El juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, acordó este lunes 13 de agosto imponer al principal socio del excomisario José Manuel Villarejo, el empresario Rafael Redondo, una fianza de 1 millón de euros, que tras ser depositados le permitirán abandonar la cárcel, en la que permanece desde su ingreso en prisión el 5 de noviembre de 2017.
Esta decisión se produce después de que el pasado 9 de agosto la Fiscalía Anticorrupción le enviara un escrito en el que reclamaba al magistrado que mantuviera al principal socio de Villarejo en prisión. El juez, al igual que en innumerables ocasiones, no ha hecho caso a la Fiscalía.
Y ahora, con toda probabilidad, el ministerio público recurrirá la decisión del juez, que considera que con la caución y otras restricciones, de menor entidad, el 'número dos' del excomisario no reiterará sus actividades delictivas y que tampoco tratará de fugarse.
De Egea basa esta conclusión en el arraigo personal, familiar y laboral de Redondo, a quién considera "coautor de los delitos de pertenencia a organización criminal y de blanqueo de capitales" como hombre de confianza de Villarejo. Al frente de las empresas de la trama canalizaba capitales de presunto origen criminal para realizar inversiones y gastos en España y en el extranjero. Además, el juez recuerda que a Redondo se le bloquearon las cuentas.
Secreto de sumario
La decisión de abrir la puerta a la salida de Redondo se conoce el mismo día en el que el juez De Egea ha acordado levantar el secreto de sumario de tres piezas separadas de la causa sobre Villarejo, en la que ya hay archivadas dos causas.
Fuentes del caso sostienen que, con toda probabilidad, los fiscales del caso, Miguel Serrano e Ignacio Stampa, recurrirán la imposición de la fianza a Redondo y también y el levantamiento del secreto de las tres piezas, que son las denominadas "King", "Land" y "Pintor". En esta última está implicado el marido de la periodista Ana Rosa Quintana, Juan Muñoz.
El ministerio público también recurrió a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión del juez Diego de Egea de archivar las pesquisas relativas al excomisario de Barajas Carlos Salamanca, acusado de aceptar regalos de un empresario a cambio de hacer la vista gorda en el aeropuerto.
En la pieza separada denominada "Pintor" (el caso en el que está imputado el empresario Juan Muñoz) se ha producido otra gran diferencia entre el criterio de la Fiscalía y el del juez De Egea, que en un principio, y ante la petición de la Fiscalía, ordenó la detención de este empresario, pero que tras declarar en la Audiencia Nacional acordó su libertad sin medidas cautelares. Una situación por la que el propio Juan Muñoz, a preguntas de Vozpópuli, calificó como "totalmente" desproporcionada.
Herrero Asociados
En total, ya son cuatro las piezas sobre las que se ha ordenado el levantamiento del secreto, siempre con la opinión contraria de la Fiscalía. El juez ya había acordado el archivo para "Iron", la parte de la investigación que sobre un encargo al bufete Herrero Asociados y que el juez también cerró en lo relativo a los clientes del comisario jubilado.
De esta forma, solo quedarían dos piezas bajo secreto: la pieza "Big", en la que se investiga al comisario Enrique García Castaño, supuesta mano derecha de Villarejo, por ayudarle a conseguir información confidencial. García Castaño, conocido con el sobrenombre de 'el Gordo', está en libertad sin fianza.
La libertad de 'el Gordo', cuyo abogado es el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, también ha enfrentado a la Fiscalía con el juez. El ministerio público recurrió esta decisión ante la Sala lo Penal de la Audiencia Nacional, que acumula numerosos recursos sobre la causa de Villarejo.
Corinna y Juan Carlos I
La segunda de las piezas bajo secreto, de las que se tiene conocimiento hasta el momento, es la denominada "Carol", sobre una conversación de Villarejo con la amiga entrañable de Juan Carlos I: Corinna zu Sayn-Wittgenstein acerca del patrimonio del exjefe del Estado.
Las peticiones de la acusación popular de Podemos de que se practicaran nuevas pruebas también han servido para que el juez y los fiscales muestren sus diferencias de criterio. La formación de Pablo Iglesias, que ejerce la dirección letrada de las acusaciones populares, quiso impulsar la investigación, y pidió al juez que llevara a cabo nuevas pesquisas en la pieza del comisario Salamanca.
Esta iniciativa de Podemos contó con el apoyo de los dos fiscales de la causa, pero no con el del juez, que archivó la investigación sin practicar la prueba, algo que sí había visto conveniente el Ministerio Fiscal, cuyos criterios sobre el caso Villarejo difieren de forma evidente de los del juez Diego de Egea.
Una portavoz de la Fiscalía ha negado a Vozpópuli la existencia de controversias con el magistrado, aunque sí reconocen que en el caso hay diferencias de criterio con el instructor.
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