Política

Denuncia contra el proveedor de mascarillas de Illa: cobró 7 veces más que el de Ábalos y por adelantado

Al contrario que con la empresa investigada por los contratos del Ministerio de Transportes, la empresa de confianza de Illa no incluyó en su importe el transporte del material sanitario, del que se encargó gratis Amancio Ortega

Todas las miradas están fijas en el proveedor de confianza de José Luis Ábalos por las presuntas mordidas de quien fuera su mano derecha, Koldo García, en la compra de mascarillas. Sin embargo, Soluciones de gestión y apoyo a empresas no es, ni mucho menos, la única empresa que ha sido llevada ante la Fiscalía Anticorrupción. La empresa de confianza del exministro de Sanidad y líder del Partido Socialista en Cataluña, Salvador Illa, FCS Select Products, también fue denunciada en Anticorrupción por contratos que multiplican por 7 la cuantía económica del proveedor del caso Koldo.

El exministro de Transportes ya deslizó en rueda de prensa que las diferencias entre las formas de proceder de su Ministerio -hoy bajo la lupa de toda la opinión pública- y "otras administraciones públicas". Ábalos destacó que desarrollaron "un mecanismo excepcional" que permitió a su departamento "congelar el pago al proveedor hasta que tuviéramos la mercancía, cosa que no se ha producido en otras contrataciones".

No se ha producido, por ejemplo, en los cuatro contratos que firmó el Ministerio de Salvador Illa con FCS Select Products, compañía a la que el Gobierno de España adelantó 263.126.600 euros para traer mascarillas desde China. Más de 200 millones de euros que fueron adelantados a una compañía especializada en la fabricación de artículos de marketing para el sector de las bebidas alcohólicas. Una actividad que no parece guardar demasiada relación con la importación de suministros sanitarios. Pese a ello, se convirtió en la empresa referente en el peor momento de la pandemia.

Transporte gratis de la mano de Amancio Ortega

Es siete veces más que los 36,5 millones que el Ministerio de Transportes asignó a la empresa del caso Koldo a través de Adif y Puertos del Estado y, al contrario que el departamento de Ábalos, se abonó por adelantado. Al contrario que con la empresa investigada por los contratos del Ministerio de Transportes, la empresa de confianza de Illa no incluyó en su importe el transporte del material sanitario.

Como ha podido comprobar Vozpópuli, en los cuatro contratos se especificó que toda la logística correría a cargo de Inditex, la multinacional de Amancio Ortega. "El transporte de esta mercancía se va a realizar utilizando la capacidad logística de la empresa Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.)", se especifica en los cuatro documentos.

Se firmaron cuatro contratos por la vía de emergencia y sin publicidad con FCS Select Products:

  • 143.990.000 euros por 280 millones de mascarillas quirúrgicas
  • 29.826.500 euros para adquirir 58 millones de mascarillas
  • 77.137.500 euros para 150 millones de mascarillas
  • 12.172.600 euros para 20 millones de mascarillas, 150.000 gafas de protección y 10 millones de guantes de nitrilo

La demanda interpuesta por el PP madrileño apunta que "no consta que hubiese una comprobación, tal y como determina el Consejo de Estado o el Tribunal de Cuentas, de la correlación del objeto social de la empresa con el de los contratos, o su solvencia económica, a la hora de comprobar la idoneidad de la empresa para ser adjudicatario".

Los antecedentes del proveedor de confianza de Salvador Illa tampoco resultan halagüeños. La administradora de la empresa, Mayra Dagá, fue condenada en 2016 por un delito de estafa agravada en una trama dedicada a vaciar los activos de empresas en dificultades. La empresaria aceptó diez meses de cárcel y el pago de la responsabilidad civil.

La denuncia apunta a una posible "relación de amistad" entre los administradores de FCS Select Products con Salvador Illa, "cimentada por la coincidencia en torno al municipio de La Roca del Vallés, localidad natal del exministro de Sanidad y de la que fue alcalde".

Sus antecedentes económicos tampoco animaban a la confianza. En los ejercicios anteriores a la pandemia declaró no tener trabajadores. El importe de la cifra de negocio de esta empresa fue de menos de un millón de euros en 2018, cuando tuvo un beneficio de 69.000 euros. En cambio, las adjudicaciones del Ministerio tenían un valor 275 veces superior al de su facturación y 84.500 veces por encima del capital social de la empresa (3.100 euros).

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