El Gobierno ha adjudicado el acuerdo marco de servicios de seguridad (vigilantes con y sin armas) para el Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos relativo al año 2017 a la empresa Marsegur Seguridad Privada SA. Una firma que tiene estrecho vínculo con el conocido como capo de la seguridad privada, el también presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, dueño de Seguridad Integral Canaria SA.
El contrato partía de un presupuesto base de licitación de 18.960.000 euros (impuestos incluidos) para un periodo de ejecución de un año. Ha sido otorgado de manera provisional (será formalizado antes del 9 de febrero) por un importe de 15 millones, según fuentes conocedoras del proceso de concesión.
Esta adjudicación provisional tiene fecha de 15 de diciembre, según acuerdo de la Junta de Contratación, por lo que se firmó con la estancia ya de María Dolores de Cospedal al frente del Ministerio de Defensa. A este procedimiento abierto, de tramitación ordinaria, se presentaron siete ofertas, siendo finalmente elegida Marsegur por ser la "más ventajosa económicamente".
Desde la adjudicataria señalan que Miguel Ángel Ramírez "no guarda ni ha dispuesto de participación accionarial en Marsegur Seguridad Privada SA, ni ostenta ni ha ostentando cargo representativo en la misma". También subrayan que dicha empresa "no es ni ha sido en ningún momento una filial encubierta de la mercantil Seguridad Integral Canaria SA".
Sin embargo, sí que hay conexión entre Ramírez, indultado en 2013 por el Gobierno de un delito medioambiental que le condenaba a tres años y un día de cárcel, y la firma Marsegur Seguridad Privada SA. Esta entidad y la compañía Seguridad Integral Canaria SA, de la que Ramírez es propietario, constituyen, junto a Power Sic SL y Sinergias de Vigilancia y Seguridad SA, la asociación empresarial denominada "Asociación de Compañías de Seguridad Privada", en siglas Acosepri. La Dirección General de Empleo, dependiente del Ministerio de Empleo, admitió el depósito de sus estatutos mediante resolución de 11 de septiembre de 2014, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).
A este procedimiento abierto se presentaron siete ofertas, siendo elegida Marsegur por ser la "más ventajosa económicamente"
Los estatutos y el acta de constitución están suscritos por Antonio Redondo, en representación de Marsegur; Andrés Guzmán, de Seguridad Integral Canaria; Jacobo López, de Sinergias de Vigilancia y Seguridad, y Lino Chaparro, de Power Sic, todos ellos en calidad de promotores. El presidente de Acosepri es Antonio Redondo, administrador único de Marsegur.
Además, Power Sic SL tiene como accionista a Ralons Servicios SL, firma de la que el capo indultado posee un 50% (de capital social), según datos del Registro Mercantil recabados por la plataforma online Insight View. La otra mitad pertenece a Seguridad Integral Canaria SA, controlada también por el presidente de la UD Las Palmas.
Para más inri, Gladys J. Acosta, una antigua apoderada de Marsegur (nombrada en julio de 2015 y cesada un año después) es la administradora única de MAR Asesores y Consultores SL, propiedad también del famoso empresario canario, incluido en el círculo de amistades de José Manuel Soria (PP), exministro de Industria.
"Rozan la esclavitud"
La federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT considera que Marsegur (cuyas tres primeras letras son idénticas a las iniciales de Miguel Ángel Ramírez) es una "marca blanca" del negocio de este rey de la seguridad. Para el sindicato, Marsegur opera con unas condiciones laborales que "prácticamente rozan la esclavitud", estando "muy por debajo del Convenio de Seguridad Privada de ámbito sectorial".
Así mismo, dicha federación declaró a Vozpópuli que en las semanas que restan hasta la formalización del contrato en el mes de febrero, tiene previsto exigir "en la calle" y a través de los pertinentes "elementos jurídicos" a su alcance, que el Ministerio de Defensa, como parte actuante en el concurso, y Marsegur, como adjudicataria, apliquen el Convenio Colectivo de Seguridad Privada a la totalidad de vigilantes afectados.
Ramírez también está siendo investigado en la comisión de un presunto fraude fiscal de 13,78 millones de euros entre 2008 y 2013 por pagar sistemáticamente las horas extras como dietas (no tributan) a empleados de Seguridad Integral Canaria SA. En la causa del indulto, el Tribunal Supremo revocó la medida de gracia en junio de 2015.
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