La citación judicial que afronta este martes Pedro Sánchez en Moncloa chafa su acto de autobombo de fin de curso ante la Prensa. La portavoz del Gobierno aseguró que el Ejecutivo hará el tradicional balance de fin de curso, pero no confirmó que lo fuera a hacer el presidente. Las fuentes consultadas admiten que pronto se despejarán las dudas.
Lo cierto es que el presidente del Gobierno tenía intención de hacer ese balance este pasado lunes. Pero la irrupción del juez Juan Carlos Peinado, que le visita en Moncloa para que declare como testigo en el caso que afecta a su mujer, Begoña Gómez, ha reventado la agenda de Pedro Sánchez antes de las vacaciones. El núcleo duro del presidente no se esperaba tan pronto la llamada del togado y, por eso, está en el aire la fecha en la que comparecerá el líder socialista ante los periodistas.
Todo parece indicar que el jefe del Ejecutivo eludirá someterse a las cuestiones de los informadores; algo comprensible en caso de que finalmente se acoja a su derecho a no declarar ante Peinado. Este mismo martes 30 se celebra también el último consejo de ministros del curso. Y por la tarde está previsto que se celebre el tradicional despacho del presidente del Gobierno con el Rey Felipe VI en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca.
La actividad política se reanudará, salvo sorprensa, el 27 de agosto con el primer consejo de ministros tras el periodo vacacional. El Gobierno confiaba en que los recursos presentados pudieran parar la toma de declaración al presidente. Este mismo lunes, la Fiscalía volvió a presentar un recurso para impedir la declaración del presidente. Sánchez se dirigió la semana pasada 'motu proprio' y sin intermediario legal al togado para pedirle hacerlo por escrito en razón de su cargo. Pero Peinado se lo denegó el viernes.
En verdad, en Moncloa no salen de su asombro. "[Peinado] aún no ha contestado ni a la fiscalía ni al abogado defensor", comenta una fuente del Ejecutivo. Todo lo que se vivirá este martes es una incógnita. Tampoco ha trascendido si ya se han instalado los equipos técnicos en Moncloa para grabar al presidente. En cualquier caso, las fuentes consultadas admiten que pronto se despejarán las dudas.
Peinado ha dejado claro en dos ocasiones que su interés en interrogar a Pedro Sánchez es consecuencia de su condición de cónyuge de Begoña Gómez, pese a que el togado se contradiga al limitar el lapso a la fecha desde la que Sánchez es presidente. Aún así, la estrategia de Moncloa es intentar vincular la citación como testigo a Pedro Sánchez con el cargo que ostenta. "Es indisociable", repiten machaconamente en el Ejecutivo. En primer lugar, para evitar la imagen que, critican los socialistas, busca el juez en plena coordinación con la derecha política y mediática: la del líder del PSOE declarando.
Mientras, los ministros del Ejecutivo se lanzan en tromba contra Peinado. Este lunes fue el responsable de Interior, el juez Fernando Grande-Marlaska, quien señaló a su colega por "retorcer la ley" "retorcer la ley" al citar de forma presencial a Pedro Sánchez y no permitirle declarar por escrito, tal como pidió. El titular de Interior también tildó la investigación abierta a la mujer de Pedro Sánchez de "prospectiva", algo que está prohibido.
El líder socialista se dirigió al juez instructor como jefe del Ejecutivo en un documento con el membrete del presidente. Pero Peinado considera que ese derecho que asiste al jefe del Ejecutivo no es aplicable en esta ocasión porque él investiga cuestiones sobre las que Pedro Sánchez habría tenido constancia precisamente por ser el marido de Begoña Gómez y no el presidente, ante lo que la ley establece que la testifical se practicará "en su domicilio o despacho oficial".
Una de las grandes quejas de Moncloa sobre toda esta situación es que la citación de Pedro Sánchez, que Peinado decidió cuando Begoña Gómez se negó a declarar, tuvo por objeto no dejar margen de maniobra para que prosperaran los recursos. El equipo del presidente confía en que al menos uno de los dos recursos presentados en la Audiencia Provincial que está sin resolver, el de la Fiscalía, pueda terminar archivando el caso.
De hecho, el equipo del presidente ya está presionando para lograrlo. Además, como ya contó este diario, todo parece indicar que si no prospera ninguno de los tres recursos, las defensas implicadas en la causa se moverán -de manera coordinada- para intentar recusar al juez y apartarle. En plata: la de Begoña Gómez y la de su socio, el empresario Carlos Barrabés.
