Un grupo de juristas integrado por abogados, profesores y catedráticos de Derecho Constitucional se ha sumado este lunes a las miles de quejas presentadas ante del Defensor del Pueblo desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretase el estado de alarma en España.
Según ha podido saber este diario, el órgano dirigido por Francisco Fernández Marugán ya acumula 1.200 denuncias y peticiones relativas a la crisis del coronavirus desde mediados de marzo, momento en el que el Ejecutivo anunció el estado de alarma. Sin embargo, la entidad aún no dispone de una clasificación detallada sobre el objeto de las distintas quejas.
En el caso del grupo de juristas se trata de un escrito de 62 páginas en el que se insta a la institución a impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) los reales de decretos dictados por el Gobierno para declarar el estado de alarma por pandemia de Covid-19 "a la vista de la inconstitucionialidad" manifiesta de toda esta normativa. A juicio de los abogados y profesores procede "a la mayor suspensión de derechos fundamentales en la historia de la democracia".
Salidas controladas de los niños
Fernández Marugán ha trasladado a los ministros de Sanidad, Hacienda, Interior, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación el millar de quejas y preocupaciones recibidas hasta el momento por parte de la ciudadanía.
La institución hizo llegar la Salvador Illa, titular de la cartera de Sanidad, la preocupación por la situación de los niños que se encuentran confinados en sus casas: considera que son muy difíciles las condiciones de convivencia para los menores y sus familias cuando el número de miembros de la unidad familiar es alto y las viviendas reducidas.
Aboga por permitir algún tipo de salida de los menores con sus padres, aún limitada en el espacio y el tiempo, de manera controlada, tal y como ya ha aceptado el Ejecutivo siguiendo la estela del resto de países europeos.
Las condiciones laborales en las que están realizando su labor los sanitarios, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los bomberos y los funcionarios de los centros penitenciarios también forman parte de las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo y trasladadas al departamento de Illa.
Restricciones de derechos
Además, el Defensor ha formulado tres recomendaciones a la Secretaría de Estado de Seguridad para proteger a los ciudadanos ante las restricciones de derechos que conlleva el decreto por el que se establece el estado de alarma y garantizar la igualdad de trato en todo el territorio.
La institución recibió una queja de la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía que considera que la falta de información administrativa impide a la ciudadanía conocer por adelantado las restricciones impuestas a su derecho fundamental a circular libremente. En opinión de esta asociación, la norma puede generar inseguridad jurídica a los ciudadanos dado que establece que el agente de la autoridad es el que tiene la potestad de decidir si una persona está saliendo legítimamente o no de casa y, por tanto, si puede o no sancionarla.
Fernández Marugán recomienda elaborar unas instrucciones internas dirigidas a la Dirección General de la Policía y a la Dirección General de la Guardia Civil en las que se clarifiquen los supuestos en los que no se pueden sancionar determinadas actividades ciudadanas que sí están amparadas por las excepciones que recoge el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma.
El Defensor pide que se dé publicidad de las instrucciones para que los ciudadanos conozcan los límites y restricciones existentes. También solicita al Ministerio del Interior información sobre los expedientes sancionadores incoados por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil; las sanciones impuestas por agentes de ambos cuerpos y las instrucciones dictadas para unificar criterios sobre el tratamiento de expedientes sancionadores.
Residencias de ancianos
Otro de los temas que han sido objeto de denuncias es el de las residencias de ancianos. El Defensor asegura que lleva años alertando de las carencias de medios y personal en muchos de estos centros. "Problemas estructurales que se han dejado ver con toda su crudeza en la actual crisis", alega el órgano.
A juicio de la institución, el sistema residencial en España da una atención sanitaria a sus residentes de carácter general que no debe impedir que, en caso de que se detecten problemas o se necesite una atención más especializada, sean derivados al sistema público de salud que proceda.
El Defensor reclama información sobre aspectos tales como las medidas adoptadas para dotar o reforzar la atención sanitaria en centros residenciales públicos o privados; los protocolos seguidos en la derivación de residentes a centros hospitalarios o la habilitación de centros y establecimientos públicos o privados para la atención monográfica por Covid-19.
Por otra parte, Fernández Marugán cree que los familiares de los usuarios tienen derecho a obtener información completa y actualizada sobre su estado de salud. Ante la imposibilidad de las visitas, aboga por la utilización de herramientas tecnológicas que permitan a los usuarios comunicarse con sus seres queridos.
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