El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha participado este domingo en la presentación del programa electoral de los 'comunes' con quienes la formación morada acudirá en coalición a las elecciones del 21 de diciembre. El pasado jueves el líder de Podemos destapó la propuesta sorpresa que guardaba el partido de Ada Colau y Xavier Domènech para el arranque de campaña; el recurso contra la aplicación del artículo 155 que este lunes llevarán ante el Tribunal Constitucional.
Los 'comunes' llevaban un mes preparando el texto con expertos y constitucionalistas y son numerosas las dudas jurídicas que genera. Se trata de un recurso contra un artículo que nunca antes ha sido aplicado y que no está desarrollado. Por ello, el partido de Domènech no desvelará hasta este mismo lunes si lo que va a recurrir es la autorización que dio el Senado al Gobierno de Mariano Rajoy para aplicar el artículo 155, o recurrirá uno por uno los reales decretos dictados por el Ejecutivo para su implementación. Esto obligaría a llevarlos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
"Creemos que la utilización de este recurso es inconstitucional y no obedece a la naturaleza con la que se pensó el 155. En concreto, creemos que no permite la disolución del Parlament, ni que el presidente Mariano Rajoy se atribuyera funciones que no le son propias, como la convocatoria de elecciones", argumentó el cabeza de lista de Catalunya En Comú Podem en una rueda de prensa improvisada horas después del anuncio de Iglesias.
Estatutos de autonomía y leyes orgánicas, leyes ordinarias y actos del Estado con fuerza de ley, tratados internacionales, reglamentos del Congreso y el Senado, normas con fuerza de ley de las comunidades y reglamentos de las asambleas autonómicas. Es la lista de normas que contempla como susceptibles de recurso de inconstitucionalidad la ley orgánica del TC.
Los comunes tratarán de dotar del fundamento jurídico necesario para obligar al Constitucional a pronunciarse sobre el artículo 155 y sobre las medidas que puede y no puede aprobar el Gobierno en virtud de ese precepto constitucional. Lo que no hará en ningún caso el recurso será paralizar su aplicación, ya que quien lo presenta es un partido político y no el Gobierno, el único que puede solicitar una suspensión cautelar.
El precedente en caso de que se recurra la autorización del Senado está en la activación del estado de alamar para la militarización de los controladores aéreos ante la huelga convocada por estos. El Congreso de los Diputados dio el visto bueno al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. Después de recibir el aval del Tribunal Supremo, el TC también dio su apoyo a la medida del Ejecutivo ante un recurso presentado por el sindicato de controladores, dada "la proporcionalidad" de la medida excepción "con los importantes problemas que pretendía conjurar".
Lo cierto es que Domènech no tenía previsto anunciarlo hasta este lunes, por lo que las palabras de Iglesias generaron cierta sorpresa entre miembros de su grupo parlamentario, pues la iniciativa partía de la confluencia catalana y no del grupo confederal en su conjunto en el que también están partidos como Izquierda Unida o En Marea.
Además, también generó dudas a nivel territorial, dado el posible coste electoral que puede suponer de cara a las autonómicas y municipales de 2019, máxime en un momento en el que las encuestas reflejan un castigo a la formación morada por su postura adoptada durante la crisis separatista catalana. Desde la dirección del partido insisten en restar importancia a los sondeos y justifican su apuesta por el partido de Domènech para conseguir una "salida democrática" al conflicto.
Quienes también mostraron malestar fueron las formaciones independentistas ERC y PDeCAT por el hecho de verse excluidos de un posible recurso conjunto que venían reclamando. Los del partido del expresidente Carles Puigdemont incluso estaban convencidos de que finalmente se podrían sumar. Pero Iglesias optó por no contar con las firmas de los diputados secesionistas, ya que puede presentar el recurso en solitario al gozar de más de cincuenta parlamentarios -el límite legal-. Con esta maniobra, trataron de desmarcarse de aquellos a quienes consideran "corresponsables" de la situación que se vive en Cataluña.
Hacienda y consulta pactada
El partido de la alcaldesa de Barcelona ha elaborado un programa con la mayor parte de propuestas centradas en la agenda social, pero que también defiende una hacienda catalana propia, un referéndum pactado con el Estado o la liberación de los "presos políticos". La asamblea programática lo ha aprobado este domingo por 517 votos a favor (96%), 11 en contra y 10 en blanco.
En lo que concierne a la consulta, los de Colau y Domènech defienden que "partiendo de una propuesta surgida del acuerdo entre una amplia mayoría de las fuerzas políticas y sociales catalanas", se impulse en el Congreso de una 'ley de Claridad' que defina las condiciones del referéndum y la interpretación del resultado. También dicen apostar "por una salida al bloqueo actual que, a partir de una nueva relación bilateral con el estado, nos permita recuperar y mejorar el autogobierno de Cataluña".
En cuanto a los ex altos cargos del Govern encarcelados junto a los líderes de las entidades soberanistas, los 'comunes' reclaman "la retirada de las acciones penales iniciadas contra dirigentes políticos y representantes de entidades ciudadanas y la liberación de los que ya han sido sujetos a detención o prisión preventiva debido a aquellas acciones".
Sobre la fuga de empresas, Catalunya En Comú Podem defiende medidas que pasan por "revertir las facilidades que dio el gobierno del PP a las empresas para trasladar su sede" y "garantizar un marco de estabilidad política y seguridad económica que vuelva a hacer de Cataluña un país atractivo desde el punto de vista económico y que permita salir del estancamiento económico en el que nos hemos situado estos últimos meses".
En materia electoral, defienden la elaboración de una ley específica para Cataluña que garantice "la igualdad del valor de los votos en todo el territorio, así como la representación de esta diversidad territorial en el Parlamento". También listas cremallera alternando hombres y mujeres o la "creación de una sindicatura electoral en Cataluña" y el derecho al voto a partir de los tres años de residencia y los 16 años. En cuanto a la limitación de los mandatos, defiende dos para responsabilidades ejecutivas, y tres para las representativas.
Entre las medidas que proponen los 'comunes' a lo largo de 157 páginas, las bases del partido han dado prioridad 23 puntos entre los que se encuentran "garantizar una sanidad pública integral, implantar un sistema fiscal justo y solidario o universalizar el acceso al sistema de servicios sociales, una renta de ciudadanía".
En materia económica dan prioridad al desarrollo de un "nuevo modelo productivo; crear una banca publica; reconstruir el sector publico y democratizar los sectores estratégicos". También pretenden "impulsar una ley para garantizar el derecho a un trabajo digno, así como recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios para reactivar la economía".
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