Dos senadores de Unidos Podemos, Iñaki Bernal, de Izquierda Unida, y Vanessa Angustia, de En Marea, han pedido a la Mesa del Senado que prohíba la venta de Coca-Cola en la Cámara Alta en solidaridad con el conflicto laboral que los trabajadores de la planta de Fuenlabrada mantienen con esta empresa.
La bebida se distribuye en el Senado tanto a través de su servicio de cafetería y restaurante como mediante máquinas expendedoras instaladas en zonas comunes de sus dependencias.
En concreto, los dos senadores requieren que "se retiren en la institución del Senado todos los productos que comercializa Coca-Cola, se prive de su publicidad y no se le permita utilizar eventos de autorización institucional mientras siga sin cumplir con las sentencias y hasta que los trabajadores tengan un futuro real en Fuenlabrada".
La petición recoge una demanda de los empleados de la planta madrileña, quienes quieren que el Senado "haga todo lo posible para obligar a Coca-Cola y al Gobierno de nuestro país a hacer cumplir las resoluciones judiciales", según un comunicado del grupo parlamentario de Unidos Podemos.
El senador navarro Iñaki Bernal ha expresado su "total y absoluto apoyo a las espartanas de Coca-Cola, que son un ejemplo de dignidad y lucha obrera", mientras Angustia apunta que "debería ser una obligación moral" para los representantes públicos respaldar a unos trabajadores que "están luchando contra una multinacional que no respeta ni los derechos laborales ni las resoluciones de nuestros jueces".
El boicot de Podemos a Coca-Cola viene de lejos, a tenor del prolongado conflicto laboral de la compañía con los trabajadores de Fuenlabrada, traducido en reiteradas manifestaciones de sus dirigentes en apoyo a las medidas de protesta de los empleados.
El líder de este partido, Pablo Iglesias, declaró en una manifestación de trabajadores celebrada en diciembre: "Hay que seguir sin beber Coca-Cola, porque Coca-Cola está atacando los derechos de los trabajadores".
El pasado mes de enero, el Tribunal Supremo consideró correcta la readmisión de los empleados del centro de Fuenlabrada, una vez que la justicia anuló el ERE inicialmente aprobado por la firma en 2014.
Sin embargo, Unidos Podemos remarca que "a pesar de los grandes beneficios" de la compañía en España, "no ha cumplido debidamente ni con el auto ni con el fallo de ejecución que la obligaba a readmitir a los trabajadores que fueron despedidos, y que ahora prestan servicio en un 'almacén virtual' que no es ni remotamente el centro pionero de logística e innovación al que se comprometió Coca-Cola."
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