El Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Ada Colau, se ha personado como acusación popular en el procedimiento judicial abierto contra las personas de ideología ultraderechista que atacaron el oratorio islámico situado en la calle Japó, en el distrito de Nou Barris de Barcelona.
Así lo han anunciado hoy el teniente alcaldía del área de Derechos de Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia, Jaume Asens, y la comisionada de Inmigración, Interculturalidad y Diversidad, Lola López, que han solicitado al juez instructor "todas las medidas oportunas dirigidas a proteger la comunidad musulmana y al conjunto del vecindario de Nou Barris".
Un juez de Barcelona prohibió ayer acercarse a menos de 300 metros de esta mezquita a siete miembros de la formación de extrema derecha Democracia Nacional, que presuntamente atacaron el centro con pintadas islamófobas y dejando a sus puertas embutido elaborado con carne de cerdo.
En su auto, el titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona estimó la petición de la Fiscalía, instada por el Ayuntamiento, e impuso esa medida cautelar a los siete investigados, además de ordenar el cierre de varias páginas web y perfiles de redes sociales donde los denunciados difundían su discurso islamófobo.
Para Lola López, que ha reconocido que hay una veintena de vecinos que aún se oponen a la mezquita, "no es sólo un ataque contra el libre y legítimo derecho de unos vecinos a desarrollar sus prácticas religiosas, sino que también es un ataque a los valores de respeto y la convivencia que forman parte de nuestra sociedad".
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