Los colegios reabrirán sus puertas para todos los alumnos en septiembre después de cinco meses y medio cerrados por la pandemia. El Gobierno, a través de los ministerios de Educación y Sanidad, les ha puesto deberes.
Los centros escolares deberán tener un Plan de Inicio de Curso y Planes de Contingencia que prevean las actuaciones a realizar y los mecanismos de coordinación necesarios para los posibles escenarios que puedan darse relacionados con la crisis sanitaria.
En este contexto, el Ejecutivo propone que haya una persona responsable de referencia para los aspectos relacionados con la covid-19. Además, recomienda la creación de un equipo, formado por distintos representantes de la comunidad educativa, que garantice que todo el mundo esté informado, así como el cumplimiento de las medidas de seguridad, sanidad e higiene.
Sin embargo, el Gobierno no aclara qué profesionales concretos del amplio abanico de perfiles que componen el sector educativo son los que deben, a su juicio, ejercer esas funciones. El asunto ha despertado cierta inquietud entre los docentes.
La Federación de Enseñanza de CCOO advierte que los temas de seguridad, salud e higiene son competencia de las administraciones: "Los equipos de los colegios no tienen esas competencias ni se les ha formado para ello".
"Nos choca que cada centro tenga que hacer un plan de inicio de curso y un plan de contingencia, además de nombrar a una persona responsable de referencia para los aspectos relacionados con la covid-19", explica Francisco García, el secretario general de la federación.
La reivindicación de las enfermeras escolares
Por otro lado, los sindicatos de Enfermería, que llevan años reclamando la figura de la enfermera escolar en los colegios, han puesto el grito en el cielo. El Sindicato de Enfermería en Madrid (SATSE Madrid) considera que tanto Ministerio de Educación como las Consejería del ramo "han perdido una gran oportunidad para incorporar la figura de la Enfermera Escolar a todos los centros educativos".
"Van a implementar un denominado 'Equipo Covid' donde ninguno de sus miembros tiene formación en materia sanitaria por lo que entendemos que su eficacia será muy limitada y simbólica", opinan.
"De igual forma, el protocolo insta a introducir la educación en salud en las aulas que quedarán, nuevamente, en manos de profesionales no cualificados y sin formación en materia de salud, frente a la posibilidad de contar con profesionales expertas y formadas en salud, como son las enfermeras y enfermeros escolares" explican desde SATSE Madrid.
El 'coordinador de Bienestar'
A esta nueva figura -la del responsable de los temas relacionados con la covid-19- se suma otra: la del denominado "coordinador de Bienestar". Aunque su incorporación a la plantilla de los centros no es inmediata, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derecho Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha hecho hincapié en la idoneidad de contar con este perfil en los colegios para que vele por la Ley de Protección a la infancia y la adolescencia presentada esta semana.
No son pocos los Profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad (PTSC) y los equipos de orientación de varias regiones que se preguntan estos días qué trabajo es el que vienen realizando ellos a lo largo de años. Preguntada sobre si ya se han definido los profesionales que van a asumir el rol de coordinar "el Bienestar" de los colegios, la ministra de Educación, Isabel Celaá, responde que la ley de la infancia "requiere desarrollo parlamentario" aún y que "podremos pensar".
Los colegios oficiales de educadoras y educadores sociales aseguran que la figura que pretenden crear "ya existe y es una titulación universitaria: es la figura del educador social". El sector ha lanzado una campaña en Change.org para recoger firmas que apoyen su causa.
"Consideramos necesario acabar con el intrusismo laboral y dejar de luchar con otros colectivos por nuestros puestos especializados como profesionales de la Educación Social. Solicitamos, por tanto, que la figura para gestionar estos protocolos en los centros educativos y en los centros de menores sea la del profesional de la Educación Social".
El Consejo General de Educadoras y Educadores Sociales considera que en la bautizada por Iglesias como 'Ley Rodhes' "se deben incluir algunas mejoras como son la inclusión de educadoras y educadores sociales en los centros educativos que asuman la figura de coordinador/a de bienestar y protección, así como el desarrollo de programas de prevención del acoso y la violencia escolar y el absentismo y el abandono escolar como espacios de acción con menores y alumnado en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social".
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