La diputada de Ciudadanos por Barcelona, Elena Faba de la Encarnación, demandada por morosa por un asesor administrativo, tal y como informó este jueves en exclusiva Vozpópuli, no cumplió con la normativa de rendición de cuentas en la gestión de su empresa Deimos Informática y Servicios SL, la misma que aparece en el monitorio presentado por J. M. V. ante la Justicia. Según ha podido saber Vozpópuli, esta firma consultora no presentó en el Registro los balances de los ejercicios 2010, 2011 y 2015. De hecho, después de no informar de los dos primeros años le fue cerrada su hoja registral.
Esta hoja registral fue reabierta el 23 de febrero de 2016 a raíz de que J. M. V., contratado por la empresa de Faba de la Encarnación, presentara una semana antes las cuentas de 2012, 2013 y 2014. Por aquellos trabajos y las tasas de registro, el demandante giró una factura a Deimos Informática y Servicios SL por un importe de 1.167,39 euros, de los que todavía reclama 709,69 euros. El asesor ha formalizado un monitorio por esta cantidad ante el Juzgado de Primera Instancia nº 47 de Barcelona, que ha admitido el caso y lo está investigando con la práctica de diligencias, tal y como relató Vozpópuli este jueves.
La versión de Elena Faba de la Encarnación, consultada por este diario, es que “no es cierto que le deba nada” a este gestor administrativo y que “se le hizo un encargo para las cuentas de 2012 a 2016 y se le ha pagado la parte del encargo que ha realizado”. “Falta todavía que acabe el trabajo para pagarle el resto”, sostiene, en alusión al servicio de los ejercicios 2015 y 2016. De momento, el balance del año pasado tampoco ha sido depositado. Lo tenía que haber entregado en el mes de julio.
La no presentación de cuentas en el Registro Mercantil conlleva, además del incumplimiento legal, que la persona administradora de la empresa pueda recibir una multa de entre 1.200 y 60.000 euros por esta infracción, tal y como figura en el régimen sancionador previsto en el artículo 221 de la Ley de Sociedades Anónimas. Así mismo, el cierre de la hoja registral supone todo un perjuicio para la imagen de la empresa frente a terceros, algo que puede traducirse en informes comerciales negativos, en la pérdida de nuevos clientes o contratos, o en la dificultad de acceder al crédito bancario, según afirma el economista Mario Cantalapiedra en el blog Gestores de Riesgo y Morosidad.
El cierre de la hoja registral supone todo un perjuicio para la imagen de la empresa frente a terceros
Así, las últimas cuentas que existen en el Registro Mercantil relativas a Deimos Informática y Servicios SL son las correspondientes a 2014, que arrojó un resultado positivo de 24.413,41 euros para la firma de la diputada naranja. La cifra de negocio fue aquel año de 82.454,53 euros. El anterior ejercicio había dejado un balance negativo de 9.981,78 euros, aunque la cifra de negocio se situó en los 66.406,62 euros. En 2012 las ganancias alcanzaron los 6.962,18 euros.
La presentación de las cuentas de 2012 a 2014 que supuso el levantamiento del cierre de la hoja registral el pasado febrero llegó justo cuando Elena Faba, número tres de la lista de C’s por Barcelona, se convirtió en diputada en la Cámara baja. En concreto, adquirió tal condición el 7 de enero de 2016 y en aquellos días encargó la confección de las cuentas atrasadas, que fueron aprobadas por la Junta General de Socio en reunión del 1 de febrero.
Prisas al lograr el escaño
De este modo, lo que se deduce es que a Elena Faba, consultora en comunicación, marketing, innovación y estrategia digital, le entraron las prisas por cumplir la ley y tener al día las cuentas de Deimos Informática y Servicios SL en cuanto logró el escaño tras las elecciones del 20 de diciembre. Así, pudo inscribir sus empresas en la declaración de actividades del Congreso y solicitar la compatibilidad a la Comisión del Estatuto de los Diputados, que todavía no se ha pronunciado al respecto para el conjunto de los parlamentarios en la presente legislatura.
No obstante, todo apunta a que Faba de la Encarnación (con sueldo de 5.684,21 al mes) recibirá la autorización de la Cámara baja para seguir con estos negocios, ya que entran en las excepciones que recoge el artículo 159 de la Loreg (la mera administración del patrimonio personal o familiar sin contrato con la Administración, la producción y creación literaria, científica, artística o técnica, y actividades privadas que no tengan relación con el sector público).
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