La Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad que fija excepciones para poder cazar y pescar especies exóticas invasoras ha sido aprobada este lunes en el Congreso, después de que el texto haya contado con el voto a favor de PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT, los votos en contra de Unidos Podemos, Compromís y ERC y la abstención del PSOE. El texto iniciará ahora su trámite en el Senado.
La Ley nació con el objetivo de sortear una sentencia del Tribunal Supremo en 2016, por la que se incluyó ciertos animales en el catálogo del Ministerio de Medio Ambiente de especies invasoras -como la trucha arco iris o el cangrejo rojo- que son una amenaza grave para la biodiversidad autóctona, por lo que se prohíbe cualquier actividad cinegética, piscícola o comercial relacionadas ellos.
En concreto, el texto presentado por los 'populares' busca permitir la caza y la pesca, para su control y erradicación, de aquellos animales en áreas ocupadas antes de 2007, año en que se promulgó la primera regulación de esta materia.
"En la modificación de la ley se seguirá considerando que las especies exóticas invasoras para las que exista suficiente información científica deberán ser catalogadas, pero se permitirá que en aquellas áreas ocupadas antes de 2007, año en que se promulgó la primera regulación de esta materia, se podrán utilizar todas las modalidades de caza y pesca para su control o erradicación", apunta el PP en la exposición de motivos de este texto.
Sin embargo, un fallo en la votación de enmiendas, por parte de PDeCAT y PNV, ha permitido la aprobación de una enmienda de Unidos Podemos para eliminar el apartado que, precisamente, permitía la caza y la pesca de las especies ocupadas antes de 2007, uno de los pilares de esta norma. Este texto, previsiblemente, se volverá a restituir a su paso por la Cámara Alta, con mayoría absoluta del PP. "Ha habido un error de concepción", ha alegado el portavoz de la formación catalana, Toni Postius.
La portavoz de los 'populares' en esta materia, Teresa de Lara, ha defendido que, aunque las especies exóticas invasoras están entre los "principales causas de pérdida de biodiversidad", no se puede comparar a las que se han asentado en el ecosistema español desde hace años y que "no suponen ya ningún daño al medio ambiente", con las que han ido apareciendo más recientemente.
Además, De Lara ha explicado que esta situación supone grandes pérdidas económicas y de empleo en aquellas zonas en las que la caza y la pesca son un sector económico de importancia. En este sentido, destacan la situación del medio rural y en aquellos pueblos que, según ha advertido, por este tipo de situación "pueden desaparecer".
El portavoz del PSOE en esta materia, Gonzalo Palacín, ha reconocido que el camino elegido por el PP para reformar este texto "no es el más idóneo" y cree que hubiera sido más eficaz un proyecto de Ley desde el Gobierno o complementar al texto "planes de gestión por parte de las comunidades autónomas" para gestionar especies concretas.
A Equo solo le vale el enfoque científico
Palacín ha explicado que, con las enmiendas planteadas por los socialistas se pretende "reducir el impacto negativo de las especies exóticas" en la biodiversidad del país. Además, su intención era que cualquier decisión acerca de estas especies incluya un informe científico, pero también un enfoque económico y social.
En este punto, los socialistas chocan con Unidos Podemos. Su portavoz en esta comisión, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde, ha criticado que se introduzca en esta nueva ley la justificación económica para desclasificar a una especie invasora, frente al informe científico que, a su juicio, es el único que debería prevalecer para conservación del medio ambiente.
López de Uralde ha señalado que se trata de una reforma "innecesaria" que "abre la puerta a una de las mayores amenazas de la biodiversidad" como son las especies exóticas invasoras. A su juicio, se trata del culmen de la "contrarreforma medioambiental del PP" que, según ha señalado, tiene "siempre motivaciones económicas".
Desde Ciudadanos, su representante, Miguel Ángel Garaulet, ha celebrado que esta norma sea "beneficiosa" para todo el mundo, mientras que su homólogo de ERC Francesc Xavier Eritja, ha denunciado que el texto responde a "intereses privados y sectoriales".
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