El fracaso de la primera compra de test rápidos del coronavirus puede acabar en los tribunales, tal y como está ocurriendo con la marcha del 8-M y la falta de material sanitario para los médicos. La “importancia” de los test rápidos para frenar la pandemia fue esgrimida por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 21 de marzo, y los juristas creen que ese retraso puede acabar en una responsabilidad de negligencia y daño a la salud pública, tanto del proveedor (cuyo nombre sigue siendo secreto) como del Estado.
“La clave es comprender si este retraso ha generado algún tipo de daño, y si esto es de ámbito civil o penal”, explican fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli. “En general se podría hablar de delito de omisión contra la salud pública, porque aunque alguien demande al proveedor, automáticamente recurre también contra la administración”, explica un catedrático de ciencias jurídicas.
El Gobierno acordó comprar a través de un proveedor español un lote de 640.000 test del Covid-19, que, sin embargo, han resultado ser defectuosos. La firma china exportadora no estaba en el listado de las empresas autorizadas por Pekín, por lo que el país oriental se ha desmarcado públicamente de la elección del Gobierno de Sánchez. Y eso también puede afectar al Ejecutivo, porque se le podría imputar una acción negligente.
Para los juristas el asunto puede acabar en los tribunales también por omisión, daños y perjuicio. En el caso del Gobierno, por haber recurrido a una empresa china sin licencia del Gobierno de Pekín y haber acudido a un proveedor español al que se le puede considerar responsable de un presunto daño en un contexto de crisis sanitaria.
Falta de transparencia
Las fuentes jurídicas consultadas añaden otro detalle que tienen que ver con la transparencia. El Gobierno debe publicar en el portal de transparencia de la contratación todas las licitaciones, incluidas aquellas cerradas de carácter extraordinario, como es el caso de la compra de 640.000 test del coronavirus. “Debería estar el contrato de los test, pero nadie la encuentra”, señalan expertos que se han interesado al caso.
El Ministerio de Sanidad, responsable del encargo, sigue sin detallar el dinero desembolsado para la operación, ni ha informado sobre qué empresa española ha ejercido de intermediario y por qué fue elegida. En las ruedas de prensa, a las que los periodistas no pueden acudir, no se puede preguntar por esos extremos. Se desconoce también si existe una penalización que esa sociedad deberá pagar por incumplir los acuerdos.
Lo único que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha admitido hasta ahora es que 8.000 pruebas eran defectuosas. Luego reconoció que otras 50.000 podían serlo. Hasta reconocer que toda la entrega de 640.000 test tenía que anularse y que el proveedor se encargaría de reenviar un nuevo pedido en fechas desconocidas. Mientras, el tiempo corre y los infectados por coronavirus son más de 64.000 y los muertos, 4.800.
Fuentes del propio Gobierno reconocen estar "desbordados". Otras fuentes apuntan a la incapacidad de Sanidad para hacer frente a una crisis de esa magnitud y que ahora los técnicos de Hacienda vigilarán las operaciones de compra. “Tienen más experiencia”, comenta. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, comentó el jueves en una entrevista para Radio Euskadi que el Ejecutivo acudió a ese proveedor porque ofreció una “ganga”.
Sánchez: "Extender los test es clave"
El Ejecutivo es consciente de que, como en el caso de las denuncias de los médicos, el asunto de los test se puede judicializar. En la rueda de prensa del pasado viernes, el ministro Illa intentó adelantarse a los acontecimientos. Dijo que el caos de las pruebas defectuosas no afecta a la salud pública en cuanto a la expansión y detención de la pandemia. Negó la mayor, pero sus palabras contradicen lo que afirmó el presidente del Gobierno.
Sánchez dijo el 21 de marzo en un mensaje a la nación que “extender los test rápidos es clave para vencer al virus”. Era la llamada vía coreana, que a través de test masivo ha logrado parar la enfermedad con éxito. El propio Illa dijo dos días después que el Ejecutivo pretendía utilizar esos test de inmediato en los puntos más frágiles del contagio: “Nos proponemos hacer test masivos a profesionales y grupos de riesgo, empezando por las residencias de mayores”.
De todas estas declaraciones cabe concluir que el Gobierno sí consideró los test “clave” para frenar el contagio, y que el error en el pedido --tanto en la elección del proveedor como del fabricante-- puede convertirse en un presunto delito de omisión contra la salud pública. Los juristas de disciplina civil y penal concuerdan en que una investigación judicial puede exigir responsabilidades a todos los ámbitos de la administración.
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