"No debemos perder el punto de referencia: el punto de referencia es que hay niños y niñas que necesitan una atención adecuada. El día 10 [de julio] tenemos la Conferencia Sectorial y nos negamos a creer que, por encima del drama humanitario que se está viviendo, de la situación de Canarias y de la situación de África Occidental, se impongan la sinrazón y la falta de solidaridad".
Así expresó este viernes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, su malestar por la falta de consenso entre las comunidades autónomas para repartirse a los casi 6.000 menores extranjeros no acompañados que aguardan en el archipiélago, debido a la saturación de los centros de acogida, en condiciones cuando menos mejorables. Un dardo a sus homólogos, el penúltimo del también líder de Coalición Canaria (CC), lanzado a cinco días de que se celebre en la Subdelegación del Gobierno de Tenerife la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que debatirá el asunto, pero que no decidirá su futuro puesto que no se votará nada.
Fue en un acto en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria junto al ministro Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, cuyo jefe de prensa, inopinadamente, expulsó al reportero de Vozpópuli allí presente pese a estar acreditado. Clavijo, además, lamentó que el debate sobre la reforma de la Ley de Extranjería se haya "contaminado por la crispación política de Madrid", adonde acudió el pasado 26 de junio para participar en una ronda de contactos con los portavoces parlamentarios y e ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, su predecesor en el cargo.
Se trata de un debate avivado con intensidad en los últimos días, precisamente, por su socio gobierno. "Hasta que Alberto Núñez Feijóo no habló del tema parece que nadie se estaba fijando", defienden fuentes cercanas al vicepresidente canario, el popular Manuel Domínguez, en conversación con este periódico. Sí pone indudablemente de acuerdo a ambos socios de coalición de que se trata de "una cuestión de Estado" y "no un problema exclusivo de Canarias". En cualquier caso, tanto Clavijo como Domínguez han "multiplicado" su interlocución con el resto de comunidades para buscar un acuerdo que desahogue la "situación límite" que vive el archipiélago.
La reforma, en manos del PP
Pero lo cierto es que todavía "no hay nada en claro", se lamentan desde el ala popular del Ejecutivo canario. Si bien Feijóo mantiene un contacto "frecuente" con Domínguez, cuya cuota de poder siempre incluye en el tanteo de comunidades gobernadas por el PP (algo así como un 11+1+Ceuta y Melilla), el líder popular no buscará la unidad de sus territorios en el cónclave de Tenerife y dará vía libre a sus barones para exponer su criterio. Por ahora, sólo Andalucía, Murcia, Extremadura y Castilla y León han confirmado su presencia. Las que no acudan, podrán participar de manera telemática.
No obstante, la negativa de Junts a modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería pactado entre el Gobierno y Canarias –"ya hemos acogido a muchos", le dijo su portavoz, Míriam Nogueras, a Clavijo y Torres– deja al Ejecutivo de Pedro Sánchez, de nuevo, en manos del PP. La reforma fijaría la capacidad máxima de acogida de Canarias en 3.000 menores (un 150% de capacidad, habida cuenta de que el límite actual es de 2.000), lo que haría entrar a la comunidad automáticamente en saturación y derivaría al resto de comunidades los menores.
Una situación que, en privado, dirigentes populares despejan de manera tajante: "Es un marrón que el PP no se va a comer". Es decir, que será el Gobierno quien tendrá que diseñar una fórmula imaginativa que, teniendo en cuenta las "particularidades asimétricas", dotando presupuestariamente a las comunidades y teniendo en cuenta el poco entusiasmo por acoger más 'menas', contente al conjunto de los territorios. Lo que sí aseguran en Génova, tanto en público como en privado, es que sus presidentes mostrarán la "solidaridad" debida. Mientras tanto, aseguran fuentes de Génova, "nadie del Gobierno ha llamado" al PP para acercar posturas.
"Ayuda Europea" para Canarias
Cabe recordar que el líder del PP solicitó el pasado miércoles "ayuda europea" en presencia de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante un acto del PPE en Cascais (Portugal). Y que el jueves, Miguel Tellado, portavoz parlamentario, pidió al Gobierno "disponer de las Fuerzas Armadas y desplegar embarcaciones que impidan que los cayucos". Es decir, desplegar a la Armada como estrategia disuasoria para las mafias que operan, sobre todo, en las costas de Mauritania.
"El PP dio la voz de alarma, recordando que esto es Europa. Cuando se miró a Lampedusa fue cuando se hicieron cosas y actuó Frontex y se invirtió en Inteligencia", defienden desde el PP de Canarias. Precisamente, hasta la isla italiana, muy próxima a la costa de Túnez, se desplazó en septiembre de 2023 Von der Leyen junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Una foto que descartan en la dirección nacional del PP que sea la buscada en esta ocasión.
Desde el PP de Canarias recuerdan, además, como Tellado, que el mismo Gobierno de Sánchez ha llevado a cabo operaciones de disuasión muy parecidas a las que ahora censura el gabinete de ministros. Sin embargo, el mensaje que Feijóo lanzó en Cascais también tiene algo de estratégico. "¿Quién crece si no frenamos la inmigración?", se preguntaba (y contestaba) este jueves un dirigente popular. Porque el gallego, como el resto de líderes del Partido Popular Europeo (PPE), tiene una cosa clara: obviar el debate migratorio es sucumbir ante el principal anzuelo de la extrema derecha. Eso sí, con una diferencia sustancial: mientras Vox se niega a acoger inmigrantes en aquellas comunidades donde gobierna en coalición con los populares (Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares y Extremadura), el PP busca la manera de desatascar la situación y buscar un futuro más esperanzador para esos casi 6.000 niños y niñas.