El grupo parlamentario Ciudadanos propone modificar la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo para que los actos de homenaje a miembros de ETA, además de ser perseguidos penalmente, sean sancionados con multas de entre 50.000 y 250.000 euros.
La iniciativa, una proposición de ley, ha sido registrada este miércoles en el Congreso por el portavoz de Interior de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, quien ha asegurado que el objetivo de la reforma es que estos homenajes "intolerables" y "repugnantes" a aquellos que han puesto bomba y asesinado en España "no queden impunes".
Por esta razón, junto con la vía penal que se sigue en muchos casos aunque en la mayoría finalmente quede archivada, la formación liderada por Albert Rivera quiere la ley, en vigor desde 2011, incluya sanciones administrativas para los organizadores de estos homenajes, sean personas físicas, jurídicas, asociaciones o partidos políticos.
Así, la proposición contempla que sean consideradas infracciones administrativas la organización, realización y participación en espacios, lugares o establecimientos públicos o abiertos al público de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas.
También la realización, organización y exhibición públicas de monumentos, escudos, insignias, placas u otros objetos, así como las menciones conmemorativas, de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas.
Multas
Ciudadanos recuerda que las diferentes delegaciones del Gobierno son las competentes para instruir y resolver los expedientes sancionadores y que esta autoridad es la que analiza la proporcionalidad de establecer cual debe ser la cuantía de la multa entre el mínimo de 50.000 y el máximo de 250.000 euros.
"Es de justicia que el mayor referente moral que son las víctimas del terrorismo no se vean amenazadas", ha destacado Gutiérrez antes de dejar claro que han sido consultadas sobre esta iniciativa cuatro asociaciones, y que solo una ha mostrado su desacuerdo, en alusión a Covite.
Gutiérrez ha defendido que la proposición de ley persigue "complementar" por vía administrativa pero sin eliminar la vía penal actos que repugnan a toda la sociedad y en los que incluso se ha permito que etarras se sentaran en ayuntamientos y otras instituciones públicas.
La iniciativa reitera en su exposición de motivos que la reforma "pretende rellenar un hueco" en la protección de las víctimas, para lo cual se "refuerza el arsenal de medios en manos del Estado de Derecho para la adecuada protección al honor y la dignidad de las víctimas".
Las infracciones prescribirán al año de haberse cometido y las sanciones a los dos años de haberse impuesto desde el día de la resolución en firme. A los responsables de la infracción se les prohibirá además durante un periodo no superior a tres años contratar con las administraciones públicas y ser beneficiario de subvenciones y ayudas públicas.
De salir adelante la propuesta de Ciudadanos, si el responsable de las infracciones tuviese la condición de cargo público, tanto la sanción como la indemnización, deberán ser satisfechas con cargo a su patrimonio y no a cuenta del erario público.
