Se avecina otra semana de infarto en la Fiscalía General del Estado. Álvaro García Ortiz, su máximo representante, se prepara para una Junta de Fiscales de Sala determinante que va a marcar su futuro. Sobre la mesa, el debate acerca de si la malversación del procés encaja o no en la ley de amnistía, aunque fuentes del órgano ya avanzan que el asunto va a trascender lo jurídico.
Voces internas consultadas por Vozpópuli explican que el órgano que se reúne este martes para estudiar la tesis de los fiscales del procés "está muy ideologizado", por lo que se espera una escisión marcada en clave política. La Junta de Fiscales de Sala la integran un total de 39 fiscales de la cúpula fiscal, incluidos los fiscales de Sala que ostentan el rango más alto de la carrera.
García Ortiz les convocó para este próximo martes consciente de que su choque con los fiscales del procés abocaba inevitablemente a la convocatoria de esta Junta. Los cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo llevan semanas avisando de que no se plegarían a las órdenes de su jefe y que mantendrían hasta las últimas consecuencias su informe contrario a amnistiar la malversación del procés. Y lo han cumplido.
El fiscal general tendrá el respaldo de la UPF
El pistoletazo de salida de este nuevo frente abierto para García Ortiz lo dio el Tribunal Supremo, cuando, tras la publicación de la amnistía en el BOE, dio traslado de la misma en las causas del procés y de Tsunami Democràtic para recabar el criterio de las partes. No hubo sorpresas. Los cuatro fiscales que han dirigido la acusación contra la principal causa del independentismo trasladaron a su jefe un informe contrario a amnistiar la malversación.
Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno ven encaje legal de la desobediencia en la nueva ley pero, por contra, entienden que el desvío de fondos públicos en el que incurrió el Gobierno de Carles Puigdemont no se puede amnistiar porque se encuentra entre las excepciones que recoge la propia norma.
"Esto se plantea como una pelea entre unos fiscales y el fiscal general, que trasciende la cuestión jurídica. El fiscal general va a seguir el criterio del Gobierno"Fuentes de la Junta de Fiscales de Sala
Su informe choca con el criterio que va a ordenar García Ortiz a los fiscales que dirigen causas amnistiables. García Ortiz aboga por aplicar la ley a la totalidad de delitos que afectan a las causas del procés. Una postura que desde la Junta de Fiscales de Sala entienden en clave política.
"Esto se plantea como una pelea unos fiscales y el fiscal general que trasciende la cuestión jurídica", rezan las fuentes consultadas. Las mismas recuerdan que el actual órgano está especialmente ideologizado tras los últimos nombramientos acometidos por la antecesora de García Ortiz, Dolores Delgado.
La exfiscal general se enfrentó durante su mandato a numerosas críticas por promocionar a fiscales afines a la máxima categoría. En concreto, ascendió a más de una decena de fiscales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) propiciando que el órgano cuente con un importante número de fiscales cercanos a García Ortiz. Ella misma forma parte de esta Junta de Fiscales de Sala.
Las fuentes consultadas explican al respecto que el fiscal general va a contar con el respaldo "en bloque" de toda la UPF, por lo que algunos prevén que García Ortiz logre recabar el apoyo mayoritario de la Junta. Estos fiscales apoyarán pues, que el desvío de dinero público durante el procés cometido por Puigdemont y Junqueras, entre otros, encaja en la ley del PSOE porque no hubo "propósito de enriquecimiento".
García Ortiz, en la cuerda floja
Sin embargo, los cuatro fiscales de Sala del procés también van a tener apoyos, según las fuentes consultadas. A diferencia de su superior, consideran que se produjo una modalidad activa de la malversación (puesto que sustrajeron los fondos ellos mismos) y que, al no actuar en nombre de terceros, ello les reportó un beneficio patrimonial.
Por ese motivo, se han mantenido firmes en su criterio llegando incluso a instar al fiscal general a plasmar por escrito las órdenes de cambiarlo. Cuando se han materializado, los cuatro fiscales han respondido que la instrucción "es improcedente y contraria a las leyes". La resolución al conflicto ha sido la convocatoria de la Junta de Fiscales, en atención a lo recogido en el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
De esta forma, este martes se celebrará la Junta en aras a resolver el choque entre las partes. Con todo, el resultado del encuentro no es vinculante, de manera que el fiscal general, pase lo que pase, mantendrá su criterio favorable a amnistiar todo el procés. "El fiscal general va a seguir el criterio del Gobierno", explican las fuentes consultadas.
Precisamente, su cercanía con el Ejecutivo de Pedro Sánchez le ha implicado en otros frentes que en estos momentos ponen en jaque su mandato. Uno de ellos fue el recurso que interpuso contra su nombramiento la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) por su "línea progubernamental" y, el otro, es la causa impulsada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso y que ya apunta al Tribunal Supremo.
Esta última se ha convertido en la piedra en el zapato del fiscal general, quien ha reconocido en un escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fue él quien dio las instrucciones para publicar una nota informativa que contenía información de correos intercambiados entre el fiscal del caso y su abogado y que podría ser constitutiva de un delito de revelación de secretos.
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