Por la vía de urgencia y otorgando competencia legislativa plena a la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Así tramitará el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, medida que llevaba año y medio aplazada y que estaba llamada a ser clave para mejorar la prevención y lucha contra la corrupción.
Se trata de transponer dos directivas europeas -del Parlamento y del Consejo- aprobadas en febrero de 2014 para implementar mecanismos más transparentes y tratar de imposibilitar que surjan prácticas ilícitas en el sector. Entre las exigencias más importantes figuran la creación de un organismo supervisor de la contratación y la restricción del uso del negociado sin publicidad. España tiene pendiente el cambio desde hace meses, ya que el bloqueo institucional lo hizo imposible, y ahora se propone despacharlo en apenas 15 días.
El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del 25 de noviembre dos proyectos de ley para cumplir con Europa: el ya citado de reforma de la contratación pública y otro para adaptar la ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Llegaron a la Cámara el martes y la Mesa decidió calificarlas por el procedimiento de urgencia y trasladarlas a la Comisión de Hacienda, no al pleno. Hubo unanimidad, informan fuentes parlamentarias, por “la necesidad de aprobar la reforma cuanto antes” y porque “no había ningún defecto formal” en los escritos. “Se negoció y se habló de los plazos para presentar enmiendas y de si era mejor tramitarlo en pleno o en comisión, no hubo ningún problema en acordar esta tramitación”, añaden estas fuentes.
Los grupos tendrán ocho días hábiles, hasta el miércoles 14, para presentar enmiendas a estos proyectos de ley
La consecuencia es que solo habrá ocho días hábiles para analizar los proyectos y elaborar enmiendas, a contar desde este viernes, que es cuando se publicaron en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Se trata de articulados largos y complejos, que ocupan 233 y 102 páginas, respectivamente. Los grupos tendrán hasta el miércoles 14 para analizarlos y enmendarlos. La Mesa de la Comisión de Hacienda decidirá cuándo lo debate este órgano, aunque “si todos los partidos están de acuerdo en la urgencia, lo lógico es que lo haga en su próxima reunión”, explican desde el Congreso. De ahí pasará al Senado para su aprobación definitiva.
¿Una enmienda a la totalidad?
La única posibilidad de que el plazo se alargue, según recoge el reglamento de la Cámara, es que un grupo presente una enmienda de totalidad. En ese caso, habría de debatirse en sesión plenaria, no en Comisión. No parece probable que tal cosa vaya ocurrir, por lo que en cuestión de semanas podría quedar solventada la reforma en la que tantas expectativas se habían depositado. La medida “clave para evitar la corrupción en la contratación pública pasará, después de un año y medio de retraso en su aplicación, de forma exprés por las Cámaras y sin el imprescindible debate en pleno”, lamentan desde la Fundación Civio.
“Reclamamos que se traslade al pleno y que se permita un debate amplio, en el que la sociedad civil pueda participar y donde todos los grupos tengan tiempo para analizar a fondo el proyecto y presentar enmiendas que permitan conseguir el mejor texto posible de una ley clave”, añaden. En cualquier caso, Civio se compromete a “analizar el texto” y solicitar reuniones con los grupos parlamentarios para sugerir cambios “destinados a mejorar la transparencia de la contratación pública”. Sus prioridades, “a la espera de acceder a los detalles del proyecto”, hacen referencia a “los mecanismos de control y a medidas para lograr una rendición de cuentas efectiva”.
“Para nosotros es muy criticable este procedimiento, los proyectos van a salir deprisa y corriendo, sin hacer un debate en profundidad”, lamenta Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho. De la Nuez matiza que la reforma de la ley de contratación pública no iba a ser necesariamente la panacea contra la corrupción, porque “al final el problema muchas veces no está en las leyes, sino en su aplicación o en su falta de aplicación”: “La norma de contratos públicos se puede mejorar, se pueden estrechar los caminos hacia la corrupción, pero recordemos que la que tenemos ahora en vigor también es transposición de una directiva comunitaria anterior y los índices de corrupción administrativa no han sido precisamente iguales en todos los países”.
"Para nosotros es muy criticable este procedimiento, los proyectos van a salir deprisa y corriendo", lamentan desde Hay Derecho
Sí considera esta abogada del Estado que la reforma era “una gran oportunidad de reflexionar a fondo sobre el tema” y alumbrar un sistema con las mejores garantías. “Son dos proyectos muy importantes y no va a haber nada de tiempo para estudiarlos y tramitarlos, debería haber sido mucho más pausado, con tiempo para el intercambio de ideas, hacer aportaciones de todos…”, subraya.
Además, critica que “a España siempre le pilla el toro con la transposición de directivas, esto podría haberse iniciado mucho antes”, cosa que sería “objeto de otra reflexión”. El tema es que, por cuestión de plazos, por desidia de los partidos o por falta de ambición, el cambio legislativo saldrá adelante en un lapso de apenas unas semanas, con las fiestas de Navidad de por medio, y sin que el Parlamento le esté dando excesiva visibilidad.
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