La mayoría que suman el PSOE y Unidas Podemos en la Mesa del Congreso ha avalado este martes el escrito del Gobierno negando su autorización para el debate de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por Jusapol, la plataforma que agrupa a policías y guardias civiles para pedir la equiparación salarial. Ese veto ha motivado una manifestación de decenas de policías frente a las puertas de la Cámara.
La votación no ha sido unánime, ya que tanto el PP como Vox han votado en contra alegando que nunca se había vetado una iniciativa ciudadana que cumple los requisitos formales y recordando que esta propuesta sí pudo ser tramitada en 2018 e incluso llegó a ser tomada en consideración por el Pleno.
Una iniciativa ciudadana no se veta nunca
"Todas las iniciativas tienen su valor pero las que vienen de los ciudadanos más si cabe", ha comentado, por su parte, la vicepresidenta segunda del Congreso y diputada del PP, Ana Pastor, quien ha mostrado su incredulidad por que el Gobierno de Pedro Sánchez votara hace unos meses a favor de la misma y ahora, sin embargo, la rechace.
Para Ignacio Gil Lázaro, diputado de Vox y vicepresidente cuarto de la Mesa, este veto del Ejecutivo porque consideran que no tiene "la más mínima fundamentación jurídica". El partido que lidera Santiago Abascal ha anunciado incluso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Desde el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos justifican el veto en que la ILP no se puede desarrollar porque resulta "insostenible" igualar las nóminas con el conjunto de autonomías y municipios, ya que cada administración tiene sus competencias en esta materia.
Interior se escuda en que ya está llevando a cabo el acuerdo sobre equiparación salarial que se firmó con las organizaciones representativas de la Policía y la Guardia Civil cuando gobernaba el PP, y ya sólo queda por ejecutar el tercer y último tramo. "Ya se está haciendo un esfuerzo muy grande que supone una subida de media del 20%", sostiene el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Por contra, Jusapol relaciona este veto con "el chantaje del independentismo radical". Según esta plataforma, que integra a Jupol, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo que ha hecho es "abandonar" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Jusapol y sus marcas en Policía (Jupol) y Guardia Civil (Jucil) han anunciado una campaña de movilizaciones "más efectivas y contundentes" contra esta decisión que, en su opinión, "consolida el desprecio" del Gobierno de Pedro Sánchez hacia ellos. Este mismo martes, coincidiendo con el estudio del escrito del Gobierno en la Mesa del Congreso, se producirá una primera manifestación en la Carrera de San Jerónimo.
Conforme a la Constitución, el Gobierno tiene capacidad para vetar el debate de iniciativas legislativas si considera que supone una alteración de los Presupuestos, ya sea por un incremento de gasto o por un descenso de los ingresos, y lo habitual es que la Mesa del Congreso lo asuma.
Hace tres años, PSOE y Podemos protestaban por los vetos
Así, la Mesa que dominaban PP y Ciudadanos aceptaba los vetos del Gobierno de Mariano Rajoy, mientras PSOE y Unidas Podemos les acusaban de bloquear las iniciativas de oposición, y ahora la situación se ha dado la vuelta.
En noviembre de 2018, el PSOE y el PP sí aceptaron en el Congreso que se tramitara la ILP presentada por Jusapol, aunque matizaron que lo hacían por respeto a las 550.000 firmas ciudadanas que respaldaban la propuesta y ya anunciaron enmiendas para no invadir competencias autonómicas y preservar el acuerdo firmado con los sindicatos y asociaciones entonces más representativos, pacto que Jusapol siempre ha rechazado.
El PSOE defendió entonces que la propuesta original era "contraria a preceptos constitucionales" y "abría diferencias entre funcionarios del Estado" que también cobran sus sueldos dependiendo del criterio de las administraciones autonómicas y locales.
El entonces líder de Ciudadanos, Albert Rivera, fue uno de los mayores defensores de la ILP de Jusapol al entender que era buena para la "integridad salarial pero también la física", poniendo fin a la discriminación del hasta el 30% en detrimento de los funcionarios de la Policía y la Guardia Civil que "luchan contra el terrorismo, la corrupción y frenaron un intento de golpe de Estado en Cataluña".
Unidas Podemos también aceptó la tramitación, mientras que los partidos nacionalistas e independentistas evitaron respaldarla denunciando invasión de competencias..
En julio de 2019, el Ministerio del Interior comunicó que se plantaba en los 807 millones en tres años (2018-2020) del acuerdo de equiparación salarial entre policías, tras entregar a los sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil el informe de la consultora externa que analizaba si la cifra comprometida era suficiente o se tenía que recalcular al alza. Este informe fue objeto de protestas y, además, entre ambos Cuerpos han surgido diferencias por el reparto del dinero.
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