Ciudadanos defenderá este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados una proposición de ley para garantizar la igualdad en el acceso y promoción en el empleo público sin discriminación por razones lingüísticas. Para la formación liderada por Albert Rivera, hablar euskera, catalán, gallego o valenciano no debe ser un requisito para ejercer como funcionarios, sino un mérito.
La proposición busca modificar la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público con el objetivo de que "todos los españoles puedan disfrutar del derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas", eliminando para ello la "discriminación por razones lingüísticas". En concreto, afectaría al apartado 2 del artículo 56 de la mencionada Ley, que quedaría redactada de la siguiente manera:
"Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las CCAA que gocen de dos lenguas oficiales. A tal fin, el conocimiento de la lengua cooficial sólo podrá ser considerado como un mérito a valorar, en el contexto de la realidad social de su efectivo desempeño, de manera proporcionada a su necesidad y adecuación en atención al tipo y nivel de la función o puesto a desempeñar".
El conocimiento de la lengua cooficial sólo podrá ser considerado como un mérito a valorar"
La propuesta llevada al Congreso por la formación naranja incluye una cláusula antidiscriminación por la cual se considerará discriminatoria cualquier disposición o medida adoptada por una administración en relación con el personal a su servicio que forme parte del ámbito de aplicación de esta Ley que suponga que el conocimiento de una lengua cooficial es un requisito para el acceso o la promoción en el empleo público.
Además, Ciudadanos también busca que se considere discriminatoria "la valoración desproporcionada" del conocimiento lingüístico como un mérito, "sin atender a la realidad social del conocimiento de la lengua en la Comunidad Autónoma o sin concurrir razones adecuadas, necesarias y suficientes en relación con la función o el puesto de trabajo correspondiente".
Discriminación de funcionarios
El líder del partido denunció la semana pasada que en comunidades como Cataluña, la Comunidad Valenciana o Baleares, los gobiernos autonómicos han establecido "barreras lingüísticas para discriminar a los funcionarios" y eso ha generado una "problemática preocupante". Como ejemplo mencionó que en Baleares se han quedado vacantes algunos puestos en la sanidad pública porque quienes aspiraban a ocuparlos no pudieron acreditar un nivel suficiente de catalán.
Médicos, enfermeros, aparejadores, barrenderos y hasta enterradores. Al 'decretazo' de la socialista Francina Armengol en el terreno sanitario le han seguido las mismas imposiciones para otros funcionarios públicos, por lo que Cs trata de frenar con especial ahínco el avance del nacionalismo catalán en Baleares. "Veo mucho mimetismo del procés desde hace años.
Cs explica que la lengua ha sido considerada, en algunos casos, como un instrumento para romper el "espacio de libertad que es el Estado español"
En Baleares no está pasando lo mismo que en Cataluña ahora, pero sí que se está viendo lo mismo que hace unos años allí. Si el PSOE sigue haciendo seguidismo del nacionalismo, se puede dar una situación muy complicada", declaró Inés Arrimadas en el acto 'Stop barreras lingüísticas'.
En su exposición de motivos para presentar esta ley, Cs explica que la lengua ha sido considerada, en algunos casos, como un instrumento para romper el "espacio de libertad que es el Estado español". Según se señala en el texto, con la excusa de la protección para superar la persecución durante la dictadura se permitió la discriminación positiva.
"En la actualidad, la situación es radicalmente distinta. En algunas comunidades, el conocimiento y la utilización de la lengua cooficial alcanza al 90% de la población. El objetivo de la denominada normalización se ha alcanzado", exponen.
Castellano como lengua oficial
"Las circunstancias actuales aconsejan, de manera imperiosa, recuperar la normalidad del artículo 3 de la Constitución. Este, por un lado, sanciona que el castellano es la lengua oficial del Estado que, además, todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar. Y, por otro, las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas CCAA de acuerdo con sus Estatutos", apuntan desde las filas naranjas.
La discusión de la proposición de ley de Cs llega la misma semana en la que se celebra el Día Europeo de las Lenguas -que fue establecido por la Comisión Europea y el Consejo de Europa el 26 de septiembre- y para el cual la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE) acaba de proponer un decálogo en el que, entre otros asuntos, propone crear una agencia europea para el multilingüismo que vele por la protección de todas las lenguas europeas y por los derechos lingüísticos de sus hablantes.
También quieren incluir los derechos lingüísticos en la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, o pedir que las instituciones europeas garanticen el apoyo necesario para que todas las lenguas regionales, minoritarias o minorizadas de Europa tengan el mayor grado de reconocimiento oficial posible.
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