"Democratizar el acceso a la carrera judicial", este ha sido el mantra defendido este martes por algunas de las juristas candidatas a vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante su intervención en el Congreso de los Diputados. La idea de "democratización" del acceso a la judicatura y a la fiscalía es un concepto capitaneado en el Parlamento por los de Yolanda Díaz y que rechazan formaciones como PP y Vox.
Los socios del Gobierno de Sánchez ya presentaron el pasado mes de mayo una proposición de ley orgánica encaminada a reformar el sistema de oposición, el cual consideran "elitista" y que no responde a la realidad de la ciudadanía. La idea de que los jueces pertenecen a una especie de élite, formada por familias que cuentan con una tradición judicial, ha sido rechazada por la mayor parte de asociaciones judiciales (APM, FJI y AJFV), desde donde defienden que el sistema actual es el más justo e independiente que existe. De esta forma, catalogan la reforma impulsada por Sumar y defendida desde hace tiempo por ciertos sectores judiciales como un nuevo intento "ideológico" de controlar el acceso a la carrera judicial.
En plena confrontación por la independencia de la justicia española y en un momento en el que el prestigio del Consejo General del Estado se encuentra en entredicho, tras cinco años de bloqueo, el tema de "democratizar" el acceso a la carrera judicial ha vuelto a ocasionar controversia en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados. La letrada del Tribunal Constitucional, Argelia Queralt, ha sido la primera en poner este asunto sobre la mesa. En su exposición, ha defendido que se ha de realizar un análisis serio sobre el acceso a la carrera judicial porque estudiar para la judicatura es "un privilegio que muchas familias no se pueden permitir" por lo que se ha de "explorar formas para democratizar el acceso a este Poder del Estado y garantizar una mayor representividad de la ciudadanía española".
El PP critica el concepto de "democratización" del acceso a la carrera judicial
Dicha valoración ha activado las alarmas de la portavoz del Partido Popular, María Jesús Moro, quien se ha mostrado su "preocupación" con el uso de la palabra "democratización" para referirse al acceso a la carrera judicial. "Siempre hay que mejorar los sistemas de acceso, pero lo más importante es aquel sistema que garantice lo más posible la objetividad y la selección por méritos y capacidad. Y no vincularlo con democratizar, porque introduce una duda que a mí como profesora me duele al ver que muchos han llegado a jueces con el sacrificio de sus familias, sin ninguna vinculación a una élite", ha sentenciado la diputada popular.
En respuesta, Queralt ha matizado que no cree que la democratización del acceso a la carrera sea "antagónico de objetividad y méritos". No obstante, ha vuelto a insistir en que esas capacidades que se valorar en los opositores deben estar garantizadas desde las bases educativas o "perderemos a grandes profesionales del mundo jurídico".
Descrédito del CGPJ
En la misma línea, la fiscal Inés Herreros, quien fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ha pedido que se impulse una reforma "con una democratización de la posibilidad de acceder, sin perder las garantías de objetividad que son determinantes en el sistema actual". Sobre el descrédito que sufre el órgano de gobierno de los jueces, la jurista ha señalado que ella es partidaria "de la sana crítica" pero nunca del "negacionismo" de las mismas.
Herreros ha incidido en la existencia de "burbujas artificiales" fomentadas por los partidos y los medios de comunicación que fomentan la desconfianza de la ciudadanía en instituciones como el CGPJ o la Fiscalía General del Estado. La jurista, quien es considerada muy cercada a la exministra Dolores Delgado con la que ha trabajado en el departamento de Derechos Humanos y Memoria Democrática, ha mostrado como ejemplo el informe que realizó el CGPJ antes del nombramiento del fiscal general, Álvaro García Ortiz, sobre el que ha dicho que recogía información "inveraz", recopilada de medios de comunicación, referente a la doctrina de la Fiscalía General.
Anteriormente, Marta Bueno, profesora de Historia del Derecho de la Universidad de Barcelona, ha pedido "revisar" el sistema de acceso a la carrera judicial para que la representatividad de jueces sea más igualitaria entre comunidades. Para ello, ha puesto como ejemplo Cataluña, donde no existe tanto gusto por la carrera judicial. "Yo creo que el Consejo va a tener que hacer algo para animar a esas vocaciones que no procedan para las comunidades. Los jueces deberían reflejar la plurinacionalidad que caracteriza al Estado Español", ha sentenciado.
