El Gobierno de Ángel Víctor Torres terminó pagando a la empresa Soluciones de gestión -la de la trama Koldo- un 560% más que su precio de mercado. Un pago formalizado después de que se detectase que las mascarillas que adquirió el Servicio Canario de Salud (SCS), con Conrado Domínguez al frente, a esta empresa no cumplían con las condiciones técnicas acordadas (no eran FFP2, como ocurrió en Baleares, por lo que no podían ser utilizadas en los hospitales).
Contado Domínguez calló más que Koldo García en su comparecencia en la Comisión de investigación del Senado. Ni siquiera respondió al senador del PP, Sergio Ramos, si él o el expresidente canario, Víctor Torres, eran de fiar. Domínguez no dio detalles tampoco sobre esta forma de proceder con Soluciones de gestión.
El contrato en cuestión se adjudicó en abril de 2022. El Gobierno canario adjudicó por la vía de emergencia (a dedo y sin publicidad) 6,8 millones de euros a la empresa de la trama Koldo para la recepción de 2,75 millones de mascarillas FFP2 para uso hospitalario.
Al poco tiempo, el servicio de prevención de riesgos de uno de los hospitales descubrió que varios modelos de mascarillas no cumplían con el nivel de filtración exigido para proteger a los sanitarios y que, por tanto, no podían ser consideradas FFP2. Se enviaron muestras al Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) que certificó que, efectivamente, buena parte de esta remesa de mascarillas no cumplía con las condiciones de una FFP2.
Es un incumplimiento similar al ocurrido en Baleares. Ni Canarias ni el Ejecutivo de Francina Armengol rescindieron el contrato con Soluciones de gestión. En el caso balear, el Gobierno de Armengol avaló además a la empresa de la trama como fiable para que otros organismos públicos la pudieran contratar.
El Gobierno de Víctor Torres, por su parte, llegó a un acuerdo posterior con Soluciones de gestión. Dado que las mascarillas eran FFP1 y no FFP2, la empresa ofreció una rebaja en el precio inicial, pasando de los 2,5 euros la unidad a los 0,845 euros, que era su precio de mercado en abril, medio año antes. En total, las 837.800 mascarillas defectuosas cuyo destino fue ser utilizadas como mascarillas quirúrgicas se pagaron a 707.518 euros. El 3 de noviembre de 2020, Conrado Domínguez firmó este acuerdo.
En ese mismo mes, el Ministerio de Sanidad trabajaba en el Acuerdo Marco, formalizado el 24 de noviembre de 2020. El precio medio de las mascarillas quirúrgicas fue de 0,15 céntimos la unidad. Es decir, que el Gobierno de Ángel Víctor Torres pagó un 560% por encima del precio de mercado las mascarillas de Soluciones de gestión que se había demostrado que no cumplían con los requisitos para ser FFP2. En lugar de resolver el contrato, la compañía de la trama ganó otros 700.000 euros. El Gobierno canario pagó más de 12 millones en total a Soluciones de gestión.
La senadora del PP, Ana Belén Vázquez, ha incidido en este particular en la comparecencia de la exconsejera de Sanidad de Canarias, María Teresa Cruz, que ha tildado a Domínguez de "mal gestor" y a quien acusa de hacerle la cama para expulsarla del Ejecutivo de Víctor Torres: "¿Qué sentido tiene quedarse con las mascarillas en diciembre, y pagarlas a precio de abril, cuando ya no había problemas de suministro, de plazos de entrega y los precios habían caído muchísimo? ¿Tiene sentido, e incluso sería legal, pagar a 0,84 euros mascarillas equivalentes a quirúrgicas, a precio de abril, cuando en noviembre, de acuerdo al propio contrato marco del Ministerio de Sanidad el precio medio era de 0,15 euros?".
De acuerdo con el Tribunal de Cuentas de Galicia, la Xunta pagó en noviembre de 2020 un precio medio por mascarilla quirúrgica de 22 céntimos, cuatro veces menos que lo que adjudicó el Gobierno canario a Soluciones de gestión.
El burofax del silencio de Conrado Domínguez
Conrado Domínguez es el perejil de todas las salsas. La Fiscalía Europea lo investiga por adjudicar un contrato de mascarillas por cuatro millones de euros a una empresa de coches (RR7) que nunca trajo el material; mantuvo reuniones con el 'mediador' de la trama Tito Berni y aprobó los 12 millones de euros en adjudicaciones a Soluciones de gestión.
Domínguez tuvo la oportunidad de explicar su versión a los españoles en la Comisión de investigación del caso Koldo, pero dio la callada por respuesta. Presentó un burofax, al que ha accedido Vozpópuli, donde se excusa en que dio declaración como testigo del caso Koldo en abril de este año.
"La autoridad ante la que declaró como testigo le informó, con las advertencias legales oportunas, que el dicente no debía hacer revelación alguna a nadie respecto a dichas actuaciones secretas, esto es, ni respecto al contenido de la declaración que prestó, ni a las preguntas que se le formularon, ni sobre cuáles eran los hechos o quiénes eran las personas por las que se le preguntó… ni sobre ningún extremo que hiciera peligrar el buen fin de dichas actuaciones secretas", reza el escrito del abogado de Domínguez.
Quien fuera persona de confianza de Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial, se ha negado a enseñar su teléfono móvil al presidente de la Comisión de investigación para que comprobase si figuraba el teléfono de Koldo García.
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