Las pesquisas que ha puesto en marcha la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a raíz del polémico contrato falso de Room Mate por más de medio millón de euros apuntan a la posible comisión de un delito de falsificación de documento público, según fuentes regionales consultadas por Vozpópuli.
La Consejería de Políticas Sociales, dirigida por Ciudadanos, ya cerró la investigación interna después de admitir un "error humano de carácter administrativo" de una funcionaria, pero desde Presidencia se mantiene otra abierta para saber con exactitud qué ocurrió y si hubo más funcionarios implicados. Por el momento, en el despacho de Ayuso se constata "poca colaboración" en el consejero naranja Alberto Reyero.
El Código Penal establece penas de prisión de tres a seis años y una inhabilitación muy similar -de dos a seis años- para la autoridad o funcionario público que cometa falsedad "alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial" o bien, "simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad".
Ciudadanos zanjó la semana pasada la polémica del falso contrato de Room Mate transformando el cese del alto cargo de la Consejería de Políticas Sociales señalado por este controvertido suceso en una dimisión del propio afectado. Con ello, se sorteó el veto a dicha destitución que insinuó Ayuso en sede parlamentaria mientras no concluyese la investigación interna.
El secretario general técnico de Políticas Sociales, Miguel Ángel Jiménez, fue el alto cargo 'sacrificado' por Reyero por la polémica que provocó que apareciese y desapareciese en cuestión de minutos un supuesto contrato regional con Room Mate por más de 565.000 euros... justo el día que saltó el caso del alojamiento de Ayuso en uno de los hoteles que tiene el empresario Kike Sarasola en la capital.
La investigación de Cs
El consejero de Cs entrevistó al secretario general técnico al que se le enseñó la puerta de salida y a todos los trabajadores que estaban bajo su mando para esclarecer los motivos que llevaron a una funcionaria a cometer el citado error. Tras ello, elaboró un informe que sintetizó al resto de miembros del Ejecutivo madrileño en la reunión de la pasada semana y del que, por el momento, se desconoce su contenido.
La citada funcionaria, de la que tampoco se conoce su nombre y que no ha sido apartada de su puesto, admitió desde el principio su culpa, aunque fue su superior quien asumió el precio de la destitución ya que sobre él recaía la supervisión de las fichas de los contratos que Políticas Sociales sube cada día al portal de contratación de la Comunidad de Madrid.
Sobre la formación naranja recayeron desde el inicio las sospechas de una posible 'mano negra' para perjudicar a Ayuso, tal y como reveló Vozpópuli tras hablar con fuentes de la Presidencia madrileña, ya que Reyero sintió hace unas semanas la soga de la destitución cuando la presidenta le advirtió de posibles irregularidades en la gestión de los geriátricos durante la pandemia del coronavirus.
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