La vida sigue casi igual siete años después de que Cataluña declarara durante siete segundos la independencia. Pedro Sánchez ha consumado este jueves su pago al separatismo. El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la ley de amnistía con 177 votos a favor y 172 en contra. Su siguiente destino es el BOE. Y ya queda en manos de los jueces, que serán quienes la apliquen. El problema es que los secesionistas avisan: "la lucha continúa". Los aliados separatistas del Gobierno ya piensan en el referéndum que ven factible dada la debilidad del Ejecutivo. Incluso se han jactado de ello.
La deriva política de Sánchez, cercado por el caso Koldo y la vertiente que apunta directamente a su mujer, Begoña Gómez, le ha llevado a mimetizar su discurso agrio contra la judicatura con el del independentismo. El líder socialista y sus aliados de Junts y ERC tienen en las togas un adversario común. El pleno -bronco, duro y plagado de gritos de 'traidores' de los diputados de Vox a la mayoría del Ejecutivo- que ha dado luz verde definitiva a la medida de gracia ha servido de cámara de resonancia contra los justicia "prevaricadora" que no se ha "democratizado" tras la dictadura y que practica "golpes" cuando la política no camina. Hasta la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha usado el recurrido eslogan de "máquina del fango" para referirse a los jueces.
Moncloa está en máxima tensión. Fuentes del núcleo duro del Ejecutivo se reconocen inquietos y piden que los togados "no interpreten interesadamente la ley". La confianza del gabinete de la Moncloa en una parte de la judicatura española es más bien escasa. Es más, se recuerda que los magistrados se manifestaron en contra de la medida de gracia.
Misma música, ritmo diferente
Por medio del debate se ha colado la música de siempre, aunque con ritmos diferentes: que si ultraderecha, filonazismo y neofranquismo hacia un lado y que si banda de traidores, corruptos y mentirosos hacia el otro. La amnistía es una grieta en la convivencia entre españoles que ha fracturado a al país en dos. Da cuenta de ello el resultado de la votación. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo la ha definido como un "intercambio de poder". Todo por siete votos. Feijóo ha clamado el "acta de defunción del PSOE". Los socialistas, a través de su diputado Artemi Rallo, han tirado del argumentario de Moncloa. Ya sabe: la amnistía es "convivencia", "reparación" y está amortizada.
El Ejecutivo confía en que no haya "influencias en ningún juez" a la hora de aplicar la ley. La alerta es grande tras trascender que el pasado lunes 20 de mayo todos los jueces españoles recibieron a través de su correo corporativo una guía contra la amnistía en la que se facilitan dos formularios para que los magistrados puedan elevar cuestiones de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales al Tribunal Constitucional (TC) y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); lo que de facto obligaría a paralizar la aplicación de la ley.
Pese a todo, Moncloa no cree que la amnistía entre en campaña como gran tema, ya que considera que las elecciones catalanas del 12 de mayo fueron un aldabonazo a la política de Pedro Sánchez respecto al independentismo que en los últimos años ha implicado una serie de decisiones cuanto menos polémicas: los indultos a los dirigentes del procés encarcelados; la rebaja del delito de malversación; el borrado del delito de sedición y la articulación de una ley de amnistía para el resto de independentistas pendientes aún de juicio, como el propio Puigdemont. Además de la compra del relato de una justicia conspiranoica con intereses políticos que practica 'lawfare'.
Lo sangrante del asunto es que ley está hecha a la medida de Carles Pugidemont tras un forcejeo para amnistiar los delitos de terrorismo, pero en el Gobierno no se fían de que todo vaya a funcionar como está previsto. Las fuentes consultadas explican que el núcleo duro de Moncloa espera algún movimiento de la la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que dirige el juez Manuel Marchena, y que torpedee la aplicación de la amnistía. Lo que está claro es que una vez la norma esté en el BOE, arranca una nueva fase plagara de incertidumbre.
