Era una votación meramente simbólica, pero sirvió para poner de manifiesto la diferencia de posturas que existe entre los distintos partidos acerca de la reforma exprés de los aforamientos que anunció este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El Congreso de los Diputados aprobó por la mínima una moción impulsada por Ciudadanos que llama a emprender una reforma urgente de la Constitución para eliminar los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno. La gran diferencia con la propuesta de Moncloa es que ésta última se limita al ámbito privado del cargo público y no a su función política.
La del partido naranja va más allá quiere acabar por completo con el aforamiento. "Lo que ustedes han propuesto es una broma al lado de la supresión de los aforamientos", espetó Rivera durante el debate de la moción. Su argumento es que al limitar al ámbito privado la eliminación del foro, los delitos de corrupción podrían verse blindados.
Por su parte, Unidos Podemos decidió abstenerse cuando Ciudadanos no aceptó la enmienda presentada por el PNV para suprimir también la inviolabilidad de la que goza la figura del Rey. Además, abrir una reforma sólo para los aforamientos se queda "muy corto" para el grupo morado. Desde el partido de Pablo Iglesias abogaban por aprovechar el cambio de la Carta Magna para suprimir también las denominadas puertas giratorias o para despolitizar la Fiscalía General del Estado.
El PP, por su parte, votó a favor para no quedar retratado como contrario a la supresión de la prerrogativa. Y lo hizo a pesar de que Ciudadanos no aceptó su enmienda que contemplaba alargar el trámite mucho más allá de los tres meses previstos por Ciudadanos en su iniciativa o de los sesenta días que maneja el Gobierno. "Rechazamos la propuesta del PNV sobre la inviolabilidad del Rey. La Corona no se toca", recalcó la diputada popular Beatriz Escudero.
La moción naranja instaba asimismo a que los parlamentos autonómicos modifiquen sus respectivos Estatutos de Autonomía para terminar con la prerrogativa de la que disfrutan también los políticos regionales. Un extremo con el que no transigieron los grupos independentistas catalanes. De momento, sólo Murcia, Canarias y Cantabria han dado pasos en este sentido.
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