"El consejero y alguno más va a tener que ir a los juzgados. Son muertos que nos van a caer a nosotros". Esta confesión sobre los geriátricos azotados por el coronavirus de un responsable autonómico a Vozpópuli se ha empezado a extender por las distintas Comunidades Autónomas, donde los políticos temen ahora que tengan que desfilar por los juzgados dentro unos meses ante una previsible avalancha de denuncias.
La ausencia de respuestas a las llamadas de auxilio que muchas residencias públicas de mayores elevaron a sus superiores en el mes de marzo, en muchos casos por falta de medios, es lo que preocupa a los dirigentes políticos. Por ejemplo, en algunas CCAA no hubo protocolos de actuación ni instrucciones a los directores de los geriátricos hasta que la Covid-19 empezó a dejar un reguero de muerte, según pudo saber este periódico de fuentes solventes.
La residencia Vitalia de Leganés, en la que habían fallecido 43 ancianos a falta de un día para que terminase el mes de marzo, envió una carta a la Consejería madrileña de Sanidad en la que pedía auxilio ya que 49 de sus residentes tenían síntomas de contagio por coronavirus. Cuando la Unidad Militar de Emergencias (UME) llegó dos días después se topó con once cadáveres en su cámara mortuoria abarrotada.
La directora de Vitalia detalló, por ejemplo, que desde el día 18 no se habían podido realizar ninguna derivación hospitalaria de residentes con síntomas del virus y que una semana después llegaron varias ambulancias para llevarse a cuatro enfermos, pero que éstos fueron devueltos el mismo día a la residencia "sin llegar a ser atendidos en el hospital".
También se advertía ya en ese momento de que existía una "saturación" de los servicios funerarios que hacía que se produjeran "grandes demoras" en la recogida de los cuerpos de las personas fallecidas, tal y como verificó la UME el día 28 cuando se personó en el lugar.
La propia residencia pública se encontraba, además, con la dificultad de tener a 17 trabajadores de incapacidad temporal por el virus y a otros 45 de baja sin sintomatología, pero a los que no se habían podido hacer pruebas diagnósticas para saber si estaban contagiados. En total, el 45,9% de la plantilla estaba en su casa por una causa u otra.
Con este panorama tan dramático y tras los decretos del Gobierno central de los días 19 y 21 de marzo, el centro de mayores consideró que concurrían "dichas circunstancias excepcionales para solicitar el auxilio y la intervención del centro" ante la "imposibilidad" por medios materiales y personales para cumplir con las medidas de aislamiento. Pero su grito de auxilio quedó sin respuesta en aquellos días con la mortandad disparada.
La Comunidad de Madrid informó ayer que se habían producido 2.820 muertes en residencias desde el inicio de la pandemia con PCR positiva o sospecha, aunque este último dato posiblemente iba a ser mayor porque hay un "decalaje" entre que se produce la muerte en el centro residencial y es confirmada luego por la Sanidad Mortuoria.
La oposición madrileña fue muy crítica con la gestión de la epidemia en las residencias de mayores y socio-sanitarias. "El gran escándalo de esta crisis", en palabras de la portavoz de Vox, Gádor Joya, que calificó de "vergüenza" y "escarnio" lo que, en su opinión, había sido un "abandono" de los mayores, según Ep.
"La cara más cruel de esta pandemia, producto de la política privatizadora más voraz", censuró la portavoz de Unidas Podemos-IU, Vanessa Lillo. En la misma línea, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, denunció el "mercado del low cost y del lucro" con los mayores.
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