El primer pleno ordinario del periodo de sesiones en la Asamblea de Madrid estuvo marcado por la comisión de investigación a la Universidad Complutense y el posible trato de favor que esta pudo hacer a la cátedra de Begoña Gómez. Tres meses después de ser registrada por el PP en la Mesa de la cámara, ayer fue aprobada definitivamente.
No sin polémica, eso sí. El debate al que fue sometido por parte de los diputados se volvió agrio, con acusaciones desde el PSOE y Más Madrid hacia el PP de Díaz Ayuso. Además, el escrito de oposición que los socialistas presentaron para tratar de frenar la misma encendió aún más el ambiente.
Finalmente, los votos a favor del Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en la Asamblea regional, junto al visto bueno de Vox, iniciaron el camino de una comisión de investigación que comenzará sus trabajos en el mes de octubre, alargándose, previsiblemente, hasta febrero de 2025.
En los próximos días conoceremos qué miembros de cada partido componen el grueso de la comisión. Por parte del Partido Popular, la diputada Mercedes Zarzalejo liderará la ofensiva contra la Complutense. En el PSOE, ese papel recaerá en Marta Bernardo.
El gran debate está en la lista de comparecientes que tendrán que acudir a la Asamblea a contar qué saben sobre el modo de proceder de la Universidad en todos los ámbitos que considere la comisión.
Begoña Gómez, la gran incógnita
Está previsto que acudan diferentes personalidades de la Complutense, especialmente las implicadas en la gestión y concesión de cátedras o másteres. Que se vaya a fiscalizar cómo gestiona la universidad los recursos públicos no puede ocultar el verdadero propósito de la comisión, que es cercar más si cabe a Pedro Sánchez y su núcleo más cercano.
Por tanto, la lógica dice que Begoña Gómez y Joaquín Goyache, rector de la UCM, deben ser dos piezas fundamentales de esta comisión, especialmente la empresaria, para saber qué sucedió con su cátedra. Sin embargo, pese al empuje inicial de PP y Vox con la esposa del presidente, en las últimas semanas parece haberse diluido el ímpetu por llamarla.
Ayer mismo, en declaraciones ante los medios, Carlos Díaz-Pache, portavoz popular, y Rocío Monasterio, líder de Vox, echaron balones fuera cuando le preguntaron si llamarán a alguno de los dos. Indagando un poco en si situación judicial, entendemos la demora de los partidos.
Tanto Begoña Gómez como Joaquín Goyache se encuentran imputados por el caso relacionado con la empresaria que investiga el juez Juan Carlos Peinado. Al tener ambos esta condición, y si la comisión de la Asamblea de Madrid propusiese su comparecencia, estarían protegidos por la Constitución para no declarar.
El artículo 24.2 de la carta magna recoge el derecho de personas imputadas o investigadas en algún proceso judicial "a no declarar en su contra", conducta justificada por su "derecho a la defensa". Por tanto, llamarlos tendría únicamente carácter político, en ningún caso aclaratorio, pues está bastante claro que se negarían a ello.
Lo que sí están obligados es a comparecer "ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma", tal y como señala el artículo 502.1 del Código Penal.
Del mismo modo, el Código Penal no recoge la obligación de declarar en una comisión de investigación. Únicamente castiga, en su artículo 502.3, "faltar a la verdad en su testimonio", no el hecho en sí mismo de no querer declarar.
En resumen, independientemente de si deciden llamar a Begoña Gómez y Joaquín Goyache, estos tienen la ley de su parte para no declarar una sola palabra si así lo desean. Si el PP decide tener la foto de Begoña Gómez entrando en la Asamblea, la puede conseguir, pero nada más. Esta es la realidad.