Seis días duró como ministro de Cultura Màxim Huerta en el primer Gobierno de Pedro Sánchez en junio de 2018.
El Confidencial desveló que Huerta había defraudado a Hacienda 218.322 euros a través de una sociedad creada para pagar menos impuestos. Aunque Sánchez decidió mantenerle en un primer momento, su recentísima moción de censura se había basado en la corrupción del PP y en presentarse como adalid de la ejemplaridad. Y le perseguía la hemeroteca. El 9 de febrero de 2015 Pedro Sánchez aseguró en una entrevista en Telecinco: "Es inmoral tener al número tres de tu organización que ha creado una sociedad interpuesta para tributar la mitad de lo que le correspondería. Esa persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva", en respuesta al escándalo de Juan Carlos Monedero, que dimitió meses después de todos su cargos en Podemos.
Estos estándares se relajaron poco después: ni Pedro Duque ni Nadia Calviño dimitieron cuando se descubrió en septiembre y noviembre de 2018, respectivamente, que habían tenido sociedades de este tipo.
Ahora mismo, el Gobierno de Sánchez está cuestionado por la trama Koldo y el propio Sánchez por las acusaciones de corrupción de su mujer y de su hermano. El caso de Begoña Gómez, imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tiene además la particularidad de que el pasado noviembre creó una sociedad.
Gómez es una profesional que crea una sociedad de la que es única accionista y administradora y que no tiene empleados. Son sociedades que suelen crearse con el objetivo de pagar menos impuestos y están bajo especial vigilancia de la Agencia Tributaria (AEAT), que persigue con insistencia a profesionales, deportistas, artistas y periodistas por esta práctica.
Precisamente ahora se celebra la Campaña del Impuesto sobre Sociedades y Gómez tiene para presentar declaración hasta el 25 de julio.
Nada se sabe sobre la situación fiscal de la mujer del presidente del Gobierno, que no ha enseñado sus declaraciones del IRPF tras ser cuestionada, ni tampoco ha sido analizado este ángulo por el informe que la UCO entregó al juez Peinado y que Sánchez esgrimió en el Congreso el 22 de mayo para sostener que no hay ningún indicio de delito en la conducta de su mujer.
A diferencia de la causa que se sigue contra su hermano, David Sánchez, en un Juzgado de Badajoz, que tiene uno de sus puntales en la situación fiscal de este alto cargo de la Diputación de Badajoz que no presenta IRPF desde 2021 y pretende ser residente fiscal en Portugal, a la vez que ha tenido un incremento patrimonial no justificado. Lo que la Agencia Tributaria no había inspeccionado hasta ahora.
Con todo, las contingencias fiscales de Begoña Gómez, incluidas las de su sociedad, van a estar en el punto de mira con la investigación del juez Peinado en marcha. Otra incógnita de sus actividades es si ha tributado en Donaciones como debería por el software de la Complutense del que se apropió.
Debe tributar por Donaciones
El uso comercial para sus negocios personales que ha hecho Begoña Gómez del software que desarrollaron Telefónica, Indra y Google para la Cátedra de la UCM que dirige tiene consecuencias fiscales, según han advertido inspectores de Hacienda y fiscalistas a Vozpópuli. Explican que la mujer del presidente del Gobierno debe tributar en Donaciones, un impuesto que compete a la Comunidad de Madrid, por esta apropiación de un software cuyo desarrollo costó al menos 150.000 euros.
Para que haya una donación, tiene que haber una cesión gratuita con ánimo de liberalidad y a un particular, y tributa por Grupo IV (extraños).
Si la transmisión hubiera sido a la universidad, tributaría en el Impuesto sobre Sociedades. Más allá, si aun habiéndose transmitido a la universidad, ésta lo ha transmitido al particular (de forma gratuita y con ánimo de liberalidad) hay una donación.
Inspectores y fiscalistas dudan mucho de que Gómez haya tributado, porque sería reconocer que le han donado el software. Si la UCM consintió, debería haber tributado ella o su sociedad, que ofrecía el software sin pagar por ello.
Si la Complutense no consintió, que es lo que ha venido a decir, entonces Gómez se lo quedó motu proprio, pero también debería haber tributado.
Es raro que haya una donación sin consentimiento, pero si la fuente de la donación no pone pegas, está consintiendo, aunque sea por omisión.
Si quien se ha beneficiado del software es la sociedad y no Gómez, no tributaría en Donaciones sino en Sociedades.
"Muy mala idea"
A los inspectores consultados les parece "muy mala idea" y "muy difícil de explicar" la creación de la sociedad de Begoña Gómez. De entrada, levanta sospechas de tener un fin fiscal dudoso. A lo que se añade que a la vez resulta incompatible con el argumentario de que no pretende hacer negocio y parece querer aprovecharse del nombre de la Cátedra de la UCM.
Las escrituras de Transforma TSC SL, la sociedad que ha creado Begoña Gómez, muestran que se trata de una empresa que persigue hacer negocio y prevé la "distribución de beneficios", que tras el pago de impuestos, quedarán a su "libre disposición". Así lo atestigua la nota simple informativa a la que ha accedido Vozpópuli en el Registro Mercantil, que desmiente las cartas de rectificación que Gómez ha mandado a algunos medios.
En estas comunicaciones asegura que "no se está utilizando la Cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva para hacer ningún negocio ni para impulsar ninguna consultora o empresa. No pretendo hacer negocio con la plataforma a través de una empresa propia".
Cabe recordar que como ha informado este periódico, Gómez ha registrado dos marcas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) a su nombre: una con la denominación de la Cátedra de la UCM que codirige, Transforma TSC, la misma que la de su empresa, y una segunda con el nombre de Plataforma Transforma TSC, plataforma que ofrece en una web contenidos de la Cátedra y el software que crearon gratis para la Cátedra Telefónica, Indra y Google.
Lo que no ha registrado a su nombre o al de su empresa es el software, como ha comprobado Vozpópuli en el Registro de la Propiedad Intelectual. No es habitual hacerlo, pero el software puede registrarse como obra en el Registro de la Propiedad Intelectual a nombre de una persona física o jurídica. Sí cabe otra manera de registrar el software en depósito notarial del código fuente, que no es pública.
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