La Mesa del Congreso acordó en su reunión del pasado miércoles dar los primeros pasos para la constitución de la Oficina de Conflicto de Intereses de los diputados, una de las medidas principales del nuevo Código Ético. Fuentes del órgano de gobierno de la Cámara han informado a Efe de que en la sesión de esta semana se decidió encargar a los servicios jurídicos la redacción del futuro diseño de esta Oficina, lo que supone precisar el número y el perfil de sus integrantes.
El informe debe estar listo la semana que viene para que la Mesa lo supervise en la reunión, todavía sin fecha concreta. Igualmente, añaden las fuentes de la Mesa, los servicios jurídicos habrán de presentar el borrador del formulario que los diputados tendrán que rellenar para garantizar que no tienen intereses económicos con ningún sector o que no los tuvieron.
Son los primeros movimientos, por tanto, para dar forma a una de las medidas más destacadas del Código Ético que la expresidenta del Congreso Ana Pastor dejó aprobado antes de la disolución de las Cortes por la convocatoria electoral. El texto del Código, tras el visto bueno de la Mesa de la pasada legislatura, se ha enviado al Consejo de Europea. Porque fue precisamente el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) el que planteó la necesidad de que el Parlamento español redactara y se guiara por un Código que salvaguardara de posibles malas praxis.
España se encontraba en una posición muy precaria en comparación con otros países de su entorno. Pastor inició un proceso de redacción y apeló al consenso de los grupos parlamentarios, pero los plazos se fueron consumiendo y la expresidenta optó por presentar un borrador por iniciativa propia. La Mesa lo avaló tras cambios puntuales. Este Código, de carácter vinculante, regula qué hacer en caso de conflictos de intereses de los diputados, es decir, cuando determinadas actuaciones o decisiones pudieran cuestionar su objetividad e independencia.
Propone la presentación de una declaración de intereses económicos en la que se constarán las actividades económicas pasadas, incluidas las referencias a la identidad de los pagadores, y los regalos u obsequios recibidos, incluidos viajes o, por ejemplo, asistencias a eventos deportivos o culturales. Asimismo, los diputados deberán hacer pública su agenda y, por tanto, las reuniones que tengan y con quiénes las tengan.
Son algunas de las propuestas incorporadas al Código, que plantea también la creación del organismo que asumirá la vigilancia de las conductas y las actuaciones a emprender si hubiera conflicto. Esta Oficina, según señala el documento, se encargará de "resolver las dudas de interpretación" que ocasione la aplicación del Código y cotejará la veracidad de las declaraciones hechas por los diputados.
Grado de cumplimiento
Una vez al año, presentará un informe sobre el grado de cumplimiento del texto y lo trasladará a la Mesa, que revisará los casos de conflicto detectados. Según indica el Código, los que hayan generado "dudas de interpretación" serán "confidenciales". Asimismo, en supuesto de infracción, la Oficina intervendrá con los oportunos informes y con recomendaciones sobre sanciones.
El Código apenas perfila la estructura de la Oficina y tan solo sitúa al frente de la misma al letrado de la Comisión del Estatuto del Diputado, pero no precisa más salvo que contará con una "unidad de apoyo" y que la integrará "personal de las Cortes Generales". Concretar quiénes y cuántos formarán tal unidad es lo que pretende aprobar el Congreso cuanto antes.
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