Embargos fraudulentos, subastas amañadas y "la existencia de una trama mafiosa en el Ayuntamiento de Mijas" son algunas de las acusaciones que ha realizado Costa del Sol sí Puede (CSSP) Mijas (Málaga) tras tener acceso al último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El presidente y secretario general de CSSP, Francisco Martínez Ávila, ha asegurado hoy a Efe que en el informe "no se deja títere con cabeza", y que se dan nombres y apellidos de las personas que podrían estar presuntamente implicadas en el caso de las presuntas subastas irregulares del Ayuntamiento de Mijas.
Martínez Ávila ha asegurado que en el informe se apunta a los responsables de la operación destinada a obtener beneficios millonarios vendiendo propiedades irregularmente expropiadas a funcionarios del Ayuntamiento.
Entre los delitos que se podrían haber cometido ha señalado prevaricación administrativa continuada cometidos, entre otros, por el titular de la Asesoría Jurídica y una de sus integrantes y ha indicado que los componentes de las mesas de subastas eran conocedores del menoscabo que se ocasionaba.
"Estamos ante un despropósito de magnitudes épicas"
El edil mantiene que, según el informe de la UCO, las propiedades se embargaban irregularmente y que posteriormente, a la propiedad, normalmente de una persona fallecida, se le seguía notificando aunque el Ayuntamiento tuviera constancia de su fallecimiento, antes del embargo.
También se habrían embargado y subastado propiedades notificando a personas que no son los propietarios de dichas fincas.
"Estamos ante un despropósito de magnitudes épicas", ha lamentado Martínez Ávila, personado en el caso como acusación particular, al tiempo que ha dicho que "es inconcebible que se haya orquestado toda una trama mafiosa alrededor de las subastas además con las irregularidades que indica la Guardia Civil".
"Hablamos de que hay casas subastadas adjudicadas a traficantes ilegales de personas con fines sexuales y esto es excepcionalmente grave", ha denunciado.
El concejal señala también la existencia de "una cuenta bancaria denominada cuenta sobrante de subastas" y mantiene que no ha quedado acreditado qué se hace con el dinero depositado en dicha cuenta.
En otro de los puntos del informe, según el edil, se indica que "los componentes de la mesa de subastas eran conocedores del perjuicio económico causado al deudor y también del enriquecimiento desmedido del adjudicatario final".
En otro de los apartados del informe de la Guardia Civil se menciona "todo un catálogo de irregularidades", no se agotaban los plazos legales, descontrol administrativo y la emisión de un decreto del exalcalde, Ángel Nozal (PP), para nombrar a una integrante de la asesoría jurídica para dar legalidad a todas las subastas sin una clara justificación.
