El Congreso ha convalidado este miércoles los últimos seis decretos aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo ha conseguido rearmar la mayoría de la moción de censura para sacar adelante medidas de reforma del mercado del alquiler, la recuperación del subsidio por desempleo de larga duración para mayores de 52 años o la ampliación de los permisos de paternidad.
También ha logrado aprobar un decreto de reforma de la estiba; otro sobre la reinversión del superávit de autonomías y ayuntamientos; y un sexto con medidas de contigencia ante un 'brexit' sin acuerdo.
El PNV es el partido que más reparos ha puesto para dar el visto bueno al decreto sobre vivienda en la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que permanece activo cuando las Cortes están disueltas. Los jeltzales reclamaban un gesto del Ejecutivo en materia de inversiones y transferencias comprometidas para inclinarse por el sí.
Tras amarrar el voto decisivo de EH Bildu, los cinco diputados de los nacionalistas vascos eran necesarios para sacar adelante el texto. Después de horas de negociación y, a pesar de no estar de acuerdo con la integridad del texto, el grupo vasco ha avalado el texto del Gobierno. De no haberlo hecho, habría sido la segunda vez que el Congreso tumbaba un texto de estas características.
El Gobierno también ha conseguido sacar adelante el decreto con medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral en el mercado de trabajo, que incluye la recuperación del subsidio por desempleo para parados de larga duración mayores de 52 años.
El texto también modifica el Estatuto de los Trabajadores y obliga a establecer un mecanismo de registro de jornada para que las empresas hagan un registro diario del horario de sus trabajadores. "Entiendo que el Gobierno tenga mucha prisa electoral, pero no costaba nada haber intentado negociar esta norma", ha dicho el diputado de Ciudadanos Francisco De la Torre.
Todos los grupos han criticado el uso que Moncloa ha hecho de esta herramienta reservada por la Constitución para situaciones de "extrema y urgente necesidad". Un extremo que, dado el profundo contenido político, social y económico de los textos, queda en entredicho. Como consecuencia, algunos grupos han pedido su tramitación como proyecto de Ley para poder introducir enmiendas, pero ninguno ha salido adelante.
Se trataba de un proceso habitual durante los períodos ordinarios de sesiones pero que nunca se ha utilizado en la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que permanece activo en período electoral. Aunque un informe de los letrados lo avaló, los votos negativos del PP han sido decisivos para impedirlo.
