El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la toma en consideración de la primera iniciativa legislativa popular (ILP) de este mandato, impulsada por UGT y CCOO para implantar una renta mínima en España. Tras reunir el apoyo de casi 700.000 ciudadanos, los sindicatos pactaron con el PSOE los detalles de la propuesta, que ha defendido desde la tribuna Rafael Simancas. Además de los socialistas, han votado a favor de tramitarla Unidos Podemos, ERC, PNV, PDECat -antigua Convergència-, Compromís, EH Bildu, Nueva Canarias y Coalición Canaria. Solo se han opuesto los parlamentarios de PP -incluidos los de UPN y FAC, socios electorales de Rajoy pero incluidos en el Grupo Mixto- y Ciudadanos.
"¿Les vamos a decir a los españoles que hemos gastado 40.000 millones en rescatar a la banca especulativa y no podemos gastar 12.000 millones en rescatar a 700.000 familias pobres?", ha argumentado Simancas al explicar la ILP. El portavoz de Empleo del Grupo Socialista cree que es una medida "de alcance" que alumbran "dos instituciones que constituyen pilares fundamentales" a la hora de "defender los derechos de los trabajadores". UGT y CCOO han estado "sometidas a la valoración critica de buena parte de la sociedad" en los últimos tiempos, pero siguen siendo "claves" en el sistema, ha añadido. Los secretarios generales de ambos sindicatos, Josep María Álvarez e Ignacio Fernández Toxo, escuchaban desde la tribuna de invitados.
El PSOE considera que la iniciativa "trata de tejer una red última de protección social para quienes se encuentran en el paro y han agotado los recursos". Se propone instaurar un subsidio de 426 euros para desempleados que lleven más de un año inscritos como demandantes de empleo y hayan agotado sus prestaciones, aunque tal cantidad puede verse ampliada en función de las circunstancias familiares. La ayuda sería indefinida y vinculada a la búsqueda de trabajo, incluyendo un régimen sancionador para posibles incumplidores.
Es "un propósito que responde a un doble escenario", según Simancas: el "coyuntural" de los efectos provocados por la crisis y el "estructural" del cambio de paradigma que provocan los avances tecnológicos. Los socialistas quieren que la renta mínima palíe la situación de desigualdad, que según sus datos hace que en España haya 700.000 familias sin ingresos, seis millones de trabajadores pobres que cobran menos de lo establecido en el salario mínimo, 13 millones de ciudadanos por debajo del umbral de la pobreza, 3’5 en situación pobreza severa o dos millones de niños pobres. "Un panorama social insoportable".
¿Les vamos a decir a los españoles que hemos gastado 40.000 millones en rescatar a la banca especulativa y no podemos gastar 12.000 millones en rescatar a 700.000 familias pobres?
Además, el PSOE afirma que la revolución tecnológica está destruyendo más empleos de los que construye a nivel global y es necesario tomar medidas como esta. Simancas ha subrayado que es una renta vinculada "a la búsqueda de empleo", "una nueva prestación no contributiva" que quieren se considere "como un nuevo derecho subjetivo en el ámbito de la Seguridad Social financiado en los Presupuestos Generales del Estado". También ha marcado distancias con la intención de Podemos de establecer una renta "indiscriminada" para los mayores de edad.
Los socialistas creen que el coste de la medida (12.000 millones anuales en la estimación más pequeña; 50.000 en la mayor) es asumible. "¿Lo comparamos con los 40.000 millones que hemos destinado a rescatar a la banca especulativa en apuros?", ha argumentado su portavoz de Empleo. Simancas también asegura que la renta mínima contribuiría a reforzar la "estabilidad democrática", en tanto en cuanto dejaría de tirarse de "la cuerda de la desigualdad".
PP: "No es viable"
Desde el PP le ha respondido la diputada Susana López Ares, muy crítica con un PSOE que en su última etapa en el Gobierno legó "tres millones y medio de parados" y ahora tiene el "valor de hablar de desigualdad y de desempleo". Las referencias de los socialistas a la tecnología recuerdan a López Ares a las actuaciones cinematográficas de "Paco Martínez Soria", donde se ponía "en ridículo el crecimiento económico y las nuevas tecnologías".
El PP cree que de la medida podrían llegar a beneficiarse "ocho o diez millones" de españoles, provocaría un "efecto llamada" en los países del entorno e incluiría en el Presupuesto "un gasto estructural" inasumible. Para financiar el subsidio, ha dicho López Ares, habría que reducir las partidas de "pensiones", "servicios sociales" o "transferencias" a las autonomías o bien "incrementar los impuestos" castigando a familias y empresas. "No es viable", ha remarcado su portavoz en el debate, que ha acusado al PSOE de hacer "demagogia" con el asunto, recordando argumentos de su nuevo gurú económico, José Carlos Díez, contra la renta básica. El PP apuesta por combatir las desigualdades articulando "soluciones reales a los problemas y no castillos en el aire".
En el mismo sentido se ha manifestado Toni Roldán, de Ciudadanos, para quien la ILP que hoy se ha tomado en consideración demuestra que el PSOE opta por "podemizarse" y se aleja de propuestas realizables. "En el mundo tenemos suficiente populismo", ha indicado a la bancada socialista para emplazarles a cambiar de actitud. A su juicio, la renta mínima es "antiliberal y antiprogresista", imposible de financiar y encaminada a construir una "sociedad rentista" alejada de lo que busca Ciudadanos: "Prefiero ofrecer oportunidades que pagas".
Ciudadanos cree que la medida está encaminada a construir una "sociedad rentista" y apuesta por "ofrecer oportunidades" antes que "pagas"
Desde Unidos Podemos, Segundo González ha pedido que en la tramitación se amplíe la cobertura de la ayuda para que llegue a más gente y su cuantía avance hasta los 860 euros mensuales. "España ya está rota, y la han roto ustedes con sus políticas y nosotros hemos venido para coserla", ha señalado al Grupo Popular. A su entender, la votación de hoy evidencia que era posible una "alternativa" al Gobierno de Rajoy y "Susana Díaz y Javier Fernández" lo evitaron. Podemos se felicita de que el Congreso haya decidido "abrir el camino al debate y la reflexión" sobre la que fue su medida estrella en los inicios del proyecto de Pablo Iglesias.
Coalición Canaria, PNV y PDECat están a favor de que se aborde la cuestión, cada uno con sus argumentos, mientras Compromís y ERC le dan un apoyo sin ambages. La ILP ha superado el primer trámite, pero ahora se inicia el periodo de enmiendas en comisión -que durará meses- y tendrá que volver al pleno para ser aprobada. El Congreso también ha avalado hoy la tramitación de una propuesta del PP para reformar la ley de Jurisdicción Voluntaria y dos proposiciones no de ley: una para impulsar la competitividad a través de la FP y otra para fomentar la conciliación y corresponsabilidad "como aspectos inescindibles en la erradicación de la discriminación entre mujeres y hombres".
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