Tres de los diputados con mayor patrimonio del Congreso integran esta legislatura la Comisión del Estatuto de los Diputados, órgano encargado de examinar las actividades e intereses económicos de sus señorías para evitar incompatibilidades y conflictos de interés. Se trata de la exministra del PP Isabel García Tejerina, del diputado de Junts, Jaume Alonso-Cuevillas (uno de los abogados de Carles Puigdemont) y del exvicepresidente de Coca Cola y representante de Ciudadanos, Marcos de Quinto.
Al inicio de cada legislatura, todos los diputados electos deben rellenar tres declaraciones: una en la que especifican su patrimonio, otra en la que dan cuenta de sus actividades extraparlamentarias y una tercera que recoja sus intereses económicos, incluyendo las empresas de las que se ha cobrado o los regalos que reciben.
De las tres declaraciones, la de rentas y patrimonio se publican al poco tiempo en la página oficial del Congreso, mientras que las otras dos deben ser examinadas por la Comisión del Estatuto de los Diputados, cuyas reuniones son secretas y de la que forma parte un representante de cada grupo.
Dicha comisión es la encargada de dictaminar que las actividades extraparlamentarias son compatibles con el escaño y la que, tras la resolución aprobada bajo mandato de Ana Pastor al frente del Congreso, vigila que los diputados no legislen sobre asuntos que pueden colisionar con sus intereses económicos y profesionales pasados y presentes.
Esa comisión, que preside la socialista Begoña Nasarre, la integran un representante de cada uno de los diez grupos parlamentarios, entre los que se encuentran tres de los parlamentarios con más patrimonio de todo el hemiciclo.
Tejerina prevé dejar su escaño
En concreto, el PP ha adscrito a esta comisión a la exministra de Agricultura Isabel García Tejerina, quien en todo caso prevé dejar su escaño en el Congreso una vez que le autoricen la compatibilidad para ejercer la actividad privada tras su paso por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Tejerina declaró en 2018 haber percibido unos 20.000 euros del Ministerio de Agricultura y otros 20.000 abonados por el PP, más otros 120.000 euros por dividendos de acciones, rentas de una planta fotovoltaica y una explotación agraria.
Además, Tejerina, que pagó 65.000 euros por IRPF en el último ejercicio fiscal, contrató un préstamo hipotecario de 900.000 euros en mayo que aún debe, así como otro personal del que adeuda 140.000. Posee parte de varias viviendas en Palencia y Valladolid y participaciones en un par de sociedades con pisos y locales. En depósitos y cuentas suma 435.000 euros, más 81.000 euros en un plan de pensiones.
De su lado, Ciudadanos ha situado en ese órgano al que fuera vicepresidente global de Coca Cola. Tras las elecciones generales del pasado 10 de noviembre, el diputado por Madrid declaró haber ingresado en 2018 más de 5,6 millones de euros, pero únicamente pagó 12.125 euros en impuestos en España por no ser residente fiscal.
Por su parte, Alonso-Cuevillas, diputado de Junts y uno de los letrados de Puigdemont, incluyó ingresos profesionales superiores a los 830.000 euros anuales en la declaración de bienes y rentas que presentó al Congreso tras las elecciones del 10 de noviembre. En su caso, lo declarado supone cuatro veces más de los 190.000 euros que declaró seis meses antes, justo después de los comicios del 28 de abril.
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