldos
Y como colofón a estos problemas, las cuentas de Emissao tenían diferencias en los saldos de activos fijos presentados en los estados financieros firmados con respecto a los balances de prueba, al mismo tiempo que no se registraban gastos por depreciación ni amortización.
Además, la compañía no registraba en sus estados financieros individuales la participación sobre los resultados de su filial Fontes Da Serra en Guapimirim: "Emissao, por carencia de controles internos, ha llevado obras para sus clientes que no ha podido facturar debido a que se realizaron sin un contrato o una orden escrita de autorización para llevarlas a cabo", destaca el informe interno aportado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
En el mismo sentido, la contabilidad de Emissa tenía diferencias entre la facturación de los estados financieros comparados con la relación suministrada de facturación por contratos. La compañía tampoco registraba gastos de depreciación ni amortizaciones.
Sustracción de 8,9 millones
Por todo ello, la representación legal del Canal de Isabel II en la causa 'Lezo' reclama en un escrito de 26 de octubre al juez que investiga la causa en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que impute a Juan de Jesús Reyes Rodríguez, el analista de inversiones que elaboró el informe, al que acusa de haber auxiliado a Edmundo Rodríguez Sobrino y Diego Fernando García Arias en la sustracción de 8,9 millones de euros en la empresa Triple A, una filial del Canal de Isabel II, mediante la expedición de facturas falsas en Colombia por servicios inexistentes.
El analista de inversiones, siempre según el Canal de Isabel II, habría cooperado con los imputados "en la configuración de la red financiera internacional de Inassa, incluyendo paraísos fiscales". Emissao fue comprada utilizando una empresa panameña, realizando los pagos en Brasil y Suiza.
Entre los beneficiarios de estas importantes sumas de dinero, especialmente los 5 millones de euros abonados en Suiza, destaca el propio Ignacio González (1.800.000 de dólares); mientras que Edmundo Rodríguez Sobrino, Ramón Navarro Pereira, Diego García Arias y Luis Vicente Moro ingresaron 900.000 dólares cada uno.
El informe se conoce apenas unos días después de que la fiscal Ana Cuenca Ruiz considerase que las pruebas obtenidas por los agentes de la UCO de la Guardia Civil ya "acreditan sobradamente la existencia de sólidos indicios" de que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha cometido los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho.
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