El 25 de octubre de 2017, dos días antes de la Declaración Unilateral de Independencia, el círculo íntimo de Carles Puigdemont se reunía con emisarios de Vladímir Putin siguiendo las indicaciones del entonces president para lograr el apoyo ruso a la independencia de Cataluña. Los testimonios en sede judicial y las conversaciones y chats de los teléfonos del ex responsable de Relaciones Internacionales de Convergència Víctor Terradellas; la ex consellera y ex dirigente de Junts Elsa Artadi; el periodista y escritor Carles Porta y el empresario y ex-miembro de la organización terrorista Terra Lliure Miquel Casals así lo sustentan. Como recoge la exposición razonada del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona Joaquín Aguirre de este lunes, que no ve margen para amnistiar a Carles Puigdemont de traición y malversación y ha elevado el caso al Tribunal Supremo, intención a la que apuntó el 21 de junio.
Aguirre estima que además de Puigdemont y el también aforado Francesc Dalmases, los otros once imputados -Artur Mas, Elsa Artadi, Víctor Terradellas, Jordi Sardá, Natalia Boronat, Zeus Borrell, Miquel Casals, Carles Porta, Aleksander Dmitrenko, Josep Lluís Alay y Gonzalo Boye- deben ser investigados por el Tribunal Supremo porque sus actividades "se encuentran inescindiblemente unidas con la actuación presuntamente punible de Puigdemont".
El juez ha seguido el camino del Supremo, que no ve amnistiable la malversación, y en lugar de plantear cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) así lo sostiene también respecto a la traición, delitos a los que ha sumado el de pertenencia a organización criminal para los 13 imputados.
"Videoconferencia con Pu"
En su exposición razonada, el juez recoge un chat del 25 de octubre de 2017, en el que un tal Miquel informaba a Puigdemont, desde el teléfono de Terradellas, de la reunión que ambos habían mantenido con unas personas de las que iban a recibir contestación en 24 horas y que antes de hacer nada tendrían una "videoconferencia con Pu", pudiéndose tratarse, apunta el juez, de las iniciales de Vladímir Putin, dado el contexto en el que se estaban celebrando estas reuniones, en las que también se trataba el apoyo de China, y la nacionalidad de sus integrantes.
"1. Q China diga tb lo suyo. 2. Q viernes antes de hacer nada, hagas videoconferencia con en PU", dice. Al día siguiente, el 26 de octubre, Terradellas añade: "Nos habían garantizado declaración esta tarde, Gorbachov. Dinero x parte china. (…) A las 5 venía emisario de Putin". Y le pide a Puigdemont que retrase la comparecencia: "Pues lo retrasas (…) Estamos Carles, Miquel y yo aquí. Nos has de recibir. Retraso y danos tiempo".
Del examen de los chats contenidos en el teléfono de Terradellas se desprende indiciariamente que los ciudadanos rusos que se reunieron con Terradellas y Elsa Artadi podrían ser unos individuos a los cuales Terradellas llamaba "Nikolay" y "Sergey" y al catalán como "Jordi".
Según declaró Terradellas en sede judicial, el resultado de las conversaciones de Puigdemont con Nikolai, Sergei y Jordi Sardà -empresario enlace con los emisarios rusos- en presencia de Artadi y Terradellas, en su residencia oficial de la Casa dels Canonges, fue que Puigdemont les pidió que continuaran las conversaciones con ellos (los rusos). Gracias a Terradellas, el juez ha podido corroborar que Nikolai y Sergei serían Nikolai Sadovnikov -ex diplomático ruso de la máxima confianza de Putin que habría liderado la tutela de Puigdemont en el 1-O- y Serguei Motin -espía de Putin que habría ofrecido un ejército de 10.000 soldados rusos si Puigdemont decidía proclamar la independencia por la fuerza-.
En varios pasajes Terradellas se refiere a "Miquel", que se puede identificar como Miquel Casals a través de una conversación entre Terradellas y Sardá el 17 de febrero de 2017 en la que éste comparte un vídeo-reportaje sobre Puigdemont en el que se puede reconocer a Carles Porta y Miquel Casals. Terradellas le responde: "Ya he visto a Carles y Miquel. Yo no puedo salir en ningún lado. Órdenes de mi jefe", en clara referencia a Puigdemont.
"Necesitas 100 muertos"
Su identidad queda reflejada también en la conversación grabada el 16 de mayo de 2018 en el teléfono de Terradellas que éste mantuvo con Xavier Vendrell -ex terrorista de Terra Lliure, empresario afiliado a ERC ahora muy próximo a Gustavo Petro-, en un pasaje que el juez ve "muy descriptivo sobre la voluntad de colaborar con una potencia extranjera".
Terradellas: "El presidente se cagó el otro día, dice no quiero ser responsable de que nos maten a gente, y no quiere ser responsable ni que te defiendan como si fueses una urna, pero necesitas 100 muertos. Por eso siempre vamos nosotros el Miquel y yo, el Casals [ininteligible] le metes un millón de personas en Plaza Sant Jaume, un millón de personas en Plaza Sant Jaume quiere decir que desde Plaza Cataluña hasta Colón está lleno. Tendrán que matar para entrar".
Vendrell: "Se nos pasó el arroz, [ininteligible] no hubo cojones".
"A un solo paso de dar sus frutos"
Estas declaraciones y conversaciones llevan a Aguirre a afirmar que "la injerencia rusa estuvo a un solo paso de dar sus frutos". Si no llegó a hacerse efectiva el 27 de octubre de 2017 según la persona que estaba presente y la urdió, Víctor Terradellas, fue porque "el expresidente Puigdemont tuvo pánico, es decir, tuvo un grado muy alto de miedo y temor, por lo que implicaba para Cataluña y él mismo continuar con la Declaración Unilateral de Independencia y la entrada en la órbita del neoimperialismo ruso de carácter iliberal y antidemocrático, y contrario a la democracia liberal de la Unión Europea, abandonando definitivamente la pretendida aunque ilusoria protección de la Unión Europea".
El juez aporta a continuación el documento El camí cap a la República (El camino hacia la República), que en nueve pasos marcaba la senda, que empezaba con la renuncia de Puigdemont a la investidura, no al escaño, y la propuesta de otro candidato para un nuevo gobierno. Esto llevaría a vencer al Estado, que levantaría el 155, y culminaría con la vuelta de Puigdemont a la Presidencia.
Aguirre argumenta que, como establece la Ley de Amnistía, los actos que imputa a Puigdemont susceptibles de traición no son amnistiables por haberse producido "una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España".
Concluye que la amenaza sería "la posibilidad de que el hecho constitutivo de traición se llevara a efecto y los calificativos de real y efectiva hacen referencia a la probabilidad de cumplimiento de tal posibilidad. Es decir, debe tratarse de una probabilidad alta".
"Del torrente de datos expuestos en el Auto de incoación de pieza separada de 21 de junio de 2024 este Magistrado deduce que la amenaza fue real y efectiva", sostiene. Y remacha, "este Magistrado considera que sí hubo una amenaza (en el sentido de “peligro”) real y efectiva de que una potencia extranjera (Rusia) ejecutara actos perjudiciales para la integridad territorial de España".
Posteriormente al 27 de octubre de 2017, el juez detalla que Alay y Boye -el director de la Oficina de Puigdemont y su abogado, respectivamente- siguieron "profundizando las relaciones con las más altas esferas del Kremlin".
