La cuenta atrás ha comenzado. Este martes arranca el macrojuicio del procés en el Tribunal Supremo, una cita clave para nuestra joven democracia que será objeto de estudio en los libros de historia. Allí se juzgará a los impulsores del referéndum ilegal de Cataluña convocado el 1 de octubre de 2017. No será una empresa fácil. Está previsto que el juicio se prolongue durante tres meses, y se celebrarán sesiones tres días a la semana -martes, miércoles y jueves-, en horario de mañana y tarde.
La fecha de inicio del proceso -12 de febrero de 2019- no ha estado exenta de polémica. El objetivo inicial del tribunal era concluir los juicios antes de la celebración de elecciones municipales, autonómicas y europeas el próximo 26 de mayo. Por esta razón, se barajó en un principio que el juicio arrancara en enero (el Supremo -cabe recordar- tiene obligación de no influir en los procesos electorales). Tras fijar la fecha definitiva, sin embargo, no está claro que pueda dictarse sentencia antes de los comicios, por lo que no se descarta una suspensión temporal del juicio hasta después de los comicios, o ampliar el número de sesiones semanales para llegar a tiempo.
Por otro lado, los propios encausados han tratado de ralentizar el procedimiento, hasta en cinco ocasiones durante los últimos cuatro meses. La demanda de algunos de ellos era que se preservarse un plazo de tiempo “suficiente” entre el anuncio de la fecha del juicio y su inicio. Para Oriol Junqueras, líder de ERC, este margen debiera haber sido de al menos tres semanas. Serán finalmente ocho los días de diferencia.
Acusados
Esta es la lista de encausados.
En prisión provisional:
- Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat
- Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento catalán
- Jordi Turrull, exconsejero de Presidencia
- Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores
- Josep Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad
- Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
- Joaquim Forn, exconsejero de Interior
- Jordi Sànchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana
- Jordi Cuixart, expresidente de Òmnium Cultural
En libertad provisional:
- Meritxell Borràs, exconsejera de Gobernación
- Carles Mundó, exconsejero de Justicia
- Santaigo Vila, exconsejero de Empresa y Conocimiento
Una vez empiece la vista oral, nueve de los doce acusados -los que están en prisión- serán llevados a diario de sus respectivas cárceles -en Soto del Real (Madrid) los hombres, y en Alcalá Meco (Alcalá) las mujeres- hasta la Audiencia Nacional, y desde ahí hasta el Supremo.
¿Y de qué se les acusa? En total, son cinco los delitos del Código Penal que se juzgan: rebelión, sedición, malversación, organización criminal y desobediencia. Los que fueron miembros del Govern están acusados de rebelión, sedición, malversación y organización criminal, con la excepeción de los tres consejeros libres, a los que no se les atribuyen delitos de rebelión y sedición. A los Jordis se les acusa, por su parte, de rebelión, sedición y organización criminal.
El principal foco de interés será precisar si hubo o no violencia durante el asedio a la Consejería de Economía los días 20 y 21 de septiembre de 2017 y en la propia celebración del referéndum del 1-O. Esta disyuntiva es la marca la diferencia entre rebelión -con penas de hasta 25 años- y sedición -penas máximas de 15 años-.
Acusaciones
En total, serán tres las acusaciones personadas en estos juicios: Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox. Frente al pacifismo que enarbolan las defensas de los acusados, la Fiscalía y, especialmente, Voz, defienden que sí hubo violencia en los hechos que se juzgan. Esta tesis contrasta con la versión de la Abogacía, que, tras cambiar de criterio en noviembre, ha optado finalmente por eliminar cualquier referencia a la palabra violencia en su escrito de acusación.
Testigos
Acudirá a declarar un total de unos 600 testigos, una lista que incluye al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
Además de estos cargos del Gobierno central, habrá también diputados catalanes, funcionarios públicos de la Generalitat, agentes de los Mossos d’Esquadra, miembros de la Guardia Civil o agentes de la Policía Nacional, entre otros. El expresidente de la Generalitat Artur Mas, la alcadesa de Barcelona, Ada Colau; el exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero o el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, figuran, de este modo, también entre las figuras más mediáticas que testificarán.
Cobertura mediática
Más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación han solicitado su acreditación para cubrir el juicio a estos líderes independentistas, así que se da por hecho que el proceso tendrá un gran impacto mediático. Y, desde luego, no sólo en España: de la lista, hasta medio centenar de medios extranjeros cubrirá el desenlace de la causa.
En este sentido, un elemento destacado es demostrar transparencia del Tribunal Supremo para juzgar los delitos, un extremo que trata continuamente de poner en cuestión el independentismo. El tribunal ha rechazado la presencia de observadores internacionales -tal y como reclamaba la defensa de los acusados-. Pero sí autoriza -superando restricciones históricas todavía vigentes en la mayoría de los países de nuestro entorno- que las sesiones del juicio sean televisadas en directo y emitidas vía streaming en la web del Poder Judicial. De este modo, “todo ciudadano que quiera convertirse en observador, nacional o internacional, del desarrollo del juicio podrá hacerlo”, defendieron los jueces del tribunal cuando tomaron la decisión.
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