Aunque Ciudadanos y el PP no terminan por romper su relación de socios en el pacto de investidura, lo cierto es que la formación naranja no cesa en denunciar los incumplimientos por parte del Gobierno en algunos de los puntos clave recogidos en el acuerdo que catapultó a Mariano Rajoy a Moncloa. En las últimas semanas varias son las peleas de 'amigos' que han protagonizado ambos partidos, una tensión que ha terminado afectando, incluso, a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que se encuentran "congelados" hasta que el PP "cumpla con su palabra".
Si el miércoles sumaban una nueva polémica al no ponerse de acuerdo en cómo reformar la LOREG, este jueves continúan su particular lucha en el Senado, donde el PP ha llamado a comparecer a las dos autoras del informe del Tribunal de Cuentas que no dio el visto bueno a las cuentas de Cs en 2015. Estás son las últimas cinco trifulcas entre los socios de Gobierno:
Ley electoral
Ciudadanos ha cerrado su primera ronda de reuniones con las principales fuerzas políticas para promover una reforma electoral "más proporcional" de cara a las elecciones generales de 2020 con la negativa del PP y con una propuesta propia de los populares para reformar otros aspectos de la ley. Eso sí, en el marco de la subcomisión.
Y es que los populares se han situado en la misma línea de los socialistas, que dieron un portazo a la formación naranja la semana pasada al considerar que existe ya una subcomisión en marcha creada para abordar los cambios en materia fiscal.
Aunque los de Rivera no se han mostrado descontentos con algunas de las medidas a modificar planteadas por el PP, sí han asegurado que estos "incumplen" en el asunto nuclear de la reunión: la proporcionalidad.
Reforma fiscal
A falta de la votación final, el PP ya ha anunciado que se opondrá a la toma en consideración de la proposición de ley de Ciudadanos para reformar el Ministerio Fiscal y que el Congreso tenga la última palabra en el nombramiento y cese del fiscal general del Estado, una votación que se llevará a cabo este jueves con la negativa de PSOE, PNV, ERC y PDeCAT y el único apoyo de Unidos Podemos, pese a que ya anunciado su intención de enmendar el texto.
Mientras que los dirigentes de Ciudadanos no se han cansado de recordar que la reforma estaba incluida en el punto 143 del acuerdo de investidura, los populares han terminado dando la espalda a la iniciativa argumentando que Cs "se apropia de los trabajos" del Pacto de Estado por la Justicia, que esta formación abandonó, una forma de actuar que consideran "desleal".
Pacto Educativo
En plena escalada de tensión con los partidos nacionalistas y sin que se haya formado aún Gobierno en Cataluña, la formación naranja ha instado a su socio de Gobierno a cumplir con la propuesta anunciada por el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, para que los padres y madres de los alumnos tengan la libertad para elegir el castellano como lengua vehicular de sus hijos en los centros escolares catalanes, un asunto que consideran "innegociable" para alcanzar el ansiado pacto nacional a nivel educativo.
La presión para garantizar el uso de esta lengua en la escuela pública catalana coincide con la sentencia del TC que tumba la denominada 'vía Wert' para escolarizar en castellano a través de fondos públicos, un sistema al que Cs califica de "cobarde". ¿Cómo piensa el Gobierno garantizar que esta lengua sea vehicular junto al catalán a partir del curso 2018/2019 en las escuelas públicas y concertadas de Cataluña?, pregunta una y otra vez el partido liderado por Rivera.
Financiación irregular
En las últimas semanas, el conflicto entre ambas formaciones también se ha trasladado a las comisiones sobre financiación irregular creadas en las Cámaras para 'bucear' en las cuentas de uno y otro partido. Pese a su resistencia inicial, los populares se vieron forzados a apoyar la creación de una comisión en el Congreso destinada a estudiar su presunta financiación irregular.
El foro, que terminó constituyéndose el 11 de mayo del año pasado, encontró respuesta en el Senado, donde el PP, gracias a la mayoría absoluta con la que cuenta, creó una comisión paralela para investigar la financiación de todos los partidos políticos. Esta se constituyó el 6 de junio y fue abandonada por PSOE, Podemos, ERC y Ciudadanos al tacharla de "farsa".
Si la pasada semana la sesión se centró en las comparecencias de ex afiliados a Cs, este jueves será el tesorero del partido el llamado a comparecer, además de las dos autoras del informe del Tribunal de Cuentas que no dieron el visto bueno a las cuentas de Cs. Para contrarrestar, los de Rivera han llamado a Francisco Granados a la Cámara Baja.
'Castigo' a Barreiro
"El PP arrastra los pies en materia de corrupción". Como si se tratara de un mantra los dirigentes de Ciudadanos han insistido una y otra vez que no apoyarían al Gobierno en los PGE si este no cumplía con los 'castigos' a los imputados, como es el caso de la senadora Pilar Barreiro.
El PP se comprometió con su socio en el pacto de investidura a que no habría ningún imputado por corrupción ni en el Congreso, ni en el Senado, ni en el Ejecutivo, por lo que Cs exige la salida de Barreiro -imputada por el caso Púnica- para poder negociar los presupuestos.
"El acuerdo estará congelado hasta que la señora Barreiro deje su acta de senadora. Cs podría esperar, pero los españoles ya no. Esperamos que el PP no nos vuelva a hacer pasar por el mismo espectáculo que tuvimos que pasar con Murcia", le han advertido en reiteradas ocasiones.
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