El voto a los 16 años comienza a asomar en España. El Congreso de los Diputados aborda este martes la toma en consideración de una proposición de ley de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para rebajar la edad mínima a la que se puede ejercer el derecho al sufragio activo de los 18 a los 16 años. Los independentistas proponen una reforma de la LOREG en ese sentido, iniciativa que ya han presentado otras dos veces en lo que va de año y que tiene grandes posibilidades de prosperar. "Esperamos reunir una mayoría en torno a la propuesta, confiamos en que se repita el escenario del mes de abril", explican desde el grupo parlamentario de ERC a Vozpópuli.
En efecto, hace siete meses el Congreso avaló una iniciativa idéntica, que decayó al disolverse las Cortes el 3 de mayo. El asunto llegó de nuevo al Parlamento en octubre, a través de enmiendas que los republicanos y Unidos Podemos presentaron a la reforma impulsada por el PP para evitar elecciones en Navidad. Estos grupos aprovecharon para tratar de que se reconociera el derecho al voto a los jóvenes de 16 y 17 años, pero el PSOE rechazó participar en la operación. La convulsión interna de los socialistas hace recelar a Esquerra, aunque se dicen "optimistas" y creen que Ferraz volverá a su posición de abril: apoyar la medida "por coherencia" y "por justicia". Hace un mes no lo hicieron al entender que "no tocaba" introducirla por la puerta de atrás, como pretendían Joan Tardá y Pablo Iglesias. El Grupo Socialista no anunciará su decisión antes de la reunión que mantiene este martes en el Congreso (14h).
Los populares se oponen frontalmente al cambio y Ciudadanos cree que debe abordarse dentro de una reforma amplia del sistema electoral, por lo que ERC necesita granjearse el apoyo del resto del hemiciclo para que su iniciativa salga adelante. Así ocurrió en la anterior legislatura, cuando, a excepción de PP, Ciudadanos y de un PNV que optó por la abstención, todos los partidos con representación parlamentaria votaron a favor. Panorama que puede reeditarse.
Los independentistas se acogen a una resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que emplaza a reforzar la democracia permitiendo el sufragio activo de los jóvenes de 16 y 17 años. Fue aprobada en 2011, pero la inmensa mayoría de la UE sigue manteniendo la barrera electoral en los 18. En realidad, el voto a los 16 es una excepción en el mundo desarrollado, aunque se encuentre en cierta expansión en los últimos años. En vigor lo tienen ya Brasil, Ecuador, Hungría, Austria, Noruega o algunos länder alemanes, tal y como recuerda Esquerra en la exposición de motivos de su iniciativa. Igualmente, cita al Consejo de Europa para defender que esta medida combatiría la “marginación de la juventud en el proceso político”, algo que tenderá a agudizarse por la evolución democrática del continente: el nicho de los más jóvenes “corre el riesgo de ser dominado por cuestiones principalmente de interés para personas de mayor edad”.
La UE recomendó la medida en 2011, aunque son minoría los países del mundo desarrollado que la han aprobado
Lo que este martes vota el Congreso es la toma en consideración de la propuesta, para lo cual a ERC le basta con obtener mayoría simple -sumar más 'síes' que 'noes'-. La reforma final, en cambio, requerirá de mayoría absoluta porque se trata de cambiar una ley orgánica. Es decir, si PP, Ciudadanos y PNV mantienen sus posturas hasta el último momento, Esquerra necesitará el 'sí' de todos los demás parlamentarios para poder sumar 176 votos.
En primavera, los republicanos recibieron el aval de esos partidos y salvaron el primer trámite con holgura (174 votos a favor, 144 en contra, 6 abstenciones y 26 ausencias). La iniciativa quedó enterrada -como todas las demás aprobadas en la XI Legislatura- por la falta de investidura y la consiguiente repetición de las elecciones generales. Ahora, la correlación de fuerzas ha cambiado en favor del centro derecha y Esquerra tiene menos margen para sacar adelante sus planes.
Incidencia relativa
Gabriel Rufián será el encargado de defender la proposición de ley desde la tribuna de oradores. De recibir un apoyo mayoritario, se abrirá la puerta a una ampliación del censo electoral que tendría gran carga simbólica pero limitados efectos prácticos. Afectaría a poco más de 700.000 ciudadanos (el 2% del censo), pertenecientes al nicho de los jóvenes, el que mayores índices de abstención presenta. “No habría cambios trascendentes”, explica el consultor político Pau Canaleta. Los más beneficiados serían “partidos de izquierda, como Podemos o ERC, y también Ciudadanos”, pero en una proporción que “no alteraría sustancialmente el escenario”. Canaleta cree que “la reforma sí hubiera sido decisiva en otras épocas, pero no con la pirámide poblacional que España tiene actualmente”.
Además, explica que “el comportamiento electoral nos dice que el grupo de quienes pueden votar por primera vez tiende a participar más en ese momento que en años sucesivos”. Es decir, “se movilizan la primera vez, también la segunda, pero luego tienden a desaparecer hasta que superan la treintena”. Esto ocurre así, continúa el consultor, “salvo en momentos de especial agitación juvenil por la expectativa de un cambio que les involucra, como ocurrió en Estados Unidos con Barack Obama, o en España en las generales del 20D”.
El censo se ampliaría en poco más de 700.000 votantes, una crecida del 2%
En general, tras las primeras participaciones, los jóvenes “tienden a ver frustradas sus expectativas porque votan muy en clave de presente, demandando respuestas inmediatas”. El retorno a las urnas se produce cuando ya atienden “criterios más largoplacistas que tienen que ver con sus perspectivas profesionales o familiares”. Canaleta considera que el voto a los 16 años “es un debate que se reproduce cíclicamente, en Cataluña se dio ya con el Gobierno de Pasqual Maragall”, que “habitualmente la hacen los partidos de izquierdas” y ante el que “no hay perspectiva de consenso”.
Víctor Alonso Rocafort, doctor en Ciencia Política, percibe “un problema de raíz que tiene que ver con la concepción de la ciudadanía”. Se remonta a Aristóteles, quien defendía que “las mujeres y los niños eran ciudadanos incompletos, cosa que se le criticó mucho desde Mario Fabio Quintiliano”, para opinar que ahora en España hay espacios de “ciudadanía excluida”. Uno lo conformarían los extranjeros -“no gozan en plenitud de todos los derechos de ciudadanía”; otro, los jóvenes de 16 y 17 años -“forman parte de la población activa, pueden trabajar, pero no votar”-; y sigue estando presente “la necesidad de incorporar las demandas de la población infantil, de atenderlos” aunque carezcan de derecho al voto.
Rocafort, que es coordinador de los diputados de Izquierda Unida en el Congreso, vería como “un avance democrático” reconocer el sufragio activo a partir de los 16 años, “como lo fue rebajar la mayoría de edad de los 21 a 18”. Pero reduce su impacto y afirma que es imprescindible adoptar en paralelo “medidas en aras de una democracia más participativa, empezando por facilitar la participación en política con una reducción de la jornada laboral”.
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