La ley de amnistía va avanzando posiciones y se acerca a su aprobación en el Congreso de los Diputados. El traje legistivo diseñado por los socialistas a la medida de los líderes independentistas ha recibido este martes unas nuevas puntadas, que amplían el marco de aplicación de la amnistía y ajustan la futura norma al tallaje que viste el expresidente catalán, Carles Puigdemont.
Junts ha logrado llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para incluir al texto de la amnistía dos enmiendas transaccionales con el objetivo de blindar la vuelta a España del líder de la formación independentista. Este martes, la Comisión de Justicia, capitaneada por la mayoría del Gobierno de coalición, ha aprobado con 20 votos a favor y 17 en contra la incorporación de dichas enmiendas a la ley de amnistía.
Mientras Sánchez y sus socios presentaban el acuerdo con los independentistas, la Comisión de Justicia, que en un principio no iba a ser el organismo parlamentario encargado de valorar esta proposición de Ley orgánica, se ha convertido en el escenario elegido por varios diputados para atacar a de forma directa a jueces y al Poder Judicial.
Sumar se une a los ataques contra García Castellón
Entre los más críticos, destaca la intervención de Gerardo Pisarello, que ha recogido el testigo de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y ha arremetido públicamente contra la decisión del juez García Castellón de imputar a Puigdemont por terrorismo. El diputado de Sumar ha justificado la necesidad de ampliar la ley de amnistía como estrategia de defensa contra "la voracidad represiva y punitiva de sectores muy poderosos de las derechas políticas, judiciales y mediáticas".
Asimismo, ha hecho alusión a la existencia de 'lawfare' por parte de algunos jueces españoles a los que ha acusado de espiar -con la ayuda del PP desde las instituciones- a "adversarios políticos" cercanos al independentismo catalán, Podemos y representantes públicos como Ada Colau.
Pisarello se ha referido al magistrado García Castellón deslizando que ha llegado a actuar en favor del PP en causas judiciales como la Kitchen o Púnica. "El juez García Castellón sacó a Ignacio González del Partido Popular de la cárcel y salvó a Esperanza Aguirre de la trama Púnica. No vio ningún indicio delictivo en las actuaciones de Rajoy, archivó una causa contra el Rey, pero en cambio fabricó dosieres contra Podemos, incluido el caso Dina contra Pablo Iglesias", ha comentado.
De igual modo, el portavoz del partido de Yolanda Díaz en la Comisión de Justicia ha acusado al magistrado de ser imparcial al "pretender acusar de terrorismo a Marta Rovira o a Carles Puigdemont por una manifestación".
"¿Cómo no se va a decir que actúa como si la Audiencia Nacional fuera el viejo tribunal de orden público de tiempos del franquismo?... Determinados jueces vinculados al Partido Popular han actuado en sus decisiones como si fueran auténticos inquisidores, utilizando el Derecho Penal del enemigo contra quienes consideran adversarios. Y precisamente porque es así, criticar esas decisiones es legítimo y es necesario", ha sentenciado Pisarello.
Condena "unánime" del CGPJ
El diputado de Sumar se une, así, a las declaraciones emitidas por algunos representantes del Gobierno de Sánchez que en los últimos meses han atacado al juez García Castellón por sus decisiones al frente de la causa por Tsunamic Democratic. Acción reprendida por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial al considerar este tipo de declaraciones "contrarias al principio de lealtad institucional", al no manifestar "respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho".
Después, los independentistas han tomado la palabra para defender la ley de amnistía, no como una solución al conflicto en Cataluña, sino como devolver a la política un "debate" que consideran que nunca tendría que haber pasado por los tribunales. El portavoz de EH Bildu, Jon Ibarritu, ha defendido que García Castellón "está utilizando toda la ingeniería jurídica a su alcance llegando a límites del ridículo".
El parlamentario vasco achacado al magistrado de la Audiencia Nacional de ejercer "una guerra judicial contra el independentismo catalán" con el objetivo último de acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Las declaraciones de los representantes de ERC, Junts, EH Bildu y Sumar (partido que forma parte del Ejecutivo central) han provocado el malestar en las butacas ocupadas por PP y Vox. Los portavoces de ambas formaciones han atacado frontalmente el "secretismo" de los acuerdos entre los socialistas y Junts y han criticado la "inconstitucionalidad" de la norma.
ERC y Junts mantienen vivas el resto de enmiendas que no han conseguido aprobar este martes en la Comisión de Justicia, a la espera de acordar nuevas enmiendas transaccionales. Mientras tanto, el PSOE se muestra reticente a incluir más modificaciones al texto final de la ley de amnistía que llegará al Pleno del Congreso el próximo 30 de enero.
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