PP y Ciudadanos se conjuran contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras haber amagado con no asumir la defensa del juez del Tribunal Supremo e instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, tras la demanda civil interpuesta en Bélgica por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y los otros cuatro exconsejeros independentistas fugados.
Los populares han registrado este mismo lunes la petición urgente de comparecencia de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para que explique el criterio del Gobierno al que el presidente del partido, Pablo Casado, acusa de estar dando "bandazos" en este asunto.
Después de que el Ejecutivo dijese que no iba a ejercer la defensa del magistrado -apelando a la separación de poderes-, la titular del ramo ha confirmado este lunes que España defenderá a Llarena "hasta las últimas consecuencias". Todo después de un fin de semana en el que se han podido escuchar las críticas de la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales contra la primera postura mostrada por el Gobierno.
Asimismo, Casado ha pedido a la Fiscalía General del Estado que estudie la posibilidad de querellarse contra el juzgado belga que asume la demanda de Puigdemont por "inmiscuirse en la inmunidad y la integridad de la jurisdicción española". Para los populares se trata de una "afrenta" a todo el Poder Judicial Español y, por eso, exige que el Ejecutivo español salga en su defensa.
Por su parte, el jefe de filas de Ciudadanos, Albert Rivera, ha registrado este mismo lunes una proposición no de ley (PNL) en la que pide que el Congreso apoye "sin fisuras" la labor de jueces y fiscales. Reclama de forma expresa que el Ejecutivo de Sánchez preste "todo su apoyo y asistencia" al juez del Supremo. Es una obligación "democrática y moral" defender "a los que han dado la cara para hacer cumplir las leyes" en España, ha expresado Rivera en una rueda de prensa en la Cámara Baja.
En el partido naranja acusan al Gobierno de "estar descontrolado en manos de Torra y Puigdemont" y dicen no entender su negativa "hasta la fecha, para actuar en ese sentido". La iniciativa incluye además un punto donde se condena "el acoso, el señalamiento y la persecución al juez Llarena y a su familia" en Cataluña.
En el partido naranja acusan al Gobierno de "estar descontrolado en manos de Torra y Puigdemont"
Asimismo, Rivera ha insistido en que Moncloa haga "un requerimiento" al presidente de la Generalitat, Quim Torra para que este "acate explícitamente y haga cumplir la Constitución y el Estatuto de Cataluña". En caso de no hacerlo, pide al Gobierno que estudie la forma de poner en marcha nuevamente el artículo 155, que permite retirar la autonomía.
El líder de Cs se ha mostrado también muy duro contra la estrategia de Sánchez con los líderes separativas. Rivera ha cargado contra el presidente del Gobierno y le ha reprochado que no haya "hecho nada" para conseguir la anunciada "normalización" de las relaciones con la administración autonómica que controlan los independentistas. Y ha ido más allá, acusándole de estar convirtiendo Cataluña en un "territorio sin ley".
Los lazos amarillos
Los dos partidos cargan contra el Gobierno por la polémica abierta a raíz de la retirada de los lazos amarillos en espacios públicos. Sobre todo tras la agresión de una mujer por parte de un individuo que le reprochaba quitar lazos cerca del parque de la Ciudadela de Barcelona. Desde Ciudadanos han convocado para este miércoles una concentración para mostrar su solidaridad con la mujer, cuyo marido es militante de la formación naranja.
El PP pide asimismo a Sánchez que "ponga orden" en la utilización de estos símbolos que los independentistas utilizan como signo protesta por el encarcelamiento de los dirigentes separatistas encarcelados. Casado ha reclamado a la Fiscalía que actúe de oficio en caso de agresiones a ciudadanos por la retirada de estos emblemas que, a juicio de los populares, "insultan a la democracia y al Estado de derecho".
En este sentido, ha afeado que Sánchez permitiese a Torra entrar en La Moncloa con uno de ellos colgado en la solapa de la americana. Los populares quieren abrir en Barcelona una oficina de asesoramiento y apoyo para personas denunciadas, sancionadas o agredidas por retirar lazos en la calle.
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