El electorado de Convergència no está por el derecho a decidir. La reivindicación soberanista que marca desde hace años la gestión de la Generalitat y condiciona el día a día en el Parlamento catalán no es ya una demanda mayoritaria entre quienes apoyan al partido del presidente regional, Carles Puigdemont. Así lo refleja el último barómetro del CIS, realizado en noviembre y difundido esta semana, según el cual solo el 36’8% de los que votaron a CDC en junio quiere un Estado en el que se reconozca “a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en Estados independientes”. Otro 47’4% se conformaría con un sistema más descentralizado y el 5’3% prefiere que todo siga como está ahora. Además, hay un 10’5% que paradójicamente anhela un Estado con un único Gobierno central, sin autonomías.
Con estos datos se agudiza una tendencia que ya venía manifestándose los últimos meses: el electorado de la antigua Convergència -ahora PDECat- apoya cada vez en menos proporción la deriva soberanista de su partido. Los defensores del derecho a decidir en esta bolsa de votantes eran en mayo el 76’3% del total; en julio, el 66’7%; en septiembre, el 60’7%; ahora, el 36’8%.
Una circunstancia que podría tener su reflejo en futuras elecciones, pero que de momento viene a constatar la distancia que separa a la cúpula del PDECat de sus votantes al apostar por un desafío independentista que ya solo avala poco más de un tercio del electorado convergente. La progresión es coherente la que detecta el CEO catalán sobre el apoyo a la independencia -los contrarios a la secesión superaron a los partidarios en la última entrega, hace menos de un mes- y legitima el deshielo que de algún modo comienza a asomar en las relaciones Generalitat-Estado.
La salida dialogada al conflicto territorial que está explorando la vicepresidenta del Gobierno y ministra para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, recibe cada vez mejor respuesta del nacionalismo catalán. El portavoz del PDECat en el Congreso, Francesc Homs, sorprendió a muchos hace unos días al pedir en la Comisión Constitucional “un diálogo constructivo, sereno y de verdad” entre el Ejecutivo regional y el nacional, aparcando las consignas secesionistas y centrándose en reclamaciones concretas, cuantificables y negociables.
Santamaría, por su parte, ha asegurado que se hará “imprescindible” en Cataluña, ha informado de su estrategia a los líderes de Ciudadanos y PSC en la comunidad y mantendrá en breve una nueva entrevista con el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. El objetivo de desactivar el procés tiene para el Gobierno metas intermedias, como lograr que Puigdemont acuda a la conferencia de presidentes autonómicos que se celebrará a principios de año y a la que Santamaría quiere revestir de gran protagonismo político. La reforma de la financiación autonómica, que puede ser clave en todo esto, empezará a hilvanarse en dicha cita.
Referéndum unilateral
El presidente catalán, en cualquier caso, aún no ha dado muestras de querer alterar la hoja de ruta que aboca a un referéndum unilateral de independencia en septiembre de 2017. De hecho, ha convocado para el 23 de diciembre una cumbre sobre el mismo y en los Presupuestos regionales se ha dedicado una partida a su financiación. No será fácil que el Gobierno logre cambiar sus planes -sintetizados bajo la máxima 'referéndum o referéndum'-, aunque dispongan cada vez de menos apoyo popular entre los votantes que le quedan a una CDC en continuo retroceso desde hace años.
El último estudio catalán sobre la independencia ya detectó una bajada del secesionismo
El viraje independentista que protagonizó Artur Mas provocó la escisión de Unió y un deterioro constante del proyecto, que este año tuvo que refundarse en el PDECat para tratar de frenar la sangría. No lo consiguió, en las generales de junio se dejó otras dos décimas respecto al resultado de diciembre y no sacó números ni para formar grupo propio en el Congreso. Por primera vez, tuvo que integrarse en el Mixto. La tendencia ha sido idéntica a nivel regional, aunque Mas lograra maquillar el hundimiento lanzando en 2015 la lista conjunta Junts pel Sí, que permitió a CDC conservar la presidencia de la Generalitat tras un pacto in extremis con los antisistema de las CUP.
El gran beneficiado de la crisis convergente ha sido ERC, partido ya hegemónico en el soberanismo catalán. Y entre su electorado sí se detecta una sintonía plena con el desafío secesionista, según el CIS. Hasta un 89’6% de los que el 26-J optaron por la papeleta de Esquerra defiende el derecho a la autodeterminación de las comunidades autónomas, por un 8’3% que pide únicamente la descentralización de más competencias. Son números del último barómetro, pero muy similares a los anteriores: los votantes de Joan Tardá y Gabriel Rufián, al contrario que los de Homs, sí apoyan en bloque los postulados de sus líderes.
En cuanto a los de En Comú Podem, la confluencia donde se integra Podemos y que pide una consulta pactada y dentro de la legalidad, los partidarios del derecho a decidir son el 40’5%. Porcentaje mayor al que se registra en la antigua Convergència, pero lejos de ser incontestable: otro 32’9% demanda más poder para las autonomías y menos para el Estado; un 20’5% que el sistema se mantenga como está; y un 11’4% que desaparezcan la administraciones regionales.
El proceso independentista ha provocado el hundimiento electoral de CDC, ya ampliamente superada por ERC
De PP, PSOE y Ciudadanos no hay datos por comunidades porque presentan la misma marca electoral en toda España. Los partidarios de reconocer el derecho a la autodeterminación son en estos electorados un reducto marginal que no pasa del 5%. En el de Unidos Podemos también se registra una mayoría partidaria de que la organización del Estado no cambie (32’3%), aunque un 17’1% defiende la autodeterminación de las regiones y un 25’9% que se profundice en la descentralización del sistema.
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